Alivio parcial en ganancias

La Cámara de Senadores aprobó en general el paquete fiscal enviado por el gobierno. Sin embargo, impuso en el mismo modificaciones al proyecto salido de diputados. El cambio sustancial que atañe a los trabajadores bajo relación de dependencia, es la eliminación del título V del paquete que imponía la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. 

El proyecto aprobado en diputados estipulaba el regreso del impuesto al trabajo con un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para solteros y $2.340.000 para casados con dos hijos y que dichos topes se actualizarán semestralmente desde 2025. Según cálculos de organizaciones sindicales, de prosperar este proyecto el gravamen alcanzaría a 1,5 millones de trabajadores a fin de año.

La victoria es parcial porque la reforma impulsada en la Cámara Alta no fue votada con dos tercios de los presentes por lo que puede ser rechazada en Diputados con mayoría simple. En tal sentido, la Mesa Sindical “El salario no es ganancia” compuesta por más de 40 organizaciones gremiales, hará los esfuerzos necesarios en reuniones con diputados para evitar un resultado adverso. 

Reforma laboral regresiva

A contramano de lo ocurrido con el impuesto al trabajo, el capítulo laboral de la Ley Bases votado por el Senado es aún más regresivo que el aprobado en diputados. La reforma del articulado fue propuesta principalmente por el bloque de la UCR y consiste en una serie de puntos nocivos para los trabajadores y sus organizaciones gremiales. 

El texto aprobado por la Cámara Alta agrava el sesgo antisindical al habilitar, por ejemplo, el despido con causa de un trabajador si participa de una protesta gremial generando tomas de empresas o bloqueos, cuando el proyecto salido de diputados sólo versaba del caso de no dejar ejercer libremente el derecho al trabajo a un tercero. 

En cuanto al financiamiento de las organizaciones sindicales, si bien están autorizados los aportes patronales solidarios a los sindicatos surgidos de las paritarias, los limita al universo de sus afiliados.

Extiende el periodo de prueba para los trabajadores de los 3 meses actuales a 6 meses y hasta 8 en el caso de ser empresas de menos de 100 trabajadores en su plantilla, lo que presagia un futuro de alta rotación laboral con el fin de evitar la registración efectiva de los trabajadores. 

En cuanto a la indemnización por despido, establece la posibilidad de modificar los convenios colectivos de trabajo para crear un fondo de cese al estilo de la UOCRA cuyo aporte no podría ser mayor al 8% de la remuneración mensual. 

La reforma también se mete con el empleo estatal permitiendo al estado someter a su personal a cambios de tareas discrecionales, cambios de lugares de trabajo y despidos, aun estando de licencia. A su vez, limita fuertemente la protesta al permitir el descuento por día de paro y, por último, pone fin a la estabilidad del empleo público habilitando el pase a disponibilidad por doce meses que, una vez transcurridos, finiquitarían la relación laboral.

Más que modernización, la reforma parece una rémora pre - 1945, el sueño húmedo de un presidente que añora el régimen laboral del siglo XIX y que el radicalismo pretende hacerle realidad.