La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario provocó una fuerte reacción dentro del gobierno libertario. En la Casa Rosada reconocen que el fallo representa un duro revés para la estrategia oficial y abrió una interna sobre el manejo judicial del conflicto.

El fallo sube el aumento acordado del 24% al 37% que contienen la ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso en seis ocasiones, para resistir los vetos de Milei. Es decir, es una de las leyes con mayor respaldo institucional de la historia reciente, que suma ahora un fallo a favor de la Corte Suprema. La decisión obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario, que ordena a pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha equivalentes a un 55% de recomposición por la pérdida frente a la inflación en el mismo período, y aumentar las Becas Progresar.

El malestar en el gobierno también responde a que la resolución judicial llegó pocos días después de que el oficialismo alcanzara un acuerdo parcial con las universidades para comenzar a cumplir algunos aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el escenario cambió por completo y el gobierno deberá evaluar cómo responder a una decisión judicial que considera de difícil cumplimiento desde el punto de vista presupuestario.

La Corte ahora deberá expedirse por la inconstitucionalidad del Decreto que no envía los fondos a las universidades y por ende sigue la lucha de trabajadores universitarios y estudiantes que preparan más medidas y un no inicio del segundo cuatrimestre.

El fallo sube el aumento acordado del 24% al 37% que contienen la ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso en seis ocasiones, para resistir los vetos de Milei. Es decir, es una de las leyes con mayor respaldo institucional de la historia reciente, que suma ahora un fallo a favor de la Corte Suprema.

 La Corte dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en un duro mensaje al Gobierno. Martín Menem y Juan Bautista Mahiques le habían asegurado a Milei que gracias a su relación con Horacio Rosatti tenían asegurado que el fallo quedaría cajoneado hasta que se resolviera el tema en la discusión del Presupuesto. La decisión de la Corte dejó así en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y  Luis «Toto» Caputo.

La decisión rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica. Por eso, a principios de junio el gobierno firmó un acuerdo que implica un aumento de 24% para los universitarios, con la idea de que se desactivaba la protesta y  que los rectores desistieran de la demanda ante la Corte. Pero los rectores firmaron el acuerdo pero no aceptaron ceder el reclamo ante el máximo tribunal.

Permite además a Rosatti desprenderse de los comentarios  que argumentaban que no fallaba contra el gobierno, entre otras cosas, porque estaba buscando la designación de su hijo como juez.  Rosatti fue nombrado por el expresidente neoliberal Mauricio Macri y pocos meses después falló contra dirigentes del peronismo, pese a que provino de esa fuerza, empezando por la convalidación del fallo contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta ahora la Corte había evitado cruzar de frente las decisiones del gobierno de Milei, aunque fueran manifiestamente ilegales como la retención de recursos de las provincias o de los fondos que el impuesto a los combustibles asigna específicamente a la reparación y mantenimiento de las rutas.