En la Ciudad de Mar del Plata se presentaron dos ofertas en la licitación de Playa Acevedo con el objetivo de colocar hasta 300 unidades de sombra y servicios de gastronomía (cafetería y confitería), locales comerciales, actividades deportivas y recreativas, y nocturnidad.

Una es la del Club Once Unidos y otra, la de Macedonia S.R.L. El objetivo del Municipio es que la propuesta promueva “la articulación entre la ciudad y el corredor norte” con diversos servicios. Contempla una concesión por 20 años, con opción a cinco años de prórroga.

El Club Once Unidos, que no había podido presentarse el año pasado (luego la licitación se suspendió con el argumento de “revisar cuestiones topográficas” del pliego), propuso un monto de obra de $6.312 millones y un canon anual de $180 millones. El proyecto apunta a “transformar casi 900 metros de costa en el barrio, devolviéndole a la ciudad un frente marítimo pensado para disfrutar los 12 meses del año”. Por su parte, Macedonia S.R.L. propuso ejecutar obras por $2.450 millones y abonar un canon de $50 millones por año: tres veces menos que lo ofrecido por un club de barrio.

La compulsa ya tuvo varias idas y vueltas. El primer intento por adjudicar la unidad turística fiscal fue en octubre del año pasado, pero en las cláusulas particulares del pliego licitatorio se impedía la participación de asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que motivó un reclamo judicial de Once Unidos para que las instituciones deportivas pudieran competir en igualdad de condiciones.

En mayo de este año, la comuna realizó una nueva convocatoria que permitió la participación de “personas humanas y personas jurídicas legalmente constituidas”, lo que avaló la posibilidad de que Once Unidos se presentara.

En breve, el Municipio deberá expedirse en la resolución de la licitación. Quedará demostrado, entonces, que una institución deportiva posee capacidad productiva y de gestión para llevar adelante un emprendimiento con mayor solvencia que una empresa privada.

Podes leer también: El alma de los clubes contra el negocio privado

El Club Deportivo Español cambió de conducción en marzo y decidió hacer una auditoría, ya que solo recibieron un manojo de llaves. Ni libros contables, ni registro de socios, ni padrón, ni documentación institucional básica.

El primer hallazgo fue un contrato firmado en 2022, vigente hasta 2036. Ese contrato, que abarca dos canchas de césped sintético —una de ocho y otra de once—, fue firmado por Uriel Vileta junto a otros cuatro socios durante la etapa en que Generación Zoe gerenciaba el club. El canon era de apenas un millón de pesos anuales, sin actualización.

Este acuerdo carece de validez estatutaria porque excede el mandato de tres años de una comisión directiva. El artículo 45 del estatuto exige que sea aprobado por una asamblea de asociados, la que nunca se realizó. Los pagos correspondientes a los años 2026, 2027 y 2028 se hicieron tres días antes de asumir la nueva comisión directiva. No ingresaron a las arcas del club y no existe trazabilidad de esos pagos.

Al asumir, encontraron deudas con jugadores y contratos impagos. El club tampoco podía usar normalmente las canchas: hasta las divisiones inferiores debían pedir autorización para entrenar en un predio propio. El buffet “Bodegón Español” está subconcesionado sin permiso de obra y clausurado por multas del Gobierno de la Ciudad. La comisión promete exponer la auditoría en la asamblea de fin de año.

La nueva dirigencia inició acciones para recuperar el control de los activos y analiza presentar denuncias contra todos los que participaron del negocio.

Los oportunistas

Caruso Lombardi no es solo un técnico polémico. Es un operador del círculo rojo que milita a favor de las sociedades anónimas y en contra de la AFA. En 2021 asumió como mánager del club Deportivo Español, gerenciado por Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe.

El convenio era un botín: cinco millones de pesos cada tres meses, cien mil dólares si había ascenso y un negocio con los pases. Uno se quedaba con el 40% de los activos de los jugadores de Primera, y Caruso, con el 20% del resto. Negociaban con los pibes.

Leonardo Cositorto era el CEO de Generación Zoe, una firma que prometía retornos del 7,5% mensual en dólares y terminó condenada como asociación ilícita. La justicia de Corrientes lo condenó por estafa y jefatura de una organización criminal que captó ahorros con mecanismos piramidales. El fútbol fue su vidriera perfecta para lavar su imagen y captar incautos.

Su proyecto era faraónico: un “City Group” con el que llegó a patrocinar once clubes, desde ligas regionales hasta Deportivo Español. El club hasta pagaba bonos a los jugadores con esa moneda digital.

Los juicios lo persiguieron por todo el país. En febrero de 2025, el Tribunal de Goya lo condenó a 12 años por 98 estafas en Corrientes. En julio, la justicia de Salta le sumó 11 años por 118 estafas. En Córdoba, la causa pasó al fuero federal y sigue abierta. Hoy está preso en Bouwer.

Ese vínculo fue el engranaje que aceitó la alianza con Caruso Lombardi. Juntos armaron el plantel, firmaron contratos y gerenciaron el Club Español. Cuando la estafa piramidal estalló, Cositorto ya estaba preso. Ahora la nueva comisión directiva demanda a Zoe, a sus cuatro socios y a Caruso por usurpación, estafa y asociación ilícita.

Los casos de Deportivo Español y Once Unidos no son idénticos, pero se iluminan entre sí. En uno, una comisión denuncia a quienes gerenciaron el club como un botín; en el otro, un club pelea por recuperar lo que una empresa privada le disputa. La pregunta de fondo no es solo quién administra, sino para qué y para quién. Porque un dirigente deportivo construye institución; un oportunista extrae, y una empresa que solo busca ganancia puede hacer lo mismo con otro ropaje.

¿Cuántos clubes más tienen que ser vaciados o disputados para que entendamos que defender los clubes de barrio y todo lo construido también es defender producción nacional?