El gobierno nacional, a través de una de la resolución exp PN-PR-GACOYA-002 de la CNEA (Procedimiento Normativo), puso en venta todos los activos del organismo: “centrales nucleares, plantas del ciclo combustible, reactores de investigación y centros de medicina nuclear; todo emplazamiento, predio instalación, inmueble o activo que se encuentre bajo su órbita”.

El 8 de mayo de 2026 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó el procedimiento interno que, de prosperar, pasará a la historia como el certificado de defunción de nuestra soberanía nuclear. El documento PN-PR-GACOYA-002, que lleva la firma de las máximas autoridades del organismo, establece los pasos para que cualquier interesado —nacional o extranjero, persona humana o jurídica, sin importar su origen— pueda acceder a información sensible, visitar instalaciones estratégicas y, finalmente, quedarse con activos que Argentina construyó durante 75 años de esfuerzo ininterrumpido.

Lo que el gobierno de Javier Milei disfraza de "modernización" y "apertura al capital privado" no es otra cosa que un remate. Un remate de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), valuada en más de 1.000 millones de dólares. Un remate de Dioxitek, la planta que produce el dióxido de uranio para los combustibles de nuestras centrales nucleares. Un remate de los reactores de investigación RA-1, RA-3, RA-6 y RA-10, que son la base del conocimiento que permitió a INVAP exportar tecnología nuclear a Holanda, Australia, Egipto y Argelia. Un remate de los centros de medicina nuclear que, a través del Plan Nacional de Medicina Nuclear, garantizan tratamientos gratuitos de alta complejidad contra el cáncer a los sectores más postergados de la Argentina.

Todo eso, todo, está en venta.

La CNEA no es una empresa cualquiera

Para entender la magnitud del despojo, hay que recordar qué es la CNEA. Fue creada en 1950 por un decreto del general Juan Domingo Perón, en una época en que la Argentina miraba al futuro y decidía que la tecnología nuclear no podía quedar en manos de las potencias. A lo largo de siete décadas y media, el organismo no solo desarrolló conocimiento de primer nivel mundial, sino que construyó activos físicos que hoy son patrimonio de todos los argentinos.

Argentina es uno de los apenas 35 países en el mundo que produce energía nucleoeléctrica, y está entre los 12 con mayor desarrollo tecnológico en el sector. Ese lugar en el mundo no nos lo regaló nadie: lo construimos con ingenieros, técnicos y obreros argentinos. Las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse generan alrededor del 10% de la electricidad del país, con una tecnología que dominamos completamente. El reactor Carem, el primer reactor modular pequeño (SMR) del mundo diseñado íntegramente con tecnología nacional, estaba entre los cuatro proyectos más avanzados del planeta, según la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Ese Carem, que tenía completado el 85% de su ingeniería civil y una inversión acumulada de más de 560 millones de dólares, fue declarado "fracaso" por el gobierno de Milei y puesto en un congelamiento absoluto. Hoy, ni siquiera se permite mencionar su nombre en las reuniones técnicas de la CNEA. El equipo de ingenieros que lo desarrollaba fue desmantelado. En su lugar, el Plan Nuclear Argentino que impulsa el asesor presidencial Damián Reidel, propone construir cuatro reactores ACR-300, una tecnología que recién está en fase de diseño y que fue patentada por INVAP en Estados Unidos, no en la Argentina.

¿Qué lógica tiene abandonar un proyecto propio con 85% de avance para empezar de cero con uno extranjero? La lógica de la subordinación. El gobierno de Milei adhirió en septiembre de 2025 al programa FIRST (Fundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology) de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer país de América Latina en formar parte de ese "club de compradores" de tecnología nuclear yanqui.

El Plan Nacional de Medicina Nuclear: de herramienta de salud pública a mercancía

La medicina nuclear es, quizás, el área donde el desguace de la CNEA tendrá consecuencias más inmediatas y más crueles. El Plan Nacional de Medicina Nuclear (PNMN) fue lanzado en 2014 con un objetivo claro: ampliar en un 40% las capacidades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas en todo el territorio nacional, garantizando el acceso equitativo a servicios de alta complejidad. Bajo ese plan, se construyeron centros en Formosa, Santa Cruz, Salta, Chaco, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires y otras provincias, equipados con tecnología de punta para detectar y tratar el cáncer. Tenemos el equipo de protonterapia instalado y frenada su puesta en marcha, único en el mundo hispanoparlante, con el que se podría salvar miles de vidas al año

Estos centros que hoy dependen de la CNEA y de las fundaciones que la integran, ofrecen servicios gratuitos a los sectores de menores recursos. El 80% de su capacidad operativa se utiliza en el sistema público de salud. Sin ellos, un trabajador de Formosa o de Santa Cruz que necesite un PET-CT o una sesión de radioterapia tendría que viajar a Buenos Aires, pagar un tratamiento privado o, simplemente, morirse sin diagnóstico.

Ese es el negocio que se viene. La privatización de la medicina nuclear significa que esos equipos, esos centros, esa infraestructura, pasarán a manos de empresas privadas —probablemente extranjeras— que fijarán sus propios aranceles. Como denunció el propio: "Si no, no van a tener los sectores de bajos recursos, va a quedar en manos del sector privado, a valores altísimos, con altas ganancias y sin acceso a la mayoría de la población, lo que va a generar muertes. No poder diagnosticarse un cáncer y no tratárselo es una sentencia de muerte."

La nueva colonia: uranio, deuda y dependencia

El verdadero objetivo del Plan Nuclear Argentino de Milei no es abaratar la energía ni garantizar tratamientos médicos. Es abrir la puerta a las corporaciones estadounidenses para que se apropien de nuestros recursos estratégicos, tal como lo están haciendo en Vaca Muerta y en la minería del litio sectores que no solo no están generando nuevos puestos de trabajo, sino que hace dos años se vienen reduciendo la cantidad de trabajadores directos a la par que aumentan sus ganancias las multinacionales y 5 o 6 empresas nacionales que concentran el 80% del negocio con el petróleo y el gas parecido pasa con el litio

El mecanismo es claro. En agosto de 2025, Dioxitek —una empresa estatal que depende de la CNEA— firmó un memorándum de entendimiento con la empresa estadounidense Nano Nuclear Energy para suministrarle hexafluoruro de uranio. En abril de 2026, esa misma empresa anunció una inversión de más de 230 millones de dólares para reactivar la Planta de Uranio de Formosa (NPU), una obra paralizada desde 2015. Formalmente, Argentina mantendría la propiedad de la planta. En los hechos, Nano Nuclear Energy se convertirá en "socio productor" con control operativo y derecho de exportación del material.

Pero el negocio no termina ahí. Nano Nuclear Energy también firmó un acuerdo con UrAmerica, una empresa con intereses mineros en la provincia de Chubut, para desarrollar allí la minería de uranio . El objetivo declarado es "fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos mediante el abastecimiento de materiales para combustible nuclear desde un socio confiable". Es decir: Argentina va a extraer el uranio, lo va a procesar, se va a endeudar para terminar las plantas —probablemente bajo el RIGI, que ya mostró su verdadera cara en Vaca Muerta— y el producto final se va a exportar a Estados Unidos para que allá generen energía y desarrollo industrial. Con el agravante de que la mina de Uranio de San Rafael está con sus instalaciones listas para explotar uranio sin necesidad de invertir un centavo

El silencio cómplice y la tarea pendiente

El procedimiento de la CNEA que autoriza el "acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas" no es un documento inocente. Es la llave que abre la puerta a los inversores extranjeros para que recorran nuestras instalaciones, evalúen nuestros activos, pesquen a nuestros técnicos más calificados y preparen sus ofertas de compra. Todo bajo el manto de la "confidencialidad" y con la garantía de que el Estado argentino no pondrá ningún obstáculo.

Hasta ahora, este plan de remate ha recibido escasa cobertura en los grandes medios. No es casualidad. La misma dirigencia política que hoy aplaude el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que nos salvó de pagar 16.000 millones de dólares a los fondos buitre por la expropiación de YPF, guarda un silencio cómplice frente a la liquidación de la CNEA. Porque una cosa es defender la soberanía jurídica cuando no cuesta plata, y otra muy distinta es defender la soberanía tecnológica, industrial y sanitaria cuando implica enfrentarse a los intereses de Estados Unidos.

Los trabajadores de la CNEA, las empresas públicas como ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) y la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada), los profesionales de la medicina nuclear y los ingenieros de INVAP estamos alerta. Sabemos lo que está en juego. No es solo un conjunto de activos físicos; es la capacidad de la Argentina para producir energía limpia y soberana, para tratar el cáncer de sus ciudadanos más pobres, para exportar tecnología con valor agregado en lugar de materias primas, para ser un país que piensa por sí mismo.

El gobierno de Milei, alineado incondicionalmente con Washington, decidió que ese modelo no sirve. Que lo que sirve es la Argentina del siglo XIX: un país de terratenientes que venden lo que la naturaleza les regala y compran todo lo que necesitan -desde ladrillos hasta tecnología nuclear- en el exterior. Es el mismo proyecto de Vaca Muerta, el mismo del RIGI, el mismo de la extranjerización de la tierra y la energía, el mismo de la desindustrializacion y destrucción de la educación pública. En ese país, 25 millones de argentinos estamos de más.

Pero no nos van a encontrar de brazos cruzados. Defender la CNEA es defender la Patria. Y esta pelea, como tantas otras en nuestra historia, recién comienza.

Los sindicatos las organizaciones sociales y el pueblo en general debe levantarse en defensa de la Patria, la vida y una Argentina que nos incluya a todos. Nos hablan del Estado como si fuese una cosa ajena a todos.

El Estado, el conocimiento con inversión estatal es de todos y cada uno de nosotros, de nuestros padres y abuelos. Es lo construido con el esfuerzo de generaciones enteras. Cada milímetro de tierra de una propiedad del Estado, cada tornillo de ente de investigación como el INTA, el INTI y la CNEA, cada centro atómico, cada central nuclear, fue construida con el esfuerza y ahorro de cada argentino que le faltó un hospital, una escuela, un subsidio, una calle que no se asfaltó, una vivienda social que no se hizo; con cada peso de un pedazo pan que pagamos en la panadería del barrio, con cada impuesto de la boleta de luz o la garrafa. Con cada uno de esos pesos, se construyeron los logros y orgullos que permitieron posicionarnos dentro de los 12 países con mayor desarrollo nuclear del mundo, uno de los cinco que enriquece Uranio y uno de los pocos que exporta reactores de investigación compitiendo con Estados Unidos, China, Rusia y Francia.

Durante el menemismo se desmanteló el sistema y la CNEA perdió en los hechos su rol rector. Se intentó privatizar o destruir todo, se perdió la capacidad de producir Uranio natural en nuestras minas y se paró Atucha II que tenía un 82 % de avance.

El macrismo, por su parte, continuó con este plan a partir de su primer día de gobierno, debido a que durante los 12 años de Néstor y Cristina, si bien se reactivó el sector al ritmo de la terminación de Atucha II y se dinamizó el Carem, no se logró revertir el desguace y la falta de coordinación al sacarle el rol rector a la CNEA, la única que tenía un visión sistémica y fortaleció su plan de desarrollo de investigación básica en desmedro de su rol tecnológico desde su creación hasta la vuelta de la democracia.

Milei viene a implementar el plan de destrucción iniciado por la dictadura, continuado por Ménem y Macri. El mileísmo intentará cerrar la destrucción en el marco de la primarización de toda la economía argentina, para lo cual no se necesita industria, profesionales ni trabajadores calificados.

Quien se erija como opositor no solo debe levantar la voz contra esto sino pensar y desarrollar el rol que tiene pensado para la Argentina en la distribución mundial del trabajo en el siglo XXI, y cómo llevarlo adelante si queremos un país justo, libre y soberano, con trabajo para todes. Hay que dejar la consigna fácil y pensar la Argentina de los próximos 50 años en el contexto mundial.

Cada centavo invertido volvió en energía limpia, tratamientos y diagnósticos contra el cáncer e insumos para la industria y profesionales altamente calificados sin importar su origen social. No dejemos que nos roben eso. Tardamos 75 años en construirlo y si lo destruyen no podremos recuperarlo en dos ni tampoco en cuatro años. Defendamos la CNEA con la misma convicción que Belgrano, San Martin, Güemes y Moreno defendieron la Patria y lucharon por una Sudamérica unida justa libre y soberana.