En medio de un contexto de estancamiento económico, desmonetización y crisis de deuda, el gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso dos iniciativas legislativas que, lejos de ser instrumentos aislados, conforman las dos caras de un mismo programa económico: miseria planificada para las mayorías e impunidad garantizada para los grandes capitales.

Dos informes especializados —uno del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) sobre el proyecto de “Inocencia Fiscal”, y otro del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA sobre el Presupuesto 2026— exponen con crudeza los mecanismos mediante los cuales se consolida un Estado mínimo para la protección social y un Estado complaciente con la evasión y la fuga de capitales.

Presupuesto 2026: la consolidación del “Estado mínimo” y el ajuste como política de Estado

El informe de CIFRA no deja lugar a dudas: el Proyecto de Presupuesto 2026 “pretende consolidar el brutal ajuste desplegado durante 2024 y sostenido en 2025”. En comparación con 2023, el gasto total de la Administración Pública Nacional caería un 24,2% en términos reales, con desmantelamiento de funciones esenciales:

“Gran parte de las funciones elementales de la política pública registran caídas aún mayores (Educación 45,3%, Vivienda y Urbanismo 98,1%, Agua Potable y Alcantarillado 86,5%, Promoción y Asistencia Social 71,5%). El resultado es un Estado progresivamente desfinanciado y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos elementales.”

Detrás de la meta de superávit fiscal —que obliga a este ajuste— se esconde, según el informe, una omisión calculada: no se contabilizan los intereses de la deuda que se capitalizan, lo que maquilla el déficit real. A ello se suman las rebajas impositivas a sectores de altos ingresos, que profundizan la caída de la recaudación.

El informe detalla el desfinanciamiento estratégico: “El presupuesto del sector educativo ($6,3 billones) presenta una disminución real del 45,3% con respecto a lo ejecutado en 2023”, con eliminación de programas clave como Conectar Igualdad, FONID y becas estudiantiles. Mientras tanto, áreas como el Ministerio de Desregulación (a cargo de Sturzenegger) aumentan sus gastos en personal en un 45,7% real.

“Inocencia Fiscal”: desarme del control tributario e impunidad para grandes evasores

Frente a este Estado que se retira de sus obligaciones sociales, el proyecto de “Inocencia Fiscal” —ya con media sanción en Diputados— construye un Estado permisivo y desregulador para los grandes capitales. Según el informe del IPyPP, la ley no es un blanqueo transitorio, sino un “régimen de regularización de activos de carácter permanente” que busca “facilitar el ingreso de fondos en Argentina bajo condiciones amplias, reduciendo al mínimo los filtros y exigencias sobre su procedencia”.

El núcleo de la reforma es el desmantelamiento del régimen penal tributario. El informe detalla:

“El cuadro sistematiza el núcleo operativo de la reforma en materia penal tributaria: la elevación generalizada de las condiciones objetivas de punibilidad (umbrales monetarios) para las principales figuras del Régimen Penal Tributario.”

Los umbrales para configurar delitos se elevan exponencialmente: en algunos casos más de 60 o 100 veces. Por ejemplo, la evasión simple pasaría de $1.500.000 a $100.000.000 para ser considerada delito. Esto implica que “conductas que hoy pueden abrir una causa penal por los montos involucrados, con la reforma tenderían a tramitar primero (o únicamente) por la vía administrativa”.

Además, el proyecto crea “vías de escape”: extinción de la acción penal pagando deuda + intereses + 50% en 30 días, y amplía los supuestos en que el organismo recaudador “no debe denunciar”. En paralelo, redefine la “discrepancia significativa” —gatillo para una auditoría intensiva— con umbrales tan altos que, según el informe, “pueden dejar afuera desvíos relevantes pero graduales”, beneficiando a contribuyentes de gran escala que pueden fragmentar sus desvíos.

El programa único de un Estado colonial

Estos dos informes técnicos, leídos en conjunto, exponen la arquitectura de un proyecto político-económico coherente y brutal:

• Por un lado, un Presupuesto que reduce el Estado a su expresión mínima en educación, salud, vivienda e infraestructura, transferiendo recursos desde los sectores populares y productivos hacia el pago de deuda y la desregulación.
• Por otro, una reforma tributaria que desarma la capacidad de control del Estado sobre los grandes evasores y fugadores de capitales, institucionalizando la impunidad a través de umbrales penales altísimos y mecanismos de regularización permanentes.

Mientras se privatiza la miseria a través del ajuste, se socializa la impunidad a través de la inocencia fiscal. El mensaje es claro: el Estado no está para garantizar derechos, sino para garantizar que la acumulación de riqueza —aun cuando sea evadida o fugada— no encuentre obstáculos.

Como señala el IPyPP, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en los Pandora Papers. En lugar de combatir esta evasión estructural, el proyecto de “Inocencia Fiscal” la blanquea y la perpetúa, en un contexto donde la evasión en IVA y Ganancias ronda el 50% según el ETFE.

Esta doble ofensiva legislativa no es un error ni una contradicción: es la expresión programática de un gobierno que gobierna para los intereses financieros y especulativos, subordinando la economía nacional a la lógica del capital transnacional y la deuda externa. El ajuste sobre el pueblo y la impunidad para los evasores son las dos caras de una misma moneda: la de un proyecto de país colonial, donde la riqueza se concentra y la pobreza se planifica.