La disputa de fondo

A cincuenta años del último golpe cívico, eclesiástico y militar, nos encontramos, tristemente, con el regreso de sus mismas políticas económicas, sociales y culturales. Y esto no es casual. Es así porque la política argentina —y la de todos los países— nada tiene que ver con una mera puja doméstica de partidos o colores, sino con la disputa entre dos modelos de país. Una disputa que, a su vez, está atravesada por conflictos políticos de orden regional y mundial. “En definitiva, la verdadera política es la política internacional”, decía el General Perón.

No se trata simplemente de gobiernos que se alternan, de políticos corruptos u honestos, ni de errores de gestión o aciertos aislados. Lo que está en juego, una y otra vez, es mucho más profundo. Es la disputa entre dos modelos de país.

 

Dos modelos en pugna

De un lado, un proyecto que busca organizar la economía en función de los intereses nacionales, con un Estado activo, una industria desarrollada, salarios que permitan sostener el consumo interno y una sociedad integrada a partir del trabajo. Un modelo que, con distintas formas y en distintas épocas, puso en el centro la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y, por sobre todo, al ser humano como eje del ordenamiento jurídico, institucional y económico, por encima del capital.

Del otro lado, un proyecto que responde a intereses extranjeros, articulado con sectores locales concentrados. Su objetivo no es el desarrollo del país, sino su subordinación. Una economía orientada a la valorización financiera y a la extracción de nuestros recursos naturales, sostenida en el endeudamiento, la destrucción de la industria nacional y del mercado interno, la exclusión social y la flexibilización de los derechos laborales. Ese modelo no puede imponerse sin el engaño y/o la violencia, ni puede desarrollarse sin el disciplinamiento de la clase trabajadora, que es el componente mayoritario de la sociedad.

 

Desarticular la sociedad para someterla

Para apropiarse de los recursos de una nación primero hay que desarticularla. Cuando los individuos están fragmentados, precarizados o enfrentados entre sí, la sociedad pierde capacidad de defender sus intereses colectivos y la soberanía se vuelve una ilusión. Esto se logró históricamente por dos vías: la guerra directa o la injerencia indirecta a través de la política y la economía.

En una sociedad como la nuestra, donde la mayoría son trabajadores que venden su fuerza de trabajo, desarticularla implica necesariamente afectar el empleo, los salarios y los derechos laborales. No es casual, entonces, que cada vez que se intentó imponer este modelo hayan aparecido reformas laborales regresivas, destrucción del empleo y deterioro salarial.

 

El prolegómeno de 1955

En nuestro país, ese proceso tiene una fecha inicial: 1955. Hasta entonces, la Argentina había alcanzado uno de los niveles más altos de desarrollo, industrialización y distribución del ingreso de su historia. La Constitución de 1949 había consagrado derechos sociales y laborales, los salarios eran de los más altos de la región y el mercado interno funcionaba como motor de la economía. El Estado intervenía activamente, regulaba el comercio exterior y protegía la producción nacional. El andamiaje legal subordinaba al capital, imponiéndole los límites del bien común.

Aquel modelo no fracasó, fue interrumpido por la fuerza.

La dictadura que derrocó a Perón no solo persiguió y fusiló a sus seguidores, sino que desmontó las bases jurídicas y económicas de ese proyecto. A través de la censura, la propaganda y la destrucción de símbolos, también buscó transformar culturalmente a la sociedad, incluso desde la educación. Se persiguieron docentes y cátedras vinculadas al pensamiento nacional, dando lugar a la penetración ideológica de usinas extranjeras en el sistema universitario.

 

Primera gran reforma laboral regresiva

La primera gran reforma laboral regresiva fue la derogación de la Constitución del 49. No fue un gesto simbólico: implicó eliminar un esquema de derechos y una forma de organización social cuyo eje era el trabajo y la producción, con centralidad en el ser humano por sobre el capital.

Ese mismo año, la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, estructuras de la ingeniería colonial de Estados Unidos. Se inició así un ciclo de endeudamiento y condicionamiento que se repetiría en las décadas siguientes.

 

1976: disciplinar el trabajo

Pero sería en 1976 cuando ese modelo alcanzaría su forma más brutal y profunda. El golpe no fue solo un cambio de régimen, sino un proyecto integral de reorganización social orientado a subordinar el trabajo al capital.

A través de la ley de facto 21.297 de 1976 se cercenó la ley 20.744 de contrato de trabajo, eliminando más de veinte artículos y modificando, en perjuicio del trabajador, más de noventa. No se trató de ajustes técnicos, sino de una reconfiguración profunda de la relación entre capital y trabajo.

Esa reforma se dio en el marco del terrorismo de Estado, la intervención sindical, la persecución de delegados y la desaparición de miles de trabajadores. La represión y la reforma legal fueron dos caras de un mismo proceso: disciplinar a la clase trabajadora, destruir nuestro sistema productivo, para que nuestro país no pueda competir con las potencias de la región y extraer nuestros recursos naturales para abastecer los sistemas productivos de las potencias extranjeras.

A esto se sumó una política económica que generó desempleo, caída del salario real y destrucción del aparato productivo. El desempleo no fue una consecuencia, fue una herramienta central de control social.

 

Las reformas laborales de los 90

Ese esquema no terminó con la dictadura. En los años noventa, ya en democracia, se profundizó mediante nuevas reformas laborales que retomaron y consolidaron esa lógica.

La Ley 24.013 de 1991 introdujo mecanismos de flexibilización bajo el argumento de promover el empleo, habilitando formas de contratación más precarias y debilitando la estabilidad laboral. Luego, la Ley 24.465 profundizó ese camino, ampliando modalidades contractuales flexibles y consolidando un mercado de trabajo más fragmentado.

Lejos de generar empleo genuino, estas reformas consolidaron un esquema de precarización, aumento del desempleo y deterioro salarial. Es decir, continuaron el disciplinamiento de la clase trabajadora iniciado en 1976, pero ahora bajo formas “democráticas”.

 

La continuidad en la Alianza

Ese mismo camino fue continuado por la Alianza con la Ley 25.250, conocida como “Ley Banelco”, que avanzó en la flexibilización laboral, debilitó aún más la negociación colectiva y redujo derechos de los trabajadores bajo el argumento de mejorar la competitividad.

El resultado fue el mismo: mayor precarización, debilitamiento sindical y caída del salario que derivó en la crisis del 2001

 

La recuperación del modelo nacional basado en el trabajo

Luego de la crisis del 2001, se abrió en la Argentina una etapa de reconstrucción que retomó, con nuevas formas, algunos de los principios del modelo basado en el trabajo, la producción y el mercado interno.

Durante ese período se impulsaron políticas orientadas a la recuperación del salario real, la reactivación de la negociación colectiva, la expansión del empleo y la recomposición del tejido productivo. El Estado volvió a asumir un rol activo en la economía, promoviendo la industria nacional, regulando sectores estratégicos y priorizando el consumo interno como motor del crecimiento.

En el plano normativo, uno de los hitos centrales fue la sanción de la Ley 25.877 en 2004, que derogó la denominada “Ley Banelco” (Ley 25.250), recuperando derechos laborales, fortaleciendo la negociación colectiva y restableciendo principios protectores del derecho del trabajo que habían sido debilitados durante la década anterior.

Asimismo, se avanzó en políticas de desendeudamiento que permitieron reducir la dependencia de los organismos internacionales de crédito, recuperando márgenes de soberanía en la toma de decisiones económicas.

Este proceso no fue derrotado por sus propias limitaciones ni agotado por una dinámica interna, sino que fue interrumpido.

A diferencia de 1976, donde la imposición del modelo de subordinación se realizó mediante un golpe de Estado articulado con sectores de las Fuerzas Armadas en el marco del Plan Cóndor y la injerencia de potencias extranjeras, en esta etapa la interrupción se produjo a través de nuevas formas de intervención.

Se trató de un golpe blando, instrumentado mediante técnicas de lawfare, basado en la articulación entre servicios de inteligencia, medios de comunicación concentrados y sectores del poder judicial cooptados, que operaron coordinadamente para condicionar, desgastar y desplazar al proyecto político que había reorientado la economía en función del trabajo y la producción.

Este mecanismo, que ha sido caracterizado como una nueva fase de injerencia regional - -un nuevo Plan Cóndor sin intervención militar directa-, permitió reinstalar, una vez más, el modelo de subordinación del trabajo al capital.

Aun así, este período demuestra que la disputa entre modelos no es una abstracción teórica, sino una realidad concreta de nuestra historia reciente, en la que el trabajo y la producción volvieron, aunque de manera parcial, a ocupar un lugar central.

 

Las reformas actuales

La línea de continuidad llega hasta el presente. Las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, a través del DNU 70/2023 y las leyes 27.742 y 27.802, retoman esa misma lógica histórica.

Bajo el discurso de la libertad y la desregulación, se avanza nuevamente sobre el derecho del trabajo: ampliación de períodos de prueba, reducción de indemnizaciones, promoción de fondos de cese laboral, flexibilización de las formas de contratación y debilitamiento de las herramientas de acción colectiva.

Todo esto ocurre en un contexto de fuerte deterioro del salario real y aumento del desempleo.

 

El mismo mecanismo, el mismo objetivo

Como en 1976, como en los 90, el objetivo no es el desarrollo del trabajo, sino su subordinación. Porque una sociedad con empleo precario, salarios bajos y derechos debilitados es una sociedad disciplinada. Y una nación con una sociedad disciplinada puede ser fácilmente despojada de sus riquezas.

La fórmula se repite: destrucción de la industria, reformas laborales regresivas, desempleo y caída del salario como mecanismos de control social. No se trata de medidas aisladas, sino de un programa coherente que, desde 1976 hasta hoy, buscareorganizar la economía subordinando el trabajo al capital. Para así subordinar nuestra nación a los intereses de minorías autóctonas y potencias extranjeras.