Sobre el cierre de las facultades delegadas, el gobierno nacional publicó el Decreto 462/2025 que, entre otras cosas, modifica las estructuras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Desde el Ejecutivo esgrimieron los argumentos de siempre: objetivos primarios incumplidos, sobrepoblación de personal administrativo, exceso de cargos jerárquicos, trabas burocráticas y manejo discrecional de fondos. Sin embargo, trabajadores y exfuncionarios de ambos organismos señalan que se trata de un golpe bajo al desarrollo de la industria nacional y de los productores agropecuarios. Por lo pronto, los dos Institutos pasan a depender del ministerio de Economía, quien además se queda con los fondos que reciben y generan por patentes. Además, se limitarán solo a funciones técnicas y las tareas que realizaban serán reemplazadas por empresas del sector privado.

“El Decreto es lo que necesitaba el gobierno definitivamente para implementar este plan sistemático de llevarse todo puesto y, con el verso de la casta, se queda con las cajas de todos los organismos. Además, termina con la autarquía del INTA, que está establecida por ley hace 70 años, al igual que su funcionamiento y su patrimonio. Sobre todas las cosas, le dan vía libre al destino de miles de trabajadores y trabajadoras, que ahora van a estar a merced de lo que disponga el Ministerio de Desregulación”, señala Julieta Boedo, delegada de ATE e integrante de la Coordinación Nacional ATE-INTA, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

En términos administrativos, el INTA pasó de ser un organismo descentralizado a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se transformó la composición y la función del Consejo Directivo, que de 10 miembros pasó a 7, y ahora es un Consejo Técnico. Con esta modificación, además de nombrar al presidente, el gobierno nacional elige a 3 representantes, y el resto corre por cuenta de las entidades agropecuarias. Con menos integrantes y bajo el ala del ministerio de Economía, el Ejecutivo decidirá las funciones y el futuro del Instituto.

En conversación con la Agencia, Carlos Paz, expresidente del INTA, afirma que el Decreto abre muchas preguntas: “Primero no se sabe muy bien qué es lo que quieren decir con un organismo desconcentrado. La otra gran incógnita es cómo se operativiza esto que ponen con una liviandad tremenda en el documento. El presidente debería ser una persona que conozca el INTA de una manera muy profunda. Es difícil tomar decisiones desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una institución tan compleja y tan distribuida en el territorio”.

Asimismo, el expresidente del INTA piensa en el futuro inmediato y en rol de las grandes entidades del campo, quienes dejan de conducir el organismo para transformarse en asesores técnicos. La otra cuestión involucra a los centros regionales, las agencias de extensión y las estaciones experimentales, que podrían desaparecer si así lo decide el presidente. “Es una locura porque hay mucho trabajo hecho y levantarlo significa una lesión muy grande, no solo a la institución, sino a la gente que recibe los servicios”, añade.

Por el lado del INTI, el Decreto le quitó su autonomía y pasó a depender del ministerio de Economía. En este aspecto, todo el dinero que reciba el Instituto por patentes, derechos intelectuales o aportes, de ahora en más pasan a ser recursos del Tesoro Nacional. Al respecto, el ministerio de Economía señaló que esta redefinición “permitirá preservar y fortalecer el rol técnico esencial en materia de metrología, calidad, innovación e investigación y desarrollo para la mejora competitiva de la industria”.

En redes sociales, el ministro Federico Sturzenegger subrayó que el INTI era “un organismo cuya estructura sobredimensionada y vocación por imponer controles, terminaron obstaculizando, en vez de facilitar, el desarrollo productivo nacional”. No obstante, Matías Parra, trabajador del INTI en la dirección técnica de Gestión de la Innovación, advierte que la pérdida de autarquía también impacta de forma negativa en la vinculación que hacemos con el sector privado.

“El INTI es una política de Estado que tiene cierta autonomía para funcionar, pero el gobierno la quiebra directamente y hace que dependa mucho más del poder político de turno. Hasta ahora, el Instituto se asociaba con los privados y creaba centros de investigación para definir en conjunto cuáles eran las técnicas y tecnologías más adecuadas para las problemáticas de cada sector. Al depender de Economía perdemos la capacidad de articular directamente con la industria”, explica Parra.

Según cuenta, los centros de investigación son ingresos económicos que genera el INTI y del cual dependen alrededor de 500 personas. Con este Decreto, esos especialistas se quedarían sin su fuente de trabajo y se sumarían a los casi 800 que ya se fueron desde diciembre de 2023 gracias a retiros voluntarios, contratos que no se renovaron y renuncias por los bajos salarios.

En síntesis, ambos organismos pierden su autonomía, sus estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo, y quedan bajo la órbita del Ejecutivo. De esta manera, el gobierno no solo dispondrá de más plata, sino que continuará por el camino de la desregulación y la apertura de importaciones. En un país sin industria y sin asistencia a los pequeños y medianos productores, las funciones productivas del INTI y el INTA están demás.

A pesar del desánimo, trabajadores de ambos organismos ya se manifestaron en las calles y en las redes sociales. En este sentido, Boedo resalta: “Vamos a seguir dando pelea frente a este cientificidio junto a los organismos de ciencia y técnica, porque están terminando con el INTA, con el Estado y con el país que queremos”.