Las ambiciones británicas sobre Sudamérica se remontan a una estrategia sostenida a lo largo de casi tres siglos mediante acciones militares, diplomáticas y económicas. Sin embargo, en la escuela la historia suele resumirse a los episodios de las invasiones de 1806-1807 y la guerra del Atlántico Sur de 1982. Ese recorte deja fuera un entramado mucho más amplio de intereses y disputas. Volver sobre los mismos, nos permite reconstruir una mirada más amplia sobre nuestro enemigo histórico a vencer.

Colonia de Sacramento

En el marco de la Guerra de los Siete Años, Gran Bretaña y Portugal impulsaron una operación militar conjunta con el objetivo de ampliar su dominio sobre los territorios sudamericanos. La pieza clave de esa estrategia era la toma de Colonia del Sacramento. El plan contemplaba un reparto de la región: Portugal consolidaría su control sobre la margen oriental del Río de la Plata, mientras que Inglaterra buscaría establecerse en la ribera occidental.

A comienzos de enero de 1763, las fuerzas anglo-portuguesas lanzaron el ataque contra Colonia del Sacramento. Las fuerzas invasoras terminaron siendo derrotadas por el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos.

Malvinas

El 23 de enero de 1765, una expedición británica al mando del comodoro John Byron desembarcó en la isla Trinidad, en el archipiélago de las Malvinas. Tras tomar posesión del territorio, rebautizó la isla con el nombre de Saunders y fundó Puerto Egmont.

Mediante una Real Cédula, la Corona incorporó formalmente las Islas Malvinas a la jurisdicción de Buenos Aires y encomendó a su gobernador, Francisco de Paula Bucarelli, la expulsión de las fuerzas invasoras. La misión fue llevada a cabo por una escuadra al mando de Juan Ignacio de Madariaga, quien, tras un combate en Puerto Egmont, forzó la rendición de la guarnición británica y restableció el control español sobre el archipiélago.

Tierra del Fuego

En 1788, tropas británicas ocuparon la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados como parte de su estrategia para controlar los pasos interoceánicos del extremo sur. La respuesta española estuvo a cargo del virrey Loreto, quien logró la expulsión de los británicos entre 1790 y 1791.

Este episodio dio lugar a la firma del Tratado de El Escorial de 1790 estableciendo la prohibición para los británicos de navegar y pescar dentro de un radio de diez leguas de los territorios españoles en el Atlántico Sur, reafirmando los derechos de la Corona española sobre la región.

Buenos Aires

El 25 de junio de 1806, tropas británicas provenientes del Cabo de Buena Esperanza, tras apoderarse de las colonias holandesas en África, desembarcaron en las costas de Quilmes bajo el mando de Home Popham y William Carr Beresford. La ciudad de Buenos Aires cayó prácticamente sin ofrecer resistencia. Mientras el virrey Rafael de Sobremonte emprendía la retirada hacia Córdoba, buena parte de las autoridades coloniales, el obispo y los principales representantes de la llamada "gente de bien" optaban por capitular y jurar fidelidad al invasor.

La ofensiva británica sobre Sudamérica respondía a una estrategia imperial de largo alcance, similar a la desplegada en África: asegurar el control de los principales pasos interoceánicos y consolidar su dominio sobre las rutas del comercio mundial.

Tras 46 días de ocupación, la población del Virreinato del Río de la Plata se levantó en abierta resistencia. Encabezados por Martín de Álzaga, Santiago de Liniers, Cornelio Saavedra y el gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, miles de milicianos y vecinos organizaron la contraofensiva que puso fin a la ocupación. El 12 de agosto, Beresford capituló ante Liniers y las milicias criollas, que habían derrotado a uno de los ejércitos más experimentados de Europa.

El 28 de junio del año siguiente, una fuerza expedicionaria mucho mayor, comandada por el general John Whitelocke, desembarcó con el objetivo de recuperar Buenos Aires. La respuesta popular volvió a imponerse y las tropas invasoras fueron nuevamente derrotadas.

Malvinas y el Paraná

El 3 de enero de 1833, dos buques de guerra británicos desalojaron por la fuerza a las autoridades argentinas de Puerto Soledad y consumaron la usurpación de las Islas Malvinas. La ocupación fue precedida por un ataque que debilitó la presencia argentina en el archipiélago: el 31 de diciembre de 1831, el capitán estadounidense Silas Duncan, al mando de la USS Lexington, saqueó y destruyó las instalaciones establecidas bajo la administración de Luis Vernet.

Frente a la agresión, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, instruyó a su ministro plenipotenciario en Londres, Manuel Moreno, para presentar el reclamo formal contra la ocupación británica y reafirmar los derechos de las Provincias Unidas sobre las islas.

Lejos de retroceder, el Imperio británico profundizó su política de expansión en el Río de la Plata. A la ocupación de Malvinas sumó la presión para imponer la libre navegación de los ríos interiores en beneficio de su comercio. El combate de Vuelta de Obligado y la Guerra del Paraná de 1845-1846 dejaron al descubierto que las ambiciones británicas chocaban de frente con el proyecto de soberanista de Rosas y el federalismo rioplatense.

God save the queen

La Argentina surgida tras las batallas de Caseros (1852) y Pavón (1861), quedó organizada bajo la hegemonía de la oligarquía terrateniente. El modelo agroexportador, diseñado para garantizar la acumulación de riqueza de ese reducido grupo social, descansó sobre una estrecha alianza con Gran Bretaña, principal destino de las exportaciones argentinas y potencia dominante de la economía mundial.

Esa dependencia económica fue acompañada por sucesivas concesiones políticas: la aceptación de la libre navegación de los ríos interiores, el silencio frente a la ocupación británica de las Islas Malvinas, los privilegios otorgados al capital inglés y el Pacto Roca-Runciman, definido por Arturo Jauretche como el "estatuto legal del coloniaje".

El progreso de una minoría se sostuvo sobre la explotación de los sectores trabajadores y la creciente cesión de soberanía. La Argentina oligárquica y liberal funcionó, en los hechos, como una pieza subordinada del imperio británico.

Antártida

Hasta la firma del Tratado Antártico en 1959, el Reino Unido desplegó una política sistemática de avance sobre la presencia argentina en el continente blanco. Frente a esa ofensiva, los gobiernos de Juan Domingo Perón impulsaron una estrategia de consolidación de la soberanía antártica en la que la labor del general Hernán Pujato ocupó un lugar central.

Las disputas no cesaron con el tratado. Entre las varias afrentas, a comienzos de la década de 1970, el Departamento de Geología de la Universidad de Birmingham, por encargo de la Cancillería británica, elaboró el denominado Informe Griffiths (1971), que alentó nuevas exploraciones sobre el potencial hidrocarburífero del área. Esa política tuvo uno de sus episodios más tensos el 3 de enero de 1976, cuando, al cumplirse exactamente 143 años de la usurpación de las islas, Lord Shackleton encabezó una misión destinada a verificar la existencia de recursos petroleros en aguas argentinas.

En un gesto de reafirmación soberana, la presidenta Isabel Perón ordenó al ARA Almirante Storni interceptar al buque británico, que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino.

La misión británica rechazó ser inspeccionada. Ante la negativa, el ARA Almirante Storni efectuó varios disparos de advertencia sobre la proa del Shackleton, que continuó su navegación. El incidente llevó al gobierno argentino a retirar a su embajador en Londres y a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido. El golpe de Estado de 1976 interrumpió clausuró la posibilidad de profundizar la respuesta política frente a la nueva provocación británica.

Posguerra y democracia condicionada

La recuperación de las Islas Malvinas en 1982 implicó el enfrentamiento militar con el usurpador colonial y, en ese sentido, inscribió la guerra en una larga tradición de lucha por nuestra soberanía. Sin embargo, la conducción cívico-militar del gobierno fue incapaz de convertirla en un verdadero proceso de liberación.

Las consecuencias de la guerra y el tipo de restauración democratizante que se operó en 1983 implicaron que mientras el Gran Bretaña consolidaba su ocupación sobre las Islas Malvinas y avanzaba sobre los recursos estratégicos del Atlántico Sur, una serie de decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos argentinos terminaron por institucionalizar una política de concesiones que significaron una renuncia de hecho al ejercicio de la soberanía.

El primer paso fue dado en Madrid. Tras las negociaciones iniciadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el 15 de febrero de 1990 la presidencia de Carlos Menem, con Domingo Cavallo al frente de la Cancillería, firmó los Acuerdos de Madrid condicionando la política exterior, militar y económica argentina durante las décadas siguientes.

Los acuerdos limitaron la capacidad del Estado para ejercer plenamente sus derechos sobre el Atlántico Sur. A partir de entonces, cuestiones vinculadas a la defensa, la pesca, la navegación, las inversiones y la explotación de recursos naturales quedaron sujetas a un esquema de bilateralidad que, lejos de fortalecer el reclamo soberano, consolidó la posición británica en el archipiélago.

La continuidad de esa política quedó plasmada en 2016 con el acuerdo Foradori-Duncan, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. Como había ocurrido en Madrid, el acuerdo nunca fue sometido a consideración del Congreso Nacional.

Tanto el gobierno de Mauricio Macri, con clara pretensión neoliberal de corte menemista, como el de Alberto Fernández, reñido con la doctrina justicialista, allanaron el camino para que Javier Milei implementara el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como pieza central para profundiza la apertura a los capitales extranjeros, debilita la capacidad regulatoria del Estado y relegar la cuestión de la soberanía nacional. Alineamiento que también se expresa en la política exterior privilegiando el diálogo con Washington y dándole un peligroso respaldo al sionismo de Israel, país cuya empresa Navitas Petroleum participa del saqueo colonial en Malvinas.

¿Qué hacer ante el enemigo de la Patria?

La respuesta puede resumirse en: revolución nacional y guerra total.

La guerra total implica volver inviable la permanencia del enclave colonial británico en el Atlántico Sur. Para ello resulta indispensable frenar la extranjerización de la tierra y de los recursos estratégicos, al tiempo que recuperar una política de integración sudamericana basada en el desarrollo material, cultural y defensa regional conjunta.

La recuperación de la soberanía también exige reconstruir las capacidades económicas y defensivas del país: nacionalizar la banca, recuperar el control del comercio exterior, impulsar la industrialización con desarrollo tecnológico para la defensa, reconstruir la marina mercante, duplicar nuestra demografía basada en un orden familiar obrero, desconcentrar las grandes áreas metropolitanas y subordinar la propiedad de la tierra e industria al interés nacional. En el plano institucional, corresponde impedir que quienes posean doble ciudadanía con Estados cuyos gobiernos mantengan a los intereses argentinos ejerzan funciones en cualquiera de los tres poderes del Estado.

Estas son apenas algunas propuestas para abrir el debate sobre una estrategia soberanista. La soberanía solo puede sostenerse sobre la unidad patriótica, la conjunción pueblo-fuerzas armadas y una dirigencia dispuesta a impulsar una verdadera revolución nacional.