El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), junto al IEF-CTAA e IDEP-ATE, acaba de publicar un análisis demoledor del Presupuesto 2027. Bajo el título "Presupuesto 2027: la trampa de la deuda y el ajuste permanente", los autores Claudio Lozano, Horacio Fernández, Mariana Rivolta, Ana Rameri y Eugenia Ventura desmontan la arquitectura de un proyecto que no es una hoja de ruta hacia el desarrollo, sino la consolidación legal de un modelo que ya lleva tres años de ajuste y que se proyecta, sin retorno, hacia 2029.

Supuestos que ya fallaron y que se repiten

El primer problema que identifica el informe es la fragilidad de los supuestos macroeconómicos. "El antecedente inmediato obliga a tomarlos con cautela". Para 2026, el Gobierno había proyectado una inflación del 10,1% y ahora estima 29%; esperaba una inversión en alza del 9,4% y hoy calcula una caída del 2,1%; y el crecimiento del PIB, previsto en 5%, se corrigió al 3%. "Ninguna de las previsiones centrales se cumplió", sentencia el IPyPP. "Si el ejercicio del año pasado falló de ese modo, hay pocas razones para considerar verosímiles unas proyecciones para 2027 construidas con el mismo esquema".

Pese a ello, para 2027 se vuelve a proyectar un crecimiento del 4%, una inversión en alza del 9,2% y una inflación del 18%. "El crecimiento proyectado tampoco encuentra motores claros". El consumo llega condicionado por un mercado laboral que pierde empleo asalariado formal y expande modalidades independientes de menores ingresos. "La apuesta privada descansa en buena medida en los proyectos vinculados al RIGI, concentrados principalmente en energía y minería, actividades intensivas en capital y con limitada capacidad para traccionar empleo y mercado interno".

El superávit como regla superior: el gasto como variable de ajuste

El segundo eje del informe es la jerarquía que el proyecto establece. El superávit fiscal se presenta como una regla "inalterable" y los gastos deben adaptarse al nivel de ingresos efectivamente obtenido. "Las partidas aprobadas por el Congreso operan fundamentalmente como techos de gasto y no como garantías de ejecución".

Esta asimetría es crucial: un error en las proyecciones de recaudación no conduce a revisar la meta de superávit, sino a recortar el gasto. "La subestimación inflacionaria se convierte así en un mecanismo adicional de ajuste". Además, el proyecto "vuelve a intentar eliminar la actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares", y amplía la discrecionalidad del Ejecutivo para reasignar recursos: "Obligaciones a Cargo del Tesoro duplica su participación y concentra el 7,5% del gasto", con más de la mitad de esos fondos en el programa "Otras Asistencias Financieras", cuya asignación concreta se define durante el ejercicio.

La trampa de austeridad: ajustar para sostener un superávit que exige nuevos ajustes

El informe describe un círculo vicioso. Entre 2023 y 2026, el gasto primario se redujo 5,5 puntos del PIB, pero los ingresos también cayeron de 16,8% a 15,5%. "El ajuste fiscal, utilizado además como instrumento para contener la inflación mediante la compresión de la demanda, termina debilitando aún más la actividad económica y, con ella, la propia base de recaudación".

A esto se suma una política tributaria que "resigna capacidad recaudatoria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva". Los gastos tributarios equivalen al 3,67% del PIB y el peso de Bienes Personales sigue reduciéndose. "Con el superávit fijado como regla inalterable, ambas dinámicas terminan convergiendo sobre el mismo punto: una recaudación debilitada obliga a nuevas reducciones del gasto". La trampa es perfecta: "El propio esquema económico reproduce las condiciones que hacen necesario un ajuste permanente".

Superávit fiscal y deuda creciente: un circuito que se alimenta a sí mismo

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que "el superávit resulta insuficiente para detener la dinámica de la deuda". Para 2027, el Sector Público Nacional prevé obtener USD 188.000 millones mediante endeudamiento y afrontar amortizaciones por USD 178.000 millones. "El financiamiento que deberá conseguirse durante un solo año equivale aproximadamente al 150% de todos los ingresos públicos anuales previstos y supera en más de 60% el gasto primario".

"Cerca del 95% de esos recursos se destina a cancelar deuda y pasivos preexistentes". En otros términos, "el Estado deberá movilizar recursos equivalentes a alrededor de un presupuesto y medio, fundamentalmente para refinanciar obligaciones anteriores". El contraste con la inversión es brutal: "Mientras se prevén más de $325 billones de endeudamiento, el gasto de capital de todo el año ronda apenas los $6 billones".

El informe revela además un mecanismo contable que oculta el verdadero costo financiero. "Los intereses que se capitalizan no se contabilizan como gasto, pero se devengan igual y engrosan el stock de deuda". Solo durante los primeros ocho meses de 2026, "los intereses capitalizados alcanzaron aproximadamente $33 billones, frente a un superávit financiero anual estimado en $2,5 billones". "Con un registro correcto, el resultado financiero previsto dejaría de ser superavitario para pasar a ser deficitario".

La restricción externa: el 82% del saldo comercial ya está comprometido

El circuito de deuda conduce directamente a la restricción externa. El Presupuesto proyecta un saldo comercial de USD 15.560 millones para 2027, pero la Administración Nacional enfrenta una brecha de divisas de aproximadamente USD 12.765 millones. "La brecha de divisas del Estado equivale a alrededor del 82% de todo el saldo comercial proyectado". Solo los intereses en moneda extranjera suman unos USD 8.200 millones y las amortizaciones alrededor de USD 17.000 millones.

"El problema se agrava porque 2027 será un año electoral". A las necesidades de divisas del Estado puede sumarse una mayor dolarización de carteras. "Si esas tensiones no encuentran financiamiento suficiente, el esquema podría requerir nuevamente asistencia externa, como ocurrió en 2025", cuando el Tesoro estadounidense otorgó una línea de swap por hasta USD 20.000 millones. "El programa presupuestario vuelve así a depender de fuentes externas de financiamiento cuya disponibilidad no puede darse por asegurada".

Qué se ajusta y qué se protege

La lógica fiscal tiene una traducción directa sobre el gasto. "El gasto de capital previsto para 2027 equivale apenas al 0,4% del PIB frente al 1,6% de 2023". Las transferencias corrientes pasaron del 7,3% al 4,3% y las remuneraciones estatales del 2,7% al 1,9%. El proyecto "estima gastos tributarios equivalentes al 3,67% del PIB, casi $52 billones, y 15,7 veces el superávit financiero proyectado". Al mismo tiempo, "consumo, transacciones y trabajo concentran el 71,4% de la recaudación, mientras Bienes Personales representa menos del 1%".

El informe destaca además que la reducción de Bienes Personales "no responde a un factor externo, sino al cronograma de baja de alícuotas dispuesto por la Ley 27.743", y que el grueso de la pérdida se materializará en 2028, cuando la alícuota se unifique en 0,25%. También advierte que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "desfinancia el sistema previsional" al desviar contribuciones patronales a cuentas individuales administradas por entidades privadas.

Conclusión: un presupuesto sin salida

El IPyPP cierra con una síntesis implacable: "El Presupuesto queda atrapado en dos circuitos que se retroalimentan: una austeridad que reproduce la necesidad de nuevos ajustes y un sistema de deuda que exige volúmenes extraordinarios de financiamiento y divisas sin traducirse en una expansión equivalente de la inversión y de las capacidades de desarrollo".

"Aun con superávit, el Estado prevé aumentar su endeudamiento y enfrenta necesidades de divisas equivalentes a más del 80% del saldo comercial proyectado". El Marco Fiscal de Mediano Plazo confirma que no hay retorno: el gasto primario seguirá cayendo hasta el 13,8% del PIB en 2029. "El ajuste, entonces, no es un tránsito hacia una etapa de recomposición, sino el punto de llegada del programa".

Mientras el Gobierno celebra un superávit que en los papeles no financia gasto alguno, pero que en los hechos esconde una parte de él, el Presupuesto 2027 consolida un modelo que prioriza el pago de la deuda por sobre las funciones esenciales del Estado. "La deuda ha adquirido una dinámica cuya escala excede ampliamente el resultado fiscal de cada ejercicio". Y el país, atrapado en esa trampa, sigue financiando con ajuste y dependencia externa un circuito que solo beneficia a los acreedores y a los sectores más concentrados de la economía.