Manuel Adorni, en su rol de vocero presidencial y luego como jefe de gabinete de ministros, aseguró que el gobierno nacional estaba en negociaciones avanzadas para adquirir los derechos de transmisión de la competencia. El objetivo, decía, era garantizar que toda la sociedad pudiera seguir los partidos de la selección campeona del mundo sin costo adicional y sin depender de plataformas privadas.

"Estamos trabajando para que el Mundial sea gratuito para todos los argentinos", afirmó Adorni en una de sus conferencias de prensa, en un tono que sugería un acuerdo inminente y ventajoso para el Estado. En ningún momento mencionó que la compra implicaría condiciones restrictivas o que se perdería el control sobre la señal. Por el contrario, prometió transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, una vez que Adorni dejó de ser vocero y se conoció el contrato definitivo, la foto cambió por completo. El gobierno nacional, a través de la TV Pública, cerró la compra de un paquete limitado de partidos por 4 millones de dólares. Pero los detalles del acuerdo revelan una operación muy diferente a la que se había comunicado inicialmente.

Cabe recordar que el propio Adorni está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py. Investigación que incluye un departamento en Caballito (CABA), una casa en un barrio privado en Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires), una serie de viajes y hospedajes en hoteles de lujo.

Lo prometido vs. lo cerrado

Adorni había planteado una negociación que permitiría al Estado argentino tener control editorial y comercial sobre la transmisión. En cambio, lo que se firmó es un contrato en el que la TV Pública actuará como una mera repetidora de la señal de DirecTV. Esto implica que el canal estatal no podrá producir su propia transmisión: no habrá relatores, movileros, análisis en el estudio ni cobertura propia desde las sedes. Simplemente se emitirá lo que decida la señal privada.

Pero la concesión más grave, y que ningún funcionario anticipó, es la prohibición expresa de vender publicidad durante los partidos y los entretiempos. Ese espacio comercial quedará en manos de DirecTV, que podrá facturar sin límites en los momentos de mayor audiencia del país. El Estado, que pagó 4 millones de dólares en efectivo –contradiciendo la promesa de que no se usarían impuestos–, no recuperará un solo centavo por esa vía.

Consecuencias de un acuerdo desfavorable

Las consecuencias de este cierre son múltiples y preocupantes. En primer lugar, se pierde la oportunidad histórica de que la TV Pública genere ingresos publicitarios con un evento de alcance global. Durante un Mundial, los cortes comerciales en los partidos de Argentina se cotizan como oro. Al ceder ese derecho, el Estado no solo no factura, sino que además financia indirectamente a un gigante del cable.

En segundo lugar, se renuncia a la producción nacional. La TV Pública tiene profesionales y estructura para realizar una transmisión de calidad, con identidad argentina. Al convertirse en repetidora, se subcontrata a una empresa privada, limitando la soberanía comunicacional.

En tercer lugar, el acuerdo sienta un mal precedente para futuras negociaciones deportivas. Si el Estado acepta pagar millones por derechos, pero sin poder explotarlos comercialmente, otros titulares de eventos (como la FIFA o las ligas) replicarán condiciones similares. La excepción, eso sí, es que la señal será abierta y gratuita para la población, algo que se logra a costa de todas las demás ventajas.

Finalmente, está el costo político. Lo que Adorni presentó como una gestión exitosa se convirtió en un contrato que muchos especialistas califican de lesivo. El gobierno nacional compró el Mundial 2026, pero a un precio que va más allá de los 4 millones de dólares: entregó la producción, la publicidad y el control de la señal a un privado.

La promesa de Adorni de una transmisión gratuita y digna se cumplió solo a medias. Los argentinos verán los partidos, sí, pero a través de una ventana que le pertenece a DirecTV.

El Estado pagó el boleto, pero el privado se sienta en el palco comercial. Una lección para futuras negociaciones: no basta con comprar derechos, hay que saber negociarlos.