Entre los siglos XV y XVIII, Europa occidental atravesó un lento proceso de secularización que redujo el papel de la religión como principio ordenador de la vida pública y de las relaciones sociales. Paralelamente, comenzaron a consolidarse los Estados y las identidades nacionales en una forma que anticipa la concepción moderna de nación. El sionismo se inscribe en ese proceso y remonta sus orígenes a fines del siglo XIX entre sectores de las capas judías acomodadas que aspiraban a integrarse plenamente en las élites europeas.

El historiador rumano Elie Barnavi sostiene que “el sionismo fue una invención de intelectuales o de asimilados, el partido de la inteligencia, que dio la espalda a los rabinos y aspiró a la modernidad, y que busca desesperadamente un remedio a su malestar”. Aun así, ese proyecto de asimilación no logró borrar el estigma de origen: para buena parte de las élites europeas seguían siendo demasiado judíos, mientras que para quienes mantenían su identidad anclada en la Torá y las tradiciones eran, precisamente, demasiado poco judíos.

Como toda ideología surgida en el marco de la sociedad capitalista, el sionismo encuentra su sustento en una base material y en una estructura de clase que explican su desarrollo como fenómeno político e ideológico. Abraham León, trotskista polaco que en su juventud integró la organización sionista Hashomer Hatzair (Guardia de la Juventud), sostiene que “en realidad, la ideología sionista, como toda ideología, no es más que el reflejo desfigurado de los intereses de una clase. Es la ideología de la pequeña burguesía judía, asfixiada entre el feudalismo en ruinas y el capitalismo en decadencia”.

En la misma línea, el militante peronista Rodolfo Walsh, quien retoma el trabajo de Abraham León en sus entrevistas reunidas bajo el título La Revolución Palestina, afirma que “aquellos judíos europeos perseguidos que descubrieron en el capitalismo la verdadera causa de sus males se integraron en los movimientos revolucionarios de sus países. El sionismo, evidentemente, no lo hizo y se configuró como la ideología de la pequeña burguesía, alentada, sin embargo, por banqueros que —como los Rothschild— veían venir la ola y querían que sus hermanos se fueran lo más lejos posible”. 

Yakov Rabkin, profesor de la Université de Montréal, sostiene que el sionismo en la actualidad sigue operando bajo los parámetros que le dieron origen al tratando de concretar cuatro objetivos principales: transformar la identidad transnacional judía, articulada en torno a la Torá, en una identidad nacional semejante a las surgidas en Europa; desarrollar una lengua nacional basada en el hebreo bíblico y rabínico; promover el traslado de las comunidades judías desde sus países de origen hacia Palestina; y establecer allí un control político y económico.

De los estudios de los autores mencionados, a los que pueden sumarse los trabajos de Lenni Brenner (Sionismo y Fascismo), Shlomo Sand (La invención del pueblo judío), e Ilan Pappé (Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina), se desprende el carácter reaccionario e imperialista del sionismo, como etapa final del proceso de conformación de las identidades nacionales occidentales, con la particularidad de que su realización implica proyectarse fuera de Europa e instalarse sobre un territorio previamente habitado por poblaciones autóctonas palestinas.

Vale aclarar que sin el respaldo explícito del Imperio Británico entre fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, y posteriormente de los Estados Unidos desde la década de 1950, la consolidación del Estado de Israel no habría sido posible. En ese sentido, el Estado sionista de Israel puede entenderse como la principal avanzada geopolítica de Occidente —en particular del mundo anglosajón— sobre Asia Occidental, aun al costo de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino ante la mirada de la comunidad internacional.

En marzo de este año, durante una exposición en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Javier Milei se definió públicamente como "el Presidente más sionista del mundo", reafirmando sin ponerse colorado su subordinación política con Estados Unidos e Israel.

En ese contexto, es sumamente peligrosa la propuesta de modificar la Ley de Tierras Rurales 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras por parte de personas y sociedades extranjeras. Actualmente, más de 13 millones de hectáreas rurales pertenecen a titulares extranjeros, lo que representa aproximadamente el 5% de la superficie rural del país. Estas tierras se encuentran concentradas en distintas regiones, incluidas áreas de frontera, zonas próximas al río Paraná, regiones con potencial minero, territorios con importantes recursos hídricos y extensas superficies de bosques nativos.

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, como principales impulsores de la reforma, desean:

• Eliminar el límite del 15% para la adquisición de tierras rurales por extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal.
• Suprimir el tope de 1.000 hectáreas para adquisiciones individuales en zonas de alto valor productivo.
• Eliminar las restricciones para la compra de tierras ubicadas en zonas de frontera o próximas a cursos de agua permanentes.
• Modificar la definición de titularidad extranjera para ampliar las posibilidades de adquisición por parte de personas físicas y sociedades con capital internacional.
• Disolver el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado de coordinar las políticas entre la Nación y las provincias.

En una Argentina que todavía soporta el control británico sobre casi una tercera parte de su territorio; donde el río Paraná, arteria vital de la Nación, continúa sometido a un esquema de administración privada que condiciona el ejercicio pleno de la soberanía; donde el comercio exterior sigue atravesado por mecanismos que limitan el control estatal sobre los puertos, la estiba y la fiscalización de las cargas, promover una reforma de estas características constituye un nuevo avance en el proceso de desnacionalización que nos empuja a la disgregación del país. No se trata simplemente de una modificación legal, es la renuncia deliberada al control sobre el territorio y la sustitución del interés nacional por la lógica del capital extranjero.

Y todo esto ocurre en un escenario marcado por la escasa capacidad de movilización de las centrales sindicales; la reducida capilaridad territorial de las organizaciones sociales; el retroceso de la iglesia católica frente al evangelismo sionista; una izquierda autolimitada a la institucionalidad liberal; un peronismo onanista que ya no actúa en clave de liberación nacional; un reducido empresariado con mentalidad rentística y unas fuerzas armadas melancólicas cooptadas por la extranjería anglófila.

Sin una Revolución Nacional que recupere el territorio, defienda nuestra cultura y ponga el aparato productivo bajo las necesidades materiales y de felicidad del pueblo, la Argentina no tiene destino. Yanquis, británicos y sionistas son el enemigo a vencer.

Foto: Natacha Pisarenko