La semana pasada en nuestra nota hablábamos; bajo el título “mentiras, corrupción y seguridad interior”; de cierto proyecto que está ingresado a Diputados, que desea mostrar el “patrioterismo” surgido del humo de la causa Malvinas. El “indigente cognitivo”, trató de capitalizar, tras la humareda, revertir su ínfima credibilidad y consenso político, por las irredentas Islas (que nunca tomó en cuenta, e incluso se puso del lado de los kelpers), y que prontamente fuera minimizada la bravata del payaso, por los imperios yanqui-anglosajón.

Hablamos también de un proyecto; “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”; y decíamos que contenía un Caballo de Troya, con solo el primer capítulo destinado al castigo y multas de las empresas que operan ilegalmente en Malvinas. Los siete restantes capítulos, están dedicados a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que ingresaría al Código Penal, el delito, difuso, de “desinformación”. Además, eliminaría el límite entre Defensa y Seguridad Interior, y lo más grave, otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo y a la SIDE.

Sigue flotando el tufillo autocrático, que desea imponer el desgobierno libertario

Leemos en La Nación, que un experto constitucionalista detalló que, la redacción legislativa vulneraría los artículos 14, 18, 32 y 76 de la Constitución Nacional. Está en juego la libertad de expresión, al incorporar el artículo 225 bis al Código Penal. El mismo castiga con 5 a 12 años de cárcel a quien, financiado por entidades foráneas, “procure manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. El odio hacia las basuras humanas del periodismo, lo podría canalizar el Presidente, a través de este artículo.

A la Impunidad de la InJusticia Nacional de los cortesanos, se sumaría una Justicia paralela bajo secreto de Estado. A través del Consejo de Seguridad Nacional (CSN); el cual es presidido por el Presidente, e integrado exclusivamente por la SIDE, y no cuenta con control parlamentario ni judicial; se podrían imponer medidas cautelares previas. Por caso, bloqueo de cuentas bancarias, cepo cambiario y suspensión de contrataciones. Lograría operar como “juez y parte”, amparado por un oscuro régimen regido por el secreto de inteligencia

Lograría la Inscripción de “terrorista” sin causa judicial previa, ya que el Título VII eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), permitiendo ser catalogados bajo “sospecha razonable” de terrorismo. Así, podría inmovilizar patrimonios sin imputación, ni procesamiento o condena judicial. Se eliminaría la presunción de inocencia, art. 18 de la CN., que “garantiza que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, la inviolabilidad del domicilio y correspondencia”.

Lo más grave, y algo que los grupos oligárquicos aliados con la extrema derecha, vienen buscando desde el retorno de la democracia, hace más de cuarenta años, es la Ruptura del consenso de Defensa.

El Título V derogaría el límite histórico, fijado tras la dictadura cívico-militar, que impedía el uso de Fuerzas Armadas en seguridad interior. Se advierte que, el proyecto, no puede utilizar la Causa Malvinas como excusa para validar la suma del poder público, cercenar libertades democráticas y militarizar la seguridad interior.

Impacto que podría tener esta concentración del poder público

Nos encontramos con una excelente nota de Susana Lara que sintetizaría cómo se podría mal utilizar las Leyes de baja de edad de imputabilidad, y la utilización del nuevo Consejo de Seguridad, y sus aprovechamientos en situaciones desgraciadas y fuera de control.

La nota narra que, en la provincia de la Pampa, un adolescente de 15 años quedó involucrado en investigación penal por “presunto terrorismo”, al figurar una relación online con otro joven de 17 años, de Australia.

La historia se inicia a fines de 2025, y la nota cita que, al menos en una ocasión, los jóvenes mantuvieron una comunicación de varias horas. La policía australiana la detectó en el marco de una investigación por riesgos de violencia en establecimientos educativos, y monitoreaba la planificación de un ataque con armas de fuego.

La alerta internacional fue rápida, emitiendo una alerta a Buenos Aires, que se recibió en marzo del año 2026.

La Procuración Nacional derivó el caso a Iara Silvestre, fiscala federal con asiento en la capital pampeana, quien se comunicó con Horacio di Nápoli, responsable de la cartera de Seguridad y Justicia, de la misma provincia, quien personalmente llamó a su par de Educación para localizar al adolescente que transitaba una situación de alto riesgo potencial, cuyos alcances desconocían hasta ese momento.

La Justicia federal no cuenta con equipos profesionales en las provincias, por lo cual la fiscala y sus superiores acordaron recurrir a la infraestructura y personal del Estado pampeano para abordar el conflicto social que encerraba el legajo penal. Permitieron asistir a tiempo al adolescente y a su familia, de acuerdo con la consulta realizada a funcionarios públicos que intervienen en el caso, sin ningún antecedente en la provincia.

El legajo penal federal está próximo a cerrarse, desvinculando totalmente al joven pampeano, para lo que se esperan resultados de pericias en curso. No se determinó ninguna planificación de ataque local, no se encontraron armas ni vinculación alguna con organización terrorista. Proseguirá por un tiempo más, el acompañamiento profesional determinado por el comité de crisis creado por el Ministerio de Seguridad.

En definitiva, se logró preservar la integridad civil del joven, se actuó diligentemente, y aun careciendo de instituciones profesionales específicas, se logró, sin shows mediáticos, ni intervenciones “proselitistas” de nadie, ni oscuras manipulaciones de inteligencia que desvirtuarían el caso, y la vida del joven, haciéndolo asumir un calvario que terminaría en un infierno, hasta que fuera desechado tras perder “utilidad” política.

CONCLUSIONES

Seguimos muy mal, económicamente en caída total, con crecientes índices de indigencia y pobreza (1,5millones de personas más), cada vez mayor corrupción y creciente impunidad, la cuál de aprobarse el Consejo de Seguridad, derivará en un incremento del descarte social, agravado por la increíble incapacidad, con insostenibles mentiras sobre la situación, y delirios místicos que derivan del Presidente anti-argentino.

Seguimos ratificando que, estamos solos, que solo la movilización popular en la calle podrá ir desvirtuando las atrocidades del plan colonial implementado, como pudimos ver el pasado miércoles con la Marcha de la Bronca que nos movilizó a muchos en todo el país. No hay otra salida, para despertar dirigencia, movilizar voluntades y apremiar a las instituciones democráticas a la búsqueda de mejoras en la sociedad.