El 4 de junio de 2026, en la ciudad de Neuquén, el ministro de Energía José Gustavo Medele y el presidente de YPF, Horacio Marín, estamparon sus firmas en un documento que puede cambiar el destino energético de la Argentina: el Acta Acuerdo GNL. Cinco áreas concesionadas —Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte—, una inversión estimada en 25.000 millones de dólares y la promesa de convertir a Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas natural licuado al mundo.

El discurso oficial es brillante. El gobernador Rolando Figueroa asegura que "el GNL argentino debe ser competitivo en el mundo" y que "si no logramos precios competitivos, no habrá inversiones ni mercados para explotar". El diputado Francisco Lepore (Avanzar) habla de un "paso estratégico" que podría incrementar la producción de gas neuquina en más de un 50% y generar miles de puestos de trabajo. Horacio Marín proyecta 50.000 empleos y 10.000 millones de dólares anuales en exportaciones.

Pero detrás del brillo, hay un texto de 14 páginas que merece ser leído con lupa. Un análisis crítico del Acta Acuerdo GNL, elaborado por técnicos con conocimiento profundo de la industria, revela una cesión de soberanía fiscal y jurisdiccional sin precedentes en la historia hidrocarburífera de la provincia.

Regalías: el corazón del problema fiscal

El acuerdo establece una escala de regalías sobre el gas destinado a licuefacción: 7,5% cuando el precio internacional JKM es inferior a 16 dólares por millón de BTU; 10% cuando se encuentra entre 16 y 20 dólares; y 12% cuando supera los 20 dólares. Esto es significativamente inferior al 12% que fija la Ley 17.319 como piso general para hidrocarburos gaseosos, y muy lejos del 18% que admite como techo. En un proyecto de exportación de GNL —donde los márgenes son elevados precisamente por la diferencia entre el precio del gas en boca de pozo y el precio internacional— la provincia resigna renta en el tramo más valioso de la cadena.

El mecanismo de revisión trienal agrava el problema. Los umbrales de 16 y 20 dólares se ajustan cada tres años según el "Ratio" entre el precio internacional JKM y el precio del gas a industria, pero el ajuste es de apenas más o menos 2 dólares por millón de BTU, "independientemente de cuánto se aleje el Ratio". Si el GNL cotiza sostenidamente a 25 o 30 dólares —escenario perfectamente posible en un contexto geopolítico turbulento—, la banda solo se desplaza 2 dólares. La provincia no captura el upside de precios extraordinarios. Es un techo de cristal. No deja de ser paradójico que el gobierno de Figueroa haya estado discutiendo durante meses "el establecimiento de una regalía específica para el metano, estimada en un principio entre un 5% y 7%", y que el acuerdo final haya terminado en un 7,5% como piso, apenas medio punto por encima de lo que la propia provincia consideraba inicialmente un piso razonable.

Estabilidad fiscal por 30 años: la soberanía congelada

El artículo 2 del Acta Acuerdo GNL garantiza un régimen de estabilidad fiscal que se extiende "hasta treinta (30) años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del PROYECTO GNL". En un proyecto que puede operar en fases sucesivas, esto podría proyectarse fácilmente hasta 2060 o 2070. Durante ese período, la provincia no puede crear nuevos tributos que alcancen al proyecto, ni modificar alícuotas, bases imponibles o hechos imponibles vigentes, ni eliminar exenciones o cambiar criterios interpretativos que resulten más gravosos.

El análisis crítico al acuerdo que circuló en éstos días señala que "esto incluye eventuales impuestos ambientales, tasas de infraestructura regional o contribuciones sociales que la provincia pudiera necesitar en el futuro. El costo fiscal potencial es enorme e indeterminado". Es decir, Neuquén se ata las manos por tres décadas. Si el día de mañana la provincia necesita financiar una obra de mitigación de crecidas en el río Neuquén —algo que, según el Foro en Defensa de los Ríos y Represas, es urgente— no podrá gravar al proyecto que se beneficia de la infraestructura provincial.

Ingresos Brutos: exención sin tope ni control

El acuerdo exime del Impuesto a los Ingresos Brutos todas las transacciones entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU) dentro del proyecto GNL cuyo destino final sea la exportación. De ello se siguen tres problemas graves: no hay un tope en volumen ni en valor sobre el cual aplica la exención; la condición "destino final exportación" es difícil de controlar cuando los hidrocarburos pasan por múltiples etapas y vehículos societarios distintos; y la provincia no recibe compensación alguna por esta exención. En un proyecto de esta escala, el monto de IIBB resignado puede ser extraordinario.

El bono de infraestructura: un número que no cierra

El artículo 3 del Acta Acuerdo GNL establece un bono de infraestructura de 175 millones de dólares. A primera vista, suena a mucho dinero. Para ponerlo en perspectiva: un proyecto GNL de esta escala implica inversiones del orden de 30.000 a 50.000 millones de dólares en toda la cadena. 175 millones representa menos del 0,5% de la inversión total. Además, el bono incluye IVA, con lo cual el componente neto para la provincia es menor. La definición de las obras queda para un acta complementaria posterior, lo que le da al concesionario margen de negociación sobre el destino. Y en caso de desacuerdo, la provincia puede definirlo unilateralmente, pero "eso presupone capacidad técnica y política de presión que no siempre existe. 175 millones de dólares sobre 25.000 millones de inversión es, en términos relativos, el vuelto de una compra grande.

Arbitraje en París: el fin de la soberanía judicial

El artículo 7 del Acta Acuerdo GNL somete casi todas las controversias al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Las excepciones son limitadas: cobro ejecutivo de tributos, orden público y materia penal/ambiental. Un arbitraje internacional CCI cuesta millones de dólares en honorarios y costas, dejando a la provincia en "desventaja estructural frente a YPF y sus socios internacionales en cualquier litigio". Además, la interpretación de qué es "materia ambiental reservada a tribunales locales" versus controversia contractual puede ser disputada, dejando incluso conflictos ambientales en zona gris.

Es decir: si el día de mañana la provincia considera que YPF o sus socios vulneraron alguna cláusula del acuerdo, no podrá recurrir a sus propios tribunales. Deberá litigar en París, con abogados internacionales, en inglés o francés, y con un costo que el presupuesto provincial difícilmente pueda afrontar. El Foro en Defensa de los Ríos y Represas lo sintetiza con crudeza: "Esta sumisión al interés de las grandes empresas [...] nos ata a decisiones de tribunales extranjeros". La renuncia a la jurisdicción local es, quizás, la cesión más grave de soberanía que una provincia puede hacer.

El vacío legal: lo que el acuerdo no dice

El análisis crítico elaborado por profesionales del sector señala una larga lista de omisiones. No hay cláusula de contenido local obligatorio, con lo cual la provincia no asegura empleo neuquino ni proveedores locales. No hay compromisos de procesamiento local de condensados y NGLs, con lo cual el gas se exporta sin valor agregado provincial. No hay esquema de participación provincial en el capital del proyecto. No hay mecanismo de revisión ante cambio de control de YPF. No hay cláusula de trato más favorable que proteja el estándar provincial frente a acuerdos futuros con otros operadores.

El costo de la resignación

Los defensores del acuerdo argumentan que sin estos incentivos, el proyecto no sería viable. Que la competencia internacional por inversiones en GNL es feroz. Que la Argentina necesita divisas. Que el empleo y la actividad económica justifican la renta fiscal resignada.

El análisis crítico de los profesionales plantea la pregunta central: "Si los beneficios en términos de actividad, empleo e infraestructura justifican la renta fiscal resignada durante tres décadas. Esa ecuación depende de supuestos sobre precios internacionales, volúmenes y cronogramas que la provincia asumió sin que queden explícitos en el texto".

El Foro en Defensa de los Ríos y Represas es más categórico: "Ante un proyecto que propone disminución de regalías, no propicia el 'compre neuquino' y se somete a la Provincia a tribunales extranjeros, nos resulta inaceptable que se comprometa una concesión a 30 años en estos términos". La organización advierte que "la quita de regalías atenta contra la disponibilidad de dinero para la necesaria construcción de las represas faltantes para la mitigación de crecidas en el río Neuquén".

La hipoteca que viene

El Acta Acuerdo GNL es un documento que refleja el modelo económico del gobierno de Milei y del gobernador Figueroa: maximizar la rentabilidad de las grandes corporaciones a costa de la soberanía provincial. Menos regalías, menos impuestos, menos control jurisdiccional. Y a cambio, un bono de infraestructura que es una fracción ínfima de la inversión total.

El gobernador Figueroa sostiene que "establecimos un valor mínimo y uno máximo donde recuperamos determinado nivel de regalías". Lo que no dice es que esos valores están muy por debajo de lo que la ley permite, que la estabilidad fiscal congela cualquier posibilidad de capturar renta extraordinaria, y que el arbitraje internacional convierte a la provincia en una socia menor de un negocio que no controla.

YPF, ENI y XRG se llevarán el gas, las ganancias y el control. Neuquén se quedará con el bono, la promesa de empleo y la certeza de que, durante tres décadas, no podrá modificar ni un solo impuesto que afecte al proyecto. El Acta Acuerdo GNL no es un convenio. Es una hipoteca. Y los neuquinos, sin haberlo votado, acaban de firmar la escritura.