El DNU y la reforma laboral

La semana pasada estuvo llena de novedades judiciales en relación con el DNU presidencial. Desde el anuncio del mismo, numerosos pedidos de medidas cautelares se presentaron en la Justicia, así como solicitudes para declarar inconstitucional el decreto 70/2023 anunciado por Javier Milei el 20 de diciembre.

Esta semana, la Cámara Nacional del Trabajo dictaminó dos medidas cautelares que ponen en suspenso la aplicación del capítulo IV del decreto, el cual aborda las reformas en materia de legislación laboral. Estas cautelares surgen de los pedidos realizados por la CGT y la CTA de manera separada. De acuerdo con los jueces de la mayoría, algunos de los elementos considerados para fallar a favor de estas medidas fueron el hecho de que el decreto entre en vigencia y su impacto en el paro general convocado para el 24 de enero.

La jueza Andrea E. García Vior planteó que, en caso de aplicarse el decreto, "se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación, y de conservación del contrato que estructuran la especialidad".

Asimismo, afirma que "se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical".

La justicia desarma el amparo colectivo

Además, el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial para tratar el cuerpo entero del DNU y dictaminar su constitucionalidad. También desarmó el amparo colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el que se recopilaban las distintas presentaciones de pedidos de amparo con respecto al decreto.

Esto significa un revés para el Gobierno, ya que, al multiplicarse las presentaciones y juzgados, también se multiplican las probabilidades de que la justicia falle en contra del decreto. Aunque el Gobierno puede apelar esta decisión, se trata de un golpe a su estrategia judicial, que se basaba fuertemente en agrupar todos los pedidos de amparo en un solo amparo colectivo.

Lavié Pico explicó que "torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial". Así, el magistrado decidió priorizar la protección de aquellos derechos que podrían estar siendo vulnerados con el DNU.

El magistrado le pidió al Gobierno que conteste los pedidos de amparo. El Ejecutivo puede presentar un informe y cuenta con tres días para contestar las cautelares y cinco días para el fondo del reclamo.

El vocero presidencial Manuel Adorni ya anticipó este jueves que el Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se pronunció en contra del mega DNU 70/2023 en su capítulo laboral, y se espera que también se presenten apelaciones al fallo que desarma el amparo colectivo.