Mediante la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018, suscripta en forma conjunta por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, se solicitó un Acuerdo Stand-By, por un período de 36 meses al Fondo Monetario Internacional (FMI)[1]. El crédito efectivo fue por 31.913,7 millones de DEGs (equivalente a 44.559,9 millones de dólares).

El 18 de junio de 2018 (seis días más tarde), Luis Caputo reemplaza en la Presidencia del BCRA a Sturzenegger. Y el día 22 de junio de 2018 ingresan al BCRA 15.009,7 millones de dólares (ingresaron en dólares billetes que vinieron en avión de las oficinas de Washington del FMI, que se contabilizaron por 10.613,7 millones de DEGs).  

El 25 de septiembre de 2018 renuncia a la presidencia del BCRA Luis Caputo, porque había vendido (dilapidado sería la palabra correcta) la totalidad del primer tramo del crédito concedido por el FMI y la titular del FMI, Christine Lagarde, le comunicó al Presidente Macri que violaba el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[2] que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos.

Continuaron ingresando fondos del FMI y tal vez, con mayor precaución, pero a medida que ingresaban los dólares el BCRA los vendía.

 

Ingresos del crédito del FMI

Dicho monitoreo no lo auditó el FMI, pero tampoco el gobierno de Alberto Fernández.   Y su ministro de Economía, Martín Guzmán, renegoció el crédito Stand- By para convertirlo en un préstamo de “Facilidades Extendidas” a 10 - diez - años, con un período de gracia para pagar el capital hasta el año 2026, pero no se investigó cual fue el destino de la deuda pública.

El gobierno de Alberto Fernández aceptó toda la deuda con el FMI y aceptó la deuda en poder de los bonistas (tenedores de títulos de deuda externa) conformando un total (la suma de la deuda con el FMI más la deuda con los “bonistas”) de 97.927 millones de dólares que está pagando el pueblo argentino.

El Préstamo de Facilidades Extendidas implica acordar metas de superávit fiscal primario (antes de pagar los intereses de la deuda), de financiamiento del BCRA al Tesoro de la Nación, y de aumento de las reservas internacionales del BCRA, en forma trimestral, condición sine qua non para que el deudor (la Argentina) no pague la totalidad del capital que vence en cada trimestre y refinancie (cada vencimiento de capital) a 10 –diez años.

Se realizó la Octava revisión que atañe al primer trimestre de 2024 que la actual administración contablemente cumplió en exceso (que le hace decir al Presidente del Poder Ejecutivo el ajuste más grande de la historia) a costa de reducir fuertemente las jubilaciones y pensiones[3], la paralización de la obra pública, menores subsidios a la Energía, y la licuación de las transferencias, entre otras, a las provincias y a los comedores comunitarios y merenderos.  

Sin embargo, el FMI advirtió:

a) Que el Banco Central debe acelerar la suba del dólar oficial, que el tipo de cambio diferencial para los exportadores debe terminar a fin de junio (liquidan el 80% por dólar oficial y el 20% por Contado con Liqui);

b) Que el Gobierno argentino debe presentar un programa para salir del cepo a fines de julio 2024.

La recomendación del FMI dice textualmente: “Tras los pasos iníciales para desmantelar las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas en desmantelar todos los tipos de cambios múltiples y las restricciones cambiarias, empezando por las medidas más distorsivas, incluida la eliminación del esquema preferencial de exportación 80/20 (finales de junio de 2024) y la eliminación del impuesto PAIS antes de fines de 2024.

El Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) es el gravamen de mayor crecimiento  de la actual gestión, al extenderse a múltiples actividades que van desde los dólares que los importadores le compran el BCRA (si el importador emplea sus propios dólares en la operación no paga el impuesto, porque grava la compra del billete extranjero no la importación), como así también grava la compra de divisas de los capitales financieros que vinieron atraídos por el carry trade, pasándose de divisas a títulos en pesos y, cuando regresen a divisas, los alcanza el impuesto PAIS.  La recaudación acumulada del Impuesto PAIS  de los primeros cinco meses del año fue de $ 2.813.366 millones y representa el 8,8% del total de impuestos recaudados (por $ 31.945.696  millones), por ende su eliminación tiene un significativo costo fiscal.

El FMI considera necesario los puntos a) y b) para que el país vuelva a los mercados internacionales de deuda, esto es que en lugar de insistir con solicitarle al FMI un nuevo crédito, si se cumplen sus recomendaciones, podrá la Argentina de Milei colocar nuevamente títulos de deuda en el mercado internacional, cuando nuestro país no tiene acceso a ello desde junio de 2018 y, la tasa de riesgo país actual es de 1402 puntos básicos, o sea 14,02% por encima de la tasa prime rate de los EEUU[4]

El FMI también precisó

c) Se debe continuar con el Ajuste Fiscal para depender cada vez menos de la colocación de títulos de deuda interna. Por ello recomienda bajar aún más los subsidios y con ello se incrementan aún más las tarifas; cobrar el Impuesto a las Ganancias a los salarios; y que se realice el blanqueo de capitales.

d) Que se reinstaure la tasa positiva de interés (por encima de la inflación) para que:   ia = ie + riesgo de devaluación cambiaria

Donde:

          ia = Tasa de interés local

          ie = Tasa de interés de los EEUU

De esa manera vuelve a ser la tasa de interés de los bancos los que clasifican o descalifican proyectos de inversión, que en un país con la baja tasa de crédito al sector privado del 5,9% sobre el PIB, lo torna aún más escaso y más caro.

 

Las inconsistencias de corto y mediano plazo  

1. Desde que asumieron como ministro de economía y presidente del BCRA respectivamente, los dos socios de Anker Latinoamérica, realizan la conversión de gran parte de los encajes remunerados del BCRA (Leliq, Notaliq y pases pasivos)  en deuda del Tesoro de la Nación, de manera tal que si tomamos el precio oficial del dólar de $ 400 el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil de la administración de Alberto Fernández) la esterilización de $ 21.023.700 millones era equivalente a 52.560 millones de dólares.

Efectuamos la comparación y fecha de corte el 31 de mayo 2024, en que el total de encajes remunerados asciende a $ 18.489.248 millones, que al tipo de cambio oficial de esa fecha de $ 933,76 significa 19.800 millones de dólares, por ende, la deuda bruta del Tesoro de la Nación se incrementó por este mecanismo en 32.760 millones de dólares.

Fue un negocio de los bancos, en que sin correr ningún riesgo captaban depósitos y se lo colocaban en encajes remunerados al BCRA, ganaron fortuna por ello dada las altas tasas de interés que percibían.  Dinero que no se usó para nada, solo para esterilizarlo (léase para que no se pasen al dólar), y ahora se convierte en deuda pública.

Con otro agravante, que se reduce fuertemente el plazo promedio, de esa manera la extensión de las emisiones del Tesoro pasó de 15 meses en el año 2023 a apenas 3 meses en mayo 2024. Más deuda en la cuenta del fisco que vence a plazos más próximos.

2. También se suma a la deuda bruta de la Administración Nacional, el mecanismo de refinanciar el déficit fiscal del año 2023, estimado por la actual Secretaría de Hacienda en 5,13% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 24.624 millones de dólares) con títulos de deuda interna en su gran mayoría ajustables por inflación.

3. Finalmente, el reconocimiento de los fuertes intereses que los títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación) por 7.617 millones de dólares (es en pesos, pero la Secretaría de Finanzas de la Nación hace la conversión a dólares al tipo de cambio oficial) hace que la deuda crezca sideralmente en 65.000 millones de dólares en cinco meses de gobierno.

Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through[5] haría que los títulos en pesos se beneficiarían con la inflación.

Los intereses ganados por los tenedores de títulos de deuda interna en los primeros cinco meses del año 2024 por 7.617 millones de dólares, es mayor que el brutal ajuste sobre los jubilados (es en pesos, pero el menor haber cobrado por los jubilados y pensionados con respecto a igual lapso de 2023, por el equivalente a 1.196.000 millones de dólares); sobre las provincias (equivalente a 329.800 millones de dólares); y sobre la obra pública (equivalente a 1.792.644 millones de dólares). 

El total del gasto público acumulado por la Administración Nacional en los primeros cinco meses del año 2024 asciende a 31.466.709,3 millones, por ende, el interés devengado por los títulos de deuda interna es el 24% de dicho gasto.

El grado de crueldad hacia la población por la cobardía de no investigar quiénes se beneficiaron con la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos, y el pago exorbitante a los acreedores, no tiene límite y es imposible de equilibrar: más deuda ante un PIB que el FMI infiere que caerá este año en un 3,5% y, en un gasto público que el gobierno pretende reducir aún más, profundizando la depresión económica y con ello la exclusión social.

Y a su vez en el mediano plazo se debe afrontar la deuda externa por pagos de capital[6] e intereses para los años 2025, 2026 y 2027 (en este último año se debe sumar el BOPREAL[7] por no menos de 36.000 millones de dólares por deuda con los importadores).

Con un profundo desconocimiento de la economía argentina en general y de la administración del Estado en particular, el gobierno de Milei cree que subordinándose al RIGI (régimen de grandes inversiones) conseguirá los dólares por el crecimiento de las exportaciones e inversiones directas, que solo liquidaran en cuatro años (el mandato presidencial), pero que permite cambiar una deuda que no benefició al pueblo argentino por la cesión de nuestros recursos naturales.

Con ello cierra el objetivo de los acreedores: a cambio de papeles de deuda quedarse con el patrimonio esencialmente energético y minero de nuestro país.  El modelo extractivista y colonial triunfa sobre el modelo que crece en base al mercado interno.