El objetivo es claro, configurar una matriz exportadora (minerales, energía, alimentos) en desmedro del mercado interno.

Para ello necesitan apuntalar la IBIF (inversión bruta interna fija) en esos sectores a como dé lugar. Por eso las diez resoluciones de la Inspección General de Justicia de marzo 2024, firmada por su actual titular -el abogado de empresas Daniel Vítolo- que eliminan la tarea de control y fiscalización del organismo y desregula la operación de sociedades extranjeras, sociedades vehículo y off shore, a las que tras esas diez resoluciones no se les exige adecuarse a la ley argentina. Es más, la falta de control busca que ingresen fondos por lavado de activos y que encubran contabilidades paralelas propiciando el ingreso de capitales.

Igual pasa con el “carry trade” armado por la dupla Luis Caputo - Santiago Bausili[1], con el freno del dólar tras una brutal devaluación no bien iniciado el gobierno de Javier Milei, que es muy menor a la ganancia implícita por el incremento del precio de los títulos públicos y acciones de empresas locales[2], solo para que ingresen divisas (aunque el plazo sea exiguo) en esa reedición de la bicicleta financiera.

Y no otro es el propósito de limitar severamente la creación de dinero y provocar una profunda recesión, para obligar a los ciudadanos de a pie a vender sus ahorros (deshacer los plazos fijos y vender sus posiciones en dólares) para poder vivir y, a las empresas para poder financiar el stock de mercaderías que no venden, demostrado en los indicadores del BCRA.              

Del 7 de diciembre 2023 (último día hábil del anterior gobierno) al martes 26 de marzo 2024 (última fecha publicada por el BCRA), con una inflación acumulada del 75% en ese lapso, la Base Monetaria que es la cantidad de dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA, creció solo en un 10,9%, de esa manera disminuyó sideralmente la liquidez en el mercado financiero local. Esto se trasladó a los ya de por si exiguos préstamos personales y comerciales que solo se incrementaron en el período referido en un 17,4%, significando el imperceptible 3,9% del PIB, de allí que deben vender “sus ahorros” por la falta de dinero y de crédito.

No hay plata, pese a que las exportaciones de mercancías llevadas a cabo durante los 115 días de la actual administración gubernamental, superan las importaciones en 3.500 millones de dólares. El BCRA emite dinero cuando entran dólares al país, pero esos billetes y monedas que reciben los que vendieron dólares los termina absorbiendo el Tesoro de la Nación colocando títulos públicos[3]. Esos títulos públicos, que son en pesos y ajustables por inflación o por devaluación del dólar oficial o por los dos ajustes (bonos duales), absorben los pesos y el Tesoro de la Nación (que colocó esos títulos), con esa plata, adquieren los dólares al BCRA. Y con esos dólares paga los servicios de la deuda externa.

En primer lugar, nunca se frenó la liquidación declarada de ventas externas de minerales (esencialmente de oro)[4] y de gas y petróleo.  Si es a regañadientes la liquidación de la cosecha gruesa. CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la Repúblicas Argentina y Centro de Exportadores de Cereales) publican en su página oficial:

De a), b), y c) se entiende por qué las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en 6.435 millones de dólares, pero eso no significa que hayan amentado las reservas netas máxime que:

Reservas Brutas:  27.644 millones de dólares

Swaps con la R.P. China: 18.000 millones de dólares

Banco de Basilea: 3.300 millones de dólares

Encajes depósitos en U$S:  14.051 millones de dólares

Reservas Netas:  - 7.707 millones de dólares

Las Reservas Internacionales netas del BCRA son negativas

A su vez, para garantizar el superávit comercial en el año 2024, requiere que los exportadores liquiden sus operaciones y que la recesión económica sea un freno natural a las importaciones.  Y para que el ingreso de dólares continúe en los años que vienen, necesita que entren divisas por la cuenta de capital de la Balanza de Pagos, de allí los planteos tanto en el DNU 70 como en las nuevas versiones y proyecto de ley ómnibus, Ahora reflotado como Ley Base, de vender nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF; ARSAT, Banco de la Nación Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, etc.).

Pago de la deuda

El ministerio de economía  en marzo de 2024 garantizó los dólares para el próximo pago de los títulos en moneda extranjera surgidos del canje de 2020, al colocar LECAP (una letra a tasa fija que no se emitía desde el reperfilamiento forzoso realizado por Hernán Lacunza en 2019) y dos bonos indexados a la inflación, todos ellos con vencimiento en 2025 por 1,32 billones de pesos, que se utilizará para comprarle dólares al Banco Central con los que se pagarán los próximos compromisos en el año con los tenedores de títulos en moneda extranjera (los bonitas del canje de  Martín Guzmán).

Paralelamente detrae dólares de las reservas internacionales del BCRA al colocarle en forma forzosa una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses” con vencimiento 3 de abril de 2029, mediante la Resolución Conjunta 20/2024 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda de la Nación, por 9.901.070 dólares, para pagar el vencimiento del 3 de abril 2024 del tercer cupón de interés de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento final el 30 de septiembre 2032 - Decreto 576/2022.  Práctica  que será una constante, ante la particular lectura que hace el gobierno de la actualización de la Ley 27.701 de Presupuesto Nacional 2023, para que se instrumente el pago de la deuda en  el Presupuesto Nacional 2024

En síntesis

Se prioriza el pago de los servicios de la deuda en desmedro del gasto primario de la administración nacional al reducir las partidas para el pago de jubilaciones y pensiones, de empleo y remuneración de los empleados públicos, todo tipo de subsidios y transferencias a las provincias. Se reducen las partidas para salud, educación, comedores comunitarios, se anulan autorizaciones para funcionar a cooperativas, se cercenan los planes potenciar trabajo y otros de apoyo a la población, se limitan las políticas industriales y se frena la obra pública, pero paralelamente se realizan todo tipo de artilugios para pagar una deuda que no se investigó en que fue empleada.

Ese pago que beneficia a los tenedores de títulos públicos es el motivo del brutal ajuste fiscal y caída del nivel de actividad, porque de ese modo es funcional a un modelo extractivista, agropecuario financiero exportador, que es donde el gobierno propicio que se invierta, como lo de muestran todas las medidas tomadas y la propuesta, ahora redimida en el proyecto de Ley Base, de crear un Régimen para Grandes Inversiones (RIGI)[5].

La ahora rebautizada Ley Base y el vigente DNU 70 (más allá de las cautelares de la Justicia y del rechazo del Senado de la Nación) vuelven a tener asidero en las reuniones realizadas por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el Ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores de Cambiemos (Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Chaco, Jujuy, San Juan, San Luis, Chubut y la Jefatura de Gobierno de la  CABA). Así lo expresó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando afirmó: “el encuentro fue muy bueno. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que le sirve a las provincias y a la Nación”.

Sin palabras.