El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que el gobierno de Javier Milei intentó hacer avanzar en el Senado la semana pasada no es una simple reforma técnica. Es, según el Cuarto Informe del Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA), un “nuevo estatuto legal del coloniaje” que busca reconfigurar la relación entre el Estado, el territorio y los bienes comunes. Sus autores, Pablo Volkind, Matías Oberlin y Julieta Caggiano, advierten que la iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, “marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial”.

Un cambio de paradigma: la propiedad como derecho absoluto

El informe sostiene que el proyecto no se limita a ajustar la Ley de Tierras N° 26.737, sino que introduce un cambio de paradigma en la concepción de la propiedad. Mientras la normativa vigente concibe la tierra como un bien cuyo acceso y control deben ser regulados en función del interés general, la nueva iniciativa busca “blindar el derecho de propiedad como un derecho prácticamente absoluto, por encima de restricciones sociales, ambientales y colectivas”.

Este enfoque, alertan los investigadores, supone “un desplazamiento respecto de una tradición jurídica que, en distintos momentos históricos, reconoció que el derecho de propiedad no es ilimitado, sino que se encuentra condicionado por el interés general”. En esa tensión se inscriben los derechos sociales y ambientales, así como el principio de progresividad, que obliga al Estado no solo a garantizar derechos individuales, sino también a avanzar —sin retrocesos— en la protección de intereses colectivos.

En este marco, la orientación del proyecto implica una redefinición regresiva del equilibrio entre derechos individuales y bienes comunes. “En la medida en que tiende a reducir los márgenes de intervención estatal y a debilitar instrumentos orientados a regular el uso y acceso a recursos estratégicos”, señala el Observatorio, “puede interpretarse como un retroceso en materia de derechos colectivos, comprometiendo también a generaciones futuras”.

El corazón de la ley: desregulación sin control

El proyecto impulsado por Sturzenegger no es una iniciativa aislada. Se inscribe en el paquete denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que en sus fundamentos cuestiona la noción de utilidad pública y busca reducir los márgenes de intervención estatal sobre la tierra.

El Observatorio de Tierras identifica tres planos de análisis —fundamentos, contenido y consecuencias— para dar cuenta de la profundidad de este cambio. En el plano del contenido, la iniciativa elimina los umbrales que limitaban la concentración y extranjerización de tierras a gran escala. Además, se suprimen restricciones específicas sobre tierras con acceso a cuerpos de agua y se debilita su articulación con el régimen de zonas de seguridad de frontera. Si bien estas últimas continúan reguladas por normativa específica (Decreto-Ley N° 15.385/1944), su desvinculación del régimen general de tierras rurales fragmenta la política territorial y reduce su eficacia.

La derogación del artículo 16 elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, mientras que la supresión del artículo 5 reduce las obligaciones de información por parte de actores extranjeros. En la práctica, esto implica “menos datos, menor capacidad de seguimiento y mayores dificultades para conocer quiénes adquieren tierras y bajo qué condiciones”. Si bien se mantiene la prohibición del uso de testaferros, su reformulación la vuelve más general e imprecisa, lo que puede debilitar su aplicación efectiva.

Consecuencias: el fin de la soberanía territorial

Las modificaciones propuestas, advierte el informe, “no solo flexibilizan el régimen vigente: profundizan una trayectoria de desregulación y reducen la capacidad del Estado para regular, producir información y anticipar dinámicas territoriales”. No se trata únicamente de menos regulación, sino de “una pérdida de herramientas para comprender y gestionar el fenómeno de la extranjerización”.

Si esta ley se aplica, las compras de tierras en manos extranjeras —especialmente en los partidos o departamentos ya altamente extranjerizados— dejarían de tener cualquier tipo de límite. “En territorios donde hoy ya existe presión de capitales extranjeros, muchas veces a través de testaferros, esto podría profundizarse y empujar los precios aún más al alza”. El Estado no solo ve reducida su capacidad de regulación, sino también su capacidad de producción de conocimiento sobre el territorio, lo cual limita sus posibilidades de intervención.

Parte de un paquete de coloniaje

El Observatorio de Tierras advierte que estas modificaciones “no deberían analizarse de manera aislada, sino en articulación con otras iniciativas recientes que tienden a reconfigurar el rol del Estado en la regulación del territorio y de los bienes comunes: la derogación de la Ley 26.160 -de Emergencia de los territorios indígenas-, las modificaciones a la Ley de glaciares y el RIGI”. “En conjunto, estas medidas apuntan a reducir o eliminar instrumentos que permitían al Estado planificar, coordinar y sostener políticas públicas que respondan a las necesidades de quienes habitamos el suelo argentino”.

En particular, el RIGI promueve esquemas de inversión con amplios beneficios para grandes actores económicos. “La combinación de una mayor liberalización en el acceso a la tierra y a las fuentes de agua con incentivos a la inversión de gran escala puede profundizar procesos ya críticos de apropiación, concentración y aprovechamiento privado de rentas asociadas a recursos estratégicos”.

El debate en el Senado: la soberanía en la cuerda floja

El proyecto fue tratado en el Senado la semana pasada, en el marco de una jornada convocada por la Comisión de Ciencia y Tecnología para debatir su impacto sobre la soberanía nacional, el control de las fronteras y los recursos estratégicos. Científicos, militares, sindicalistas y referentes de la Iglesia participaron del debate, advirtiendo que la iniciativa “compromete y pone en riesgo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.

El proyecto, que aún no logró el consenso necesario para su aprobación, busca derogar la esencia de la Ley de Tierras y facilitar desalojos, restringir el poder expropiatorio del Estado —quitándole posibilidad de hacerse de recursos estratégicos— y eliminar la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación. Organizaciones sociales y políticas han manifestado su “absoluto rechazo” a una iniciativa que, denuncian, “pone en riesgo la soberanía y el derecho a la vivienda de millones”.

Un nuevo estatuto legal del coloniaje

La modificación del régimen de tierras rurales no es un ajuste técnico. Es, como lo definen los autores del informe, un nuevo estatuto legal del coloniaje. Al eliminar los límites a la extranjerización, desarticular los mecanismos de control estatal y vaciar de contenido la noción de utilidad pública, el proyecto de ley allana el camino para que el territorio argentino quede subordinado a una lógica de mercado sin resguardos suficientes.

El Observatorio de Tierras sostiene que “más que una ley de protección, entendemos que se trata de una 'ley de extranjerización' que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes”. Las consecuencias son previsibles: mayor concentración de la tierra, aumento de los precios en zonas de mayor demanda, dificultades de acceso para poblaciones locales y proyectos productivos, y restricciones en el acceso a ríos, lagos, nacientes y caminos.

El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” no solo viola la soberanía territorial, sino que consagra un modelo de país donde la tierra y los recursos naturales quedan a merced de los capitales extranjeros. Un modelo que, como señala el informe, representa un retroceso en materia de derechos colectivos y compromete el futuro de las generaciones venideras.