Mediante el Decreto 865/2025, el Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025, y en el anexo del decreto que se tratarán los siguientes 6 (seis) temas: a) Presupuesto Nacional 2026; b) Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria; c) Flexibilidad laboral y de despido; d) Reforma del Código Penal; e) Modificar la ley de glaciares para que cada provincia determine la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares; y f) Inocencia Fiscal. Obviamente que pueden ampliarse los temas e incluirse una nueva y regresiva reforma tributaria, o dejar su tratamiento para las ordinarias de 2026.

Los seis proyectos benefician básicamente al capital más concentrado del país y propicia la inversión extranjera, avanza sobre los derechos laborales y desfinancia al sistema previsional, a la vez que relaja los controles de ingresos y egresos de capitales, inclusive reduciendo y hasta eliminando medidas de prevención en la contaminación y el impacto ambiental.

Todo en procura de ingresos de divisas que una parte se hace para cumplir con una deuda que se toma desenfrenadamente desde el gobierno de Cambiemos y que nunca se investigó a dónde se invirtió y en qué. Tampoco hay auditorias del FMI que por su carta constitutiva obliga al organismo a fiscalizar la utilización del crédito. Y otra parte se fuga, como lo demuestra el Balance Cambiario del BCRA que, en 10 meses transcurridos del año 2025, personas físicas compraron 34.420 millones de dólares.

En un circuito perverso de destrucción de la demanda interna por descenso del poder adquisitivo del grueso de la población, el cierre de establecimientos productivos de todo tipo, de aumento de las importaciones de bienes de consumo, mientras paralelamente la demanda de dólares para compras y viajes al exterior alcanza cifras récord, como es récord la fuga de capitales, y paralelamente, se eliminó para el corriente año 2025 el impuesto PAIS que gravaba la compra de divisas.

En ese marco de redistribución regresiva del ingreso al estilo “Hood Robin”, el poder ejecutivo llama a sesiones extraordinarias para consolidar el modelo extractivista primario exportador.

En el presupuesto de la administración nacional 2026 que fue presentado en septiembre y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, plantea en su Art. 1° “El Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos y a libre ejecución del poder ejecutivo. Y también propone modificar la Ley 11.672 (Complementaria de Presupuesto) para eliminar la referencia al artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Actualmente, esa normativa exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado, a través del cumplimiento de dos de estas tres condiciones: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. De aprobarse la modificación, el Ejecutivo podría realizar canjes con objetivos de “ordenamiento financiero” aun cuando impliquen condiciones menos favorables.

Mediante el mensaje 29 de proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que fue presentado en septiembre junto a la ley de presupuesto 2026, establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario prohibiendo déficits financieros, con el mismo objetivo de darle facultades legislativas al gobierno, quién debe priorizar el pago de los servicios de la deuda

Inocencia fiscal

El proyecto fue presentado por el presidente de la comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el 5 de junio de 2025 en el Ministerio de Economía de la Nación, frente a sus autoridades encabezadas por Luis Caputo, con el objetivo manifiesto de “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los obtuvieron” y el no dicho, de no investigar la compra de divisas y su fuga.

Una Argentina donde en 10 meses personas físicas (ahorristas argentinos los denomina el gobierno) compraron 34.420 millones de dólares y no pagaron el Impuesto PAIS[1], que supo tener una tasa del 25%, y hubiera significado en ese lapso un ingreso neto al fisco de 8.605 millones de dólares

Y la administración nacional debe arrodillarse ante los EEUU para firmar un swaps del que utilizó 2.600 millones de dólares y debió devolver a los pocos días (y nunca se informó que tasa pagó por ello y se trata de dinero público) y ahora rezan para que le vuelva a prestar, cuando debió colocar un título en el mercado local (Bonar 2029N) por 910 millones de dólares a una tasa de 9,26% anual, para poder pagar los vencimientos de fin del año y de los primeros días de enero 2026, que superan los  6.100 millones de dólares (de los cuales vencen bonos Bonar y Global por 4.500 millones) y restituir los 1.006 millones de dólares con que pagaron los Bopreales que vencieron en los primeros días de diciembre de 2025 y que, detrajeron del encaje de los depósitos en dólares, que los bancos tienen en el BCRA para abonarlos.

En este marco, el poder ejecutivo pide tratar el proyecto de “inocencia fiscal” que presenta dos esquemas: a) Cambia el paradigma en el Régimen General e invierte la carga de la prueba. “Todo contribuyente es inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”[2]; y b) Genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, abonando el impuesto solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial, por lo que el contribuyente (persona física y empresas) calcularán su monto a pagar solo por lo facturado sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo durante ese periodo (y obviamente la compra que realizaron de divisas y su fuga).

Ese día, Juan Pazo sostuvo: “Además, con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”.

Por su parte, José Luis Espert destacó que “durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambios e inflación alta empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión impositiva”. En este sentido, señaló que con el Proyecto presentado habrá un cambio de sistema en materia tributaria en el que se abandonará “el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP presuponían que todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir un régimen de inocencia fiscal".

El proyecto eleva la calificación del mínimo de evasión simple de $ 1,5 millones a $ 100 millones, y el de evasión agravada de $15 millones a $ 1.000 millones, de esa manera de 7.000 causas abiertas en el fuero tributario solo quedarán abiertas 200.  Es más, pueden saldar la deuda antes del juicio pagándolas y si el juicio está en curso, pagan un 50% más de la multa que le corresponde y quedan libres de “culpa y cargo”, total es plata del fisco que teóricamente la ARCA debería fiscalizar y cobrar.

Juan Pazo explicó que la prioridad de su gestión es "cambiar el enfoque tributario en la Argentina para dejar de tener una matriz persecutoria" y de esta forma va a crecer la recaudación. En ese sentido, admitió que la evasión tributaria por IVA en el 2024 fue mayor al 37% ("un nivel de evasión similar a la postcrisis del 2001") y que se registra un 40% de informalidad en el mercado laboral, pero como si todo eso no importara, por medio del Decreto 353/2025, publicado en el B.O del 23 de mayo de 2015, y en el marco de la modificación de las normas monetarias y cambiarias se establece que se simplifican y desregulan todos los trámites relacionados en la inversión y en la adquisición de bienes, y quienes se adscriban al Régimen Simplificado de Ganancias quedan exceptuados de declarar los bienes y las deudas en el país o en el exterior (obviamente las medidas impuestas obstaculizan la investigación de los auto préstamos, las triangulaciones de las exportaciones, y los precios de transferencias de las importaciones).

E instrumenta las resoluciones RG 5697 que deja sin efecto el régimen de información sobre negociación, oferta y transferencia de inmueble (COTI) y RG 5696 Secreto fiscal que limita el requerimiento por parte de los Sujetos Obligados de informar a la UIF (Unidad de Información Financiera), del pedido de declaraciones impositivas a los clientes: a) Cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI); b) Operaciones de intermediación y/o compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos usados; c) Préstamos con garantía hipotecaria y transferencias de dominio de bienes inmuebles, cesiones de derecho y actos simultáneos; d) Expensas y gastos comunes para countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, edificios de propiedad horizontal y otros; e) Empresas que presten el servicio de suministro de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija y telefonía móvil (celular).

ARCA

El Gobierno de Javier Milei el 21 de octubre de 2024 disolvió la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para reemplazarla por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) esencialmente modifica las misiones y funciones y le confiere mayor poder a la dirección política, y no exige la firma del personal de planta en sus resoluciones y procedimientos.

En un principio continuó como titular Florencia Misrahi, del Estudio Lisicki & Litvin, para ser reemplazada el 9 de diciembre 2024 por Juan José Pazo, quien fuera CEO de las empresas textiles de Francisco De Narváez, que además, se desempeñó como director ejecutivo en firmas offshore relacionadas con Rapsodia Argentina[3], empresa cofundada por su esposa, y en 2020 fundó “Invernea”, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas, en sociedad con un hermano de Luis Caputo. Y que en el sector público fue director de la UIF (Unidad de Información Financiera) en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, y luego Superintendente de Seguros de la Nación desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019. No bien asumió como ministro Luis Caputo, lo nombró a Pazo secretario coordinador del ministerio y siempre lo acompañó en las reuniones con los empresarios locales.

A Andrés Gerardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, que fue estrecho colaborador de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP, se lo nombró titular de la DGI (Dirección General Impositiva), y fue, en ese momento, denunciado ante la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su patrimonio[4], y anteriormente, en el año 2011, el fiscal federal Federico Delgado solicitó la indagatoria de Andrés Gerardo Vázquez en una causa en la que se investigaba la transferencia de 461.000 dólares a cuentas en Suiza y Luxemburgo a través de una “cueva financiera” del BNP Paribas, sin declarar.

Podríamos seguir refiriéndonos el resto de los funcionarios de la ARCA,  pero basta con señalar que el Jefe de División Investigaciones de ARCA de la Provincia de Tucumán, Mario Martínez Salazar Pérez fue denunciado y la justicia intervino e hizo allanar las oficinas de la calle Maipú 50 en pleno centro de la ciudad de Tucumán, que es de su propiedad, el jueves 4 de diciembre de 2025, por ser una "cueva" financiera dedicada al cambio de dólares en negro, descuento de cheques, operaciones con criptomonedas, préstamos usurarios y presunto lavado de activos, y su, hijo Jerónimo Martínez Parada, está directamente vinculado a la estructura de “RT Inversiones”, una financiera piramidal que estafó a más de 60.000 personas en Catamarca y fue detenido en noviembre de 2022.

Como director general de Aduanas se nombró a José Andrés Velis impulsor de sistemas informáticos para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que conforma el ineficiente control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El Gobierno afirma que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis es vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador. Veliz estaba jubilado y vivía en Paraguay

En síntesis

Funcionarios venales, que favorecen el endeudamiento y la reducción de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, quienes fugan divisas y hacen retornar una parte como deuda. ARCA, la legislación vigente y la que propician, lleva al colapso de la deuda con el único fin de que el país remate a precio vil su rico patrimonio natural y construido, y la amplia mayoría de la población, sin siquiera comprender los hechos evidentes.