La historia no es una fábrica de feriados. Es un testimonio en carne de viva del sacrificio de generaciones y generaciones de compatriotas que dieron su vida para tener el país que habitamos. Durante décadas, los que se pretenden dueños de la historia por ser dueños de todas las otras cosas, pretendieron que el 20 de noviembre pase desapercibido en nuestro calendario.

Un 20 de noviembre, pero de 1845, las fuerzas de la Confederación Argentina, conducida en sus relaciones exteriores por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Brigadier General Juan Manuel de Rosas enfrentó a las dos principales potencias imperialistas de la época: Francia y Gran Bretaña. Estas potencias, que bloqueaban el puerto de Buenos Aires, pretendían imponer la libre navegación de nuestros ríos interiores.

La prepotencia imperial remontó el rio Paraná en naves de guerra y barcos mercantiles. Las fuerzas de la Confederación comandadas por el General Lucio Mansilla, en un recodo de ese río, cercano a la localidad de San Pedro, colocaron barcas enlazadas por cadenas y dispusieron unos cuantos cañones para dar batalla. Y la dieron.

El 20 de noviembre, pero de 2025, el gobierno que se ofrece como instrumento de ocupación para las potencias imperiales de ésta época, continúan celebrando un acuerdo de subordinación colonial redactado en los Estados Unidos para profundizar el condicionamiento político, económico y social que se ejecuta sobre el destino de nuestra Patria.

En esta edición de InfoNativa, compartimos un informe de Rodolfo Pablo Treber, analista económico, dirigente del Encuentro Patriótico y habitual editorialista de nuestras ediciones, en el que nos ofrece una radiografìa brutal de un “acuerdo comercial” asimétrico que se parece más a una rendición y a la subordinación plena de nuestra Patria a los intereses norteamericanos que a la posibilidad de “crecimiento” y “desarrollo”, como pretende instalarlo el gobierno de Milei.

El acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos y Argentina constituye el hito de mayor profundización histórica en la subordinación económica, productiva y geopolítica del país.

Se presenta formalmente como un marco de “comercio e inversión recíprocos”, pero su estructura revela una profunda asimetría entre las concesiones otorgadas por Argentina y los beneficios obtenidos a cambio. En rigor de verdad, se trata de un contrato de adhesión, o rendición económica incondicional, a los Estados Unidos.

Se trata de un documento, en cuyo contenido se encuentran los siguientes ítems:

• Aranceles y acceso preferencial, ampliando significativamente el acceso preferencial del mercado argentino para productos estadounidenses. Esto incluye medicamentos, químicos, maquinaria, vehículos, dispositivos médicos, bienes tecnológicos y un amplio conjunto de productos agrícolas. A cambio, Estados Unidos reduce parcialmente aranceles para ciertos recursos naturales y algunos insumos de uso farmacéutico, sin ofrecer contrapartidas industriales equivalentes.
• Agricultura y cadenas agroalimentarias: se abre el mercado argentino al ingreso de ganado bovino vivo y compromete la habilitación futura de aves de corral, facilitando además regulaciones sanitarias para carnes, vísceras y lácteos estadounidenses. Esto incrementa la competencia sobre la producción local, mientras que las posibles ampliaciones de cuotas de exportación para carne argentina dependen de condiciones externas y de márgenes sujetos a las necesidades del mercado estadounidense.
• Minerales críticos y energía (en particular litio y cobre): en este capítulo, se habilita la expansión de inversiones estadounidenses con un esquema regulatorio flexible y sin exigencias de contenido local o industrialización. Esto orienta al país hacia un rol de proveedor de insumos primarios, en detrimento de la posibilidad de desarrollar cadenas de valor tecnológicas de mayor complejidad.
• Normas laborales, ambientales y empresas estatales: se establece compromisos regulatorios alineados con los estándares de Estados Unidos. Incluye cláusulas que limitan subsidios y la actividad de empresas estatales, reduciendo el margen para políticas industriales, para la protección de sectores estratégicos y para la utilización del Estado como agente de desarrollo.
• Comercio digital y datos: se reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para el almacenamiento y tratamiento de datos personales y se asegura que los servicios digitales estadounidenses no recibirán tratamiento diferenciado. Esto disminuye la capacidad regulatoria local, limita la protección de datos bajo criterios más estrictos y favorece la consolidación de grandes plataformas extranjeras.
• Dimensión financiera implícita: se sugiere que las concesiones productivas y regulatorias argentinas están estrechamente vinculadas con la búsqueda de alivio financiero. Estados Unidos ofrece respaldo político y técnico para facilitar refinanciación de deuda, acceso a financiamiento y recomposición parcial de reservas, lo cual otorga un respiro de corto plazo, pero profundiza dependencias futuras.

Esperando el impacto

No caben dudas de que esta claudicación tendrá consecuencias en el corto plazo en Argentina. Respecto de la estructura productiva, la ampliación de la apertura y el ingreso de manufacturas estadounidenses presionará fuertemente a la industria nacional, en especial a PyMEs y sectores con tecnología intermedia. En tanto que la industria farmacéutica local enfrenta riesgos por posibles ampliaciones en derechos de propiedad intelectual y por la mayor presencia de medicamentos importados con escalas de producción muy superiores.

En cuanto a las consecuencias para el empleo y el tejido social, se trata de un acuerdo que acentúa el proceso de desindustrialización, cierre de empresas y pérdida de empleos con salarios medios altos. El no tener salvaguardas industriales, ni políticas de sustitución de importaciones, ante el avance de la competencia importada, debilita el entramado pyme y afecta la distribución del ingreso con impacto regresivo. Menos empleo de calidad, menos salario.

Por otra parte, también habrá efectos en relación a las cláusulas de comercio digital, minerales críticos y funcionamiento de empresas estatales. El alineamiento con la estrategia comercial y tecnológica de Estados Unidos reduce el margen para una política exterior autónoma y limita la capacidad de aprovechar la competencia entre potencias para obtener beneficios estratégicos.

En un mundo multipolar, le damos la espalda a, aproximadamente, el 60% del comercio global, lo cual impacta de lleno sobre nuestra soberanía económica y la capacidad geopolítica del país. Además, la apertura unilateral a bienes industriales de Estados Unidos generará fricciones con Brasil y compromete esquemas productivos regionales, especialmente en automotriz y bienes de capital. Esto tensiona nuestra relación con el Mercosur, debilita la integración industrial lograda en el bloque durante décadas y pone en riesgos múltiples convenios que incluyen industrias y puestos de trabajo calificados.

A esta altura, queda a las claras el modelo de país que pergeñan con esta avanzada: profundizar la exportación de commodities, importar manufacturas de alto valor agregado y profundizar la vulnerabilidad macroeconómica de la Argentina, amplificando la restricción externa y aumentando la dependencia de precios internacionales.

En síntesis

El acuerdo comercial o, mejor dicho, el contrato de adhesión, o rendición económica incondicional, firmado entre Argentina y Estados Unidos presenta extraordinarios beneficios para la industria y exportación yanqui, mientras que limita al extremo la capacidad del país para definir su propio modelo de desarrollo. Si bien puede ofrecer un alivio financiero en el corto plazo, consolida un patrón de especialización primaria, reduce el margen de maniobra para políticas industriales y debilita la soberanía regulatoria, tecnológica y geopolítica.

En términos estructurales, políticos y sociales, sus implicancias tienden a reforzar un esquema de dependencia económica y a limitar la posibilidad de un proyecto nacional de industrialización y desarrollo autónomo. Se trata de un reordenamiento profundo de la economía argentina en beneficio de intereses externos y con consecuencias nefastas y duraderas sobre el empleo, la producción y la política económica.