Patria para pocos

En términos generales, puede sostenerse que las transformaciones políticas y económicas producidas en el territorio nacional tras la Guerra de la Triple Alianza, junto con la ocupación efectiva de la Patagonia (1878-1885) y del Chaco (1884-1915), estructuraron una Argentina hegemonizada por la clase terrateniente y subordinada a la división internacional del trabajo impuesta por las potencias centrales. De esta forma, el país quedó relegado al papel de productor y exportador de materias primas agropecuarias, destinadas principalmente a abastecer al mercado británico. El imperialismo inglés moldeó buena parte de la economía nacional de acuerdo con sus propios intereses entorpeciendo el desarrollo industrial y fijando los precios de los productos agropecuarios desde sus casas matrices en Londres. A su vez, las importaciones consistían fundamentalmente en manufacturas elaboradas por ellos consolidando así un modelo dependiente cuya expansión descansaba casi exclusivamente en el comercio exterior.

Las rentas aduaneras generadas por las exportaciones posibilitaron la consolidación del Estado oligárquico, mientras que las ganancias consolidaron a la clase dominante terrateniente en alianza con grupos capitalistas británicos. El comercio exterior se convirtió así en el mecanismo privilegiado para sostener y reproducir esta estructura de dependencia, modelo que se reprodujo con distintas modalidades productivas e institucionales en toda Sudamérica.

La crisis económica de 1930 puso en evidencia las contradicciones estructurales de la economía argentina y de su modelo agroexportador dependiente. La desarticulación del comercio internacional afectó severamente las importaciones tanto de bienes de consumo como de insumos intermedios necesarios para la producción.

En ese contexto, el gobierno de Ramón S. Castillo impulsó el denominado “Nuevo Plan Pinedo”, orientado a profundizar los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa no logró revertir la crisis económica. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial intensificó las presiones sobre los gobiernos de Nuestra América para que abandonaran la neutralidad y se alinearan con los Aliados. Hacia el final de gobierno conservador de Castillo se impulsó como candidato presidencial para las elecciones previstas en 1943 a Robustiano Patrón Costas, propietario del Ingenio San Martín del Tabacal, vinculado a la Standard Oil y cercano a los intereses de la embajada norteamericana.

Patria para todos

En junio de 1943, un grupo de militares nacionalistas nucleados en el GOU llevó adelante un golpe de Estado que desplazó a Castillo del poder poniendo fin a la Década Infame, los negociados con las transnacionales y el fraude electoral. Tras el breve paso de Arturo Rawson por la presidencia provisional, asumió Pedro Pablo Ramírez, quien designó a Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión y nombró vicepresidente de la República al general Edelmiro Farrell.

El 17 de octubre de 1945 marcó el nacimiento del peronismo como una radicalización popular de la Revolución de 1943, incorporando al proceso soberanista una fuerte impronta obrerista. Tras las elecciones de 1946, en las que Juan Domingo Perón fue elegido presidente, comenzó a implementarse un amplio programa de reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora: se aprobaron y aplicaron leyes vinculadas a jubilaciones y pensiones, vacaciones pagas, indemnización por despido, prevención de accidentes laborales, jornada de trabajo de ocho horas y aguinaldo, promulgación del Estatuto del Peón, la creación de los Tribunales de Trabajo —consolidación del fuero laboral—, la ley de Asociaciones Profesionales y los Convenios Colectivos de Trabajo.

La contraofensiva de las patronales no tardó en manifestarse. Los terratenientes, obligados a cumplir la ley afrontando las cargas impositivas y mejorar los salarios, comenzaron a retraer de manera sostenida la oferta de carne y granos, tanto para el mercado interno como para la exportación. La caída de las exportaciones implicaba una disminución en el ingreso de divisas, indispensables para importar bienes de capital e insumos necesarios para sostener el proceso de industrialización generando así un fuerte cuello de botella en la economía.

Frente a este escenario, el gobierno optó por intervenir el comercio exterior mediante la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), organismo que compraba directamente la producción agropecuaria, asumía el rol de exportador y garantizaba precios sostén para los productores. Las ganancias obtenidas por el IAPI fueron utilizadas para subsidiar la infraestructura y financiamiento del proceso de industrialización por sustitución de importaciones impulsado por el Estado justicialista.

En un contexto internacional signado por las dificultades de la posguerra, el IAPI, además de contribuir a garantizar la continuidad del proceso de industrialización, debe ser comprendido como un engranaje dentro de un proyecto más amplio de reestructuración económica y social impulsado por el Estado justicialista para garantizar soberanía.

La Reforma Constitucional de 1949, que otorgó rango constitucional a numerosas conquistas sindicales y reivindicaciones sociales; la ampliación democrática mediante la sanción del sufragio femenino; la nacionalización de sectores estratégicos de la economía; la gratuidad de la enseñanza universitaria; la expansión de la infraestructura sanitaria; y la formulación de la Tercera Posición como doctrina de política exterior, constituyen distintas dimensiones de un mismo proyecto político. Todas ellas expresan una concepción de Estado social activo, empresario, planificador y orientado a la organización de la vida nacional en articulación con las organizaciones libres del pueblo.

Límites del IAPI

Para 1952 ya eran evidentes las dificultades que enfrentaba el proceso de impulsado por el peronismo. La caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios —explicada en parte por la recuperación de las economías centrales a partir del financiamiento estadounidense del Plan Marshall— redujo considerablemente la capacidad argentina de colocar sus exportaciones en condiciones favorables.

A esto se sumaba el compromiso asumido por el gobierno de sostener precios internacionales para los productores agropecuarios, situación que terminó abriendo una etapa deficitaria para el IAPI. De este modo comenzaron a manifestarse algunos límites estructurales de la política económica, especialmente aquellos vinculados a la persistencia de un régimen de propiedad agraria altamente concentrado en manos del sector terrateniente, que condicionaba las posibilidades de financiamiento del proyecto industrializador.

En ese contexto, el IAPI fue dejando atrás su función inicial de organismo centralizador del comercio exterior para asumir un rol cada vez más orientado a subsidiar la actividad privada y absorber pérdidas empresariales. Esta tendencia se profundizó con el Segundo Plan Quinquenal implementado a partir de 1952. A diferencia del primero —centrado en la redistribución del ingreso y la expansión del consumo interno—, el nuevo programa económico puso el acento en el ahorro, el aumento de la productividad, el control de precios y el fortalecimiento de la producción agropecuaria como vía para superar las restricciones externas.

Las tensiones derivadas de este giro económico se expresarían posteriormente en los antagonismos surgidos durante el Primer Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social de 1955, donde comenzaron a evidenciarse con mayor claridad las disputas entre patronales y trabajadores organizados.

Al mismo tiempo, el deterioro de los términos de intercambio obligó al IAPI a recurrir al crédito bancario, acumulando niveles de endeudamiento cada vez más elevados. Su traspaso desde la órbita del Banco Central al Ministerio de Economía implicó además una serie de reformas que redujeron su capacidad de intervención y debilitaron su papel monopólico en el comercio exterior. El organismo dejó de participar en la negociación de convenios comerciales internacionales y perdió facultades para operar sobre el mercado de divisas vinculadas al comercio exterior.

En definitiva, a lo largo de su existencia el IAPI atravesó una transformación profunda donde pasó de ser una herramienta estratégica de control estatal sobre sectores clave de la economía y el comercio exterior a convertirse progresivamente en un organismo con funciones limitadas orientadas a subsidiar la actividad privada y compensar desequilibrios económicos.

Preguntas finales

Dejaremos para otra oportunidad el análisis de las principales características que asumieron los gobiernos de filiación peronista tras la muerte del General, así como el debate acerca de su mayor o menor correspondencia con la doctrina justicialista originaria. Sin embargo, a la luz de las dificultades, falta de rumbo y coraje del último gobierno peronista encabezado por Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como principal referencia política del espacio y Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, resulta pertinente formular algunos interrogantes.

Si las experiencias del GOU y del primer peronismo estuvieron asociadas a un proceso de transformación institucional, ampliación de la capacidad de planificación estatal y redefinición de las relaciones entre el Estado, el mercado y los sectores populares, cabe preguntarse si es posible modificar de manera profunda la estructura económica y social argentina sin un proyecto soberanista de similar profundidad.

¿Es posible revertir los mecanismos de dependencia y concentración económica sin reconstruir capacidades estatales de planificación y conducción del desarrollo? ¿Puede avanzarse hacia una distribución más equitativa de la riqueza socialmente producida sin alterar las relaciones de propiedad y control de los principales medios de producción?

Las respuestas que demos podrá llevarnos, o no, a considerar la Revolución Nacional como una necesidad histórica y un horizonte deseable. Solo el pueblo salvará al pueblo.