La discusión económica argentina suele quedar encerrada en falsas dicotomías: emisión o ajuste, déficit o equilibrio, inflación o disciplina monetaria. Sin embargo, detrás de esos estériles debates técnicos se ocultan las preguntas sobre lo que verdaderamente importa: ¿ajustar para qué, con qué objetivo? ¿superávit para invertirlo en qué, dónde ponemos el fruto del esfuerzo colectivo? ¿Para qué sirve el sistema financiero de un país y los fondos disponibles del conjunto de la población? ¿Debe ser una herramienta para canalizar ahorro hacia la producción, la vivienda, el trabajo y la inversión, o debe funcionar como una maquinaria destinada a financiar deuda pública de corto plazo mientras las familias se endeudan para sostener consumos básicos?

La Argentina actual ofrece respuestas concretas a estos interrogantes que nunca se formulan por ausencia de propuesta alternativa.

El país tiene un sistema financiero chico en relación con su economía, pero no por falta de ahorro nacional, sino porque el Estado se encarga de vaciarlo mediante la absorción sistemática de una masa gigantesca de pesos a través de licitaciones de deuda. Así, los bancos y otros actores financieros encuentran mayores incentivos para colocar liquidez en instrumentos del Tesoro, con altas tasas de retorno y bajo riesgo relativo, antes que destinar esos fondos al crédito productivo, a la inversión industrial o al financiamiento de empresas y familias.

De esta manera, el crédito productivo queda reducido a una expresión mínima, al mismo tiempo que disminuye y se encarece el crédito disponible para las necesidades urgentes de empresas asfixiadas y hogares que utilizan la tarjeta de crédito como complemento del salario. En consecuencia, el gobierno orienta el enorme caudal de ahorro nacional disponible hacia el financiamiento de la deuda pública y encarece, cada vez más, el endeudamiento de empresas y familias.

Los números son elocuentes. El crédito total al sector privado representa apenas alrededor del 12% del PBI. Es decir, Argentina tiene un sistema crediticio muy pequeño para una economía que necesita crecer, industrializarse, invertir, ampliar su capacidad instalada y generar empleo formal. Pero al mismo tiempo, la deuda pública pagadera en pesos supera los 300 billones de pesos. La comparación es brutal, el stock de deuda en pesos del Tesoro equivale a más de dos veces todo el crédito privado existente. En otras palabras, una parte enorme del ahorro financiero argentino termina financiando el endeudamiento del Estado y no la producción.

El mecanismo es relativamente simple. El Ministerio de Economía licita letras y bonos en pesos con tasas de interés que, en muchos casos, superan la rentabilidad que puede ofrecer la inversión en la economía real y además sin los riesgos propios de producir, contratar trabajadores, comprar insumos, sostener una fábrica o vender en un mercado interno deteriorado. Bancos, fondos comunes, aseguradoras y otros actores financieros entregan pesos y reciben títulos públicos. Cuando llega el vencimiento, el Tesoro busca renovar más de lo que vence y, de ese modo, no solo refinancia deuda sino que además absorbe pesos adicionales del mercado.

La lógica oficial, la que se puede declarar, es evitar emisión monetaria, retirar liquidez, contener la presión cambiaria, sostener el ancla antiinflacionaria y cumplir con el sendero fiscal. Pero tiene una contracara real, aunque inconfesable: los pesos que absorbe el Tesoro no van al crédito productivo, a financiar maquinaria, a ampliar fábricas; ni tampoco a inversión pyme o a vivienda. Por lo tanto, genera -adrede- recesión y estancamiento económico.

Entonces, el problema argentino no es de carácter técnico ni monetario sobre cuántos pesos hay, sino que es político: hacia dónde van. Si el ahorro financiero interno se canaliza hacia inversión productiva, puede ampliar la oferta, aumentar la producción, generar empleo y fortalecer la estructura económica. En cambio, si se canaliza hacia deuda pública de corto plazo, entonces el sistema financiero se convierte en una rueda de renovación permanente, deuda para pagar deuda, y en una herramienta para estancar y destruir la economía real.

El Fondo y sus consejos para profundizar la destrucción

En otra revisión del programa de gobierno, el Fondo Monetario Internacional marca una hoja de ruta política para los próximos meses bajo sus “recomendaciones”: sostener el equilibrio fiscal, acumular reservas, avanzar en reformas laborales, previsionales, aumentar impuestos a los trabajadores (ganancias y monotributo) y destrabar regulaciones cambiarias para el libro giro de dividendos y accesos a divisas.

El FMI, cada vez más explícito en sus objetivos, es laxo con los números pero es firme exigiendo una determinada organización de la economía argentina. Una economía más abierta, más flexible, más subordinada a la acumulación de reservas para garantizar pagos externos y fuga de capitales, más disciplinada fiscalmente y proponiendo la intervención estatal solo como herramienta de estrangulamiento de la economía interna.

El organismo propone más trabajadores formales pagando el, mal llamado, impuesto a las ganancias y aumentar el pago de monotributo para ahorcar al laburante informal. Al mismo tiempo, que pide facilitar la adquisición de divisas y el giro de dividendos (fuga de capitales). Explícitamente dice: ajusten más al pueblo así se pueden sacar más dólares al extranjero.

¿Qué país puede construirse con una política económica cuyo objetivo principal es absorber pesos, acumular reservas para los pagos externos y giro de dividendos, pero no financiar masivamente la producción nacional? La respuesta parece obvia, pero no existe pregunta si no se plantea la alternativa. Y esa alternativa no puede limitarse a administrar mejor el ajuste; debe discutir el sentido profundo de la economía.

Mientras tanto, el pueblo sufre las consecuencias más crudas del modelo de saqueo. Las familias argentinas están cada vez más endeudadas, la mora familiar (la deuda que no se puede pagar en tiempo o no se paga) bate récords alarmantes; signo claro de una economía donde el ingreso no alcanza y millones de hogares recurren a tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones o crédito no bancario para pagar alimentos, servicios, transporte, alquileres o medicamentos. Ahí es donde la tarjeta deja de ser un medio de pago, se convierte en una extensión del salario y el endeudamiento solo sirve para aletargar el empobrecimiento popular.

Desde arriba se muestra orden fiscal; desde abajo se acumula desorden y empobrecimiento familiar. Desde arriba se habla de estabilidad; desde abajo se vive la inestabilidad permanente de tener que refinanciar el mes siguiente antes de haber terminado de pagar el anterior.

El sistema financiero argentino, en este marco, no cumple una función nacional; por el contrario, se encuentra en función del ajuste interno y saqueo externo. No es el gran organizador del desarrollo productivo ni el motor de una industrialización planificada. Tampoco el puente entre ahorro interno e inversión real. Está operando como el garante de una economía estancada, recesiva y eternamente endeudada.

La alternativa política frente a este modelo debe ser expuesta de manera clara y contundente para que exista un debate verdadero capaz de superar las discusiones técnicas que el propio sistema impone como cortina de humo.

El debate no puede reducirse a si hay más o menos emisión. La verdadera discusión es si el dinero disponible se pone al servicio de la producción o al servicio de la deuda; porque la economía nacional solo se ordena produciendo más, integrando cadenas industriales, generando empleo formal, sustituyendo importaciones estratégicas, financiando tecnología, ampliando infraestructura y fortaleciendo el mercado interno. Sin esa dimensión productiva, la estabilidad es apenas una pausa financiera, no un proyecto de país.

Por eso, el crédito argentino debe pensarse como parte central de una disputa mayor. No se trata únicamente de bancos, tasas o licitaciones, ni de manejo financiero. Se trata de soberanía económica. Se trata de definir si el ahorro nacional va a financiar el desarrollo nacional o si va a quedar atrapado en una arquitectura de deuda, condicionalidades externas y rentabilidad financiera. Se trata de decidir si el sistema financiero será una herramienta de la producción o una caja de resonancia del ajuste.

Desde una mirada nacional, el sistema financiero debería tener como único objetivo reconstruir el crédito productivo, orientar el enorme caudal del ahorro nacional hacia la industria y el trabajo, aliviar el sobreendeudamiento familiar, proteger el ingreso real y recuperar la capacidad del Estado para planificar el desarrollo.

La prioridad y el debate central de la política económica argentina no puede ser el de ordenar sus cuentas, sino el sentido de la misma. Y ese sentido no puede ser la deuda, tiene que ser la producción. No puede ser la tasa, tiene que ser el trabajo. No puede ser la subordinación permanente a las metas del Fondo, tiene que ser la recuperación de una estrategia soberana de desarrollo nacional.