El miércoles pasado tuvo lugar la reunión del Consejo del Salario, que fue convocada por el Ejecutivo nacional luego de que la Justicia lo intimara a hacerlo, con el objetivo de definir el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMNV) congelado desde el mes de Agosto del año pasado en $322.000.

Propio de un clima de época de arrogancia del poder económico, las cámaras patronales ofrecieron $4.800 de aumento para un salario que no logra cubrir una canasta básica.

Las tres centrales obreras pidieron aumentos importantes que llevarían el SMVM a estar entre $553.000 y $736.000 para abril de 2026, según se expuso en la reunión exigida por la Justicia ante la constante negativa a convocarla por el gobierno de ocupación colonial de Javier Milei.

La contrapropuesta de las cámaras empresariales fue de 1,5% en noviembre, lo que en los hechos significaría un aumento de $4.800. Para los meses próximos, propusieron un esquema de incrementos para en abril de 2026 llegar a $349.000.

Desde el inicio del gobierno de J. Milei, el salario mínimo, vital y móvil acumula una caída del 35,2% en su poder adquisitivo. Desde el Centro CIFRA de la CTA señalaron que “a brutal devaluación que marcó el inicio de este gobierno provocó una gran pérdida inicial. Desde entonces, las cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo que tuvieron lugar en esta gestión finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores. Como resultado, fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales –prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial–, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo.”

La pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real que resulta 45,6% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 58,4% menor que noviembre de 2015. Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, se acercaría actualmente los $760.000.

Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad en los ingresos.

La comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En octubre, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza, que ronda los $ 1,2 millones.

Pablo Casals, desde Chasqui Federal, sostuvo que “Para cualquier país, la homologación de un Salario Mínimo no es un chiste. En teoría, debería adecuarse a la suma mínima que cualquier trabajador debe percibir para cubrir las necesidades vitales del grupo familiar como alimentación, higiene, limpieza, vestido, vivienda y servicios básicos (transporte incluido). Eso, de base; de piso de dignidad.”

Y agregó: “Además, y de acuerdo a la legislación vigente, el SMVM se toma como referencia para negociaciones salariales, mediciones estadísticas, prestaciones y programas sociales como el monto mínimo para desempleados, entre otros. No es casual entonces que desde el Gobierno y las patronales se pretenda que el monto siga siendo bajo e indigno. El Ejecutivo utiliza el argumento de ajustar el gasto público y el consumo de las familias, mientras que los empresarios están autorizados a pagar salarios de miseria amparados por la ley. De hecho, aunque no se divulgue demasiado, los parámetros de salario en negro están informalmente “regulados” en gran medida por el SMVM.”

Por su parte, “El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de toda la región. Con apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia, Paraguay y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.”

“La política económica de ajuste supone mejores condiciones para la apropiación de ganancias empresarias sobre los ingresos salariales y previsionales, claro que esa regresiva distribución es también entre los capitales, cediendo excedente desde los más pequeños a los más grandes y concentrados” sostuvo Julio Gambina.

“De ese modo, la mayoría de la sociedad está afectada por la política de ingresos y cambiaria del gobierno nacional. Los sectores de mayores ingresos pueden enfrentar la suba de precios sin problemas. No ocurre lo mismo con la mayoría que enfrenta la disminución de sus ingresos, limitando la capacidad de compra y satisfacción de necesidades” sostuvo.

Aún con tendencia a la baja de la inflación interanual, los ingresos populares pierden contra la inflación. Salarios y jubilaciones corren por detrás a los precios.

Modificar la política de ingresos en beneficio de la mayoría resulta un imperativo para activar la economía y resolver necesidades insatisfechas ante el aumento del costo de vida.

Mas allá de todo indicador económico en la realidad cotidiana las curvas e índices se transforman en dilemas cotidianos para garantizar la comida del mes para una familia. Son esos hechos, cotidianos, invisibles, los que marcan las tensiones sociales que habitan el tiempo que no termina de encontrar adecuado reflejo en las respuestas políticas de nuestro pueblo.