Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, habló esta semana en “Argentina at Silicon Valley”, un evento que reunió a emprendedores, inversores y referentes tecnológicos en Estados Unidos. Su propuesta es ambiciosa: “La Argentina puede contribuir a la resiliencia global de la infraestructura digital. Está estratégicamente ubicada en una región libre de conflictos bélicos, está atrayendo inversiones en el espacio digital y cuenta con Vaca Muerta como una fuente de energía confiable, estable y de menores emisiones”. Galuccio plantea que los desarrolladores de data centers necesitan enormes cantidades de gas y electricidad, y que tiene “mucho sentido desarrollar data centers cerca de las cuencas de shale: de un lado hay abundancia de gas y del otro, una demanda creciente de energía”.

El argumento central es que “transportar datos cuesta entre 90% y 99% menos que transportar gas o electricidad”. Es decir, en lugar de exportar el gas, conviene “exportar” la capacidad de cómputo. La propuesta suena razonable. Incluso podría parecer una oportunidad para agregar valor en origen. Pero es, en realidad, la profundización de la misma trampa que viene vaciando a la Argentina desde hace una década.

La lógica que no cambia

Galuccio no es un recién llegado. Fue presidente de YPF durante el kirchnerismo, luego se fue y fundó Vista Energy, hoy la principal exportadora de petróleo del país. Su empresa no produce para el mercado interno: exporta la mayor parte de lo que extrae. No invierte en industrialización: se endeuda y gira utilidades. No genera empleo de calidad: la propia actividad petrolera destruye puestos de trabajo. Y ahora propone un nuevo negocio: vender gas para que otros —los gigantes tecnológicos de Silicon Valley— instalen data centers en la Argentina.

El problema no es la tecnología. El problema es la lógica. Los data centers no son una “nube inmaterial”. Son infraestructura física que demanda enormes cantidades de energía, agua y suelo. Como señaló el informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) sobre el Súper RIGI, “un data center no es una nube inmaterial: requiere energía, agua, suelo, conectividad y equipamiento; puede generar fuertes presiones sobre las redes y, una vez superada la etapa de construcción, no necesariamente produce empleo significativo, transferencia tecnológica ni desarrollo local”. La Agencia Internacional de Energía estima que los data centers consumieron unos 415 TWh en 2024, alrededor del 1,5% de la electricidad mundial, y proyecta que podrían duplicar su consumo hasta unos 945 TWh en 2030. “Su concentración territorial puede generar impactos locales relevantes sobre las redes eléctricas”.

La propuesta de Galuccio no contempla obligaciones exigibles de transferencia tecnológica, radicación de capacidades científicas, formación de trabajadores, desarrollo de proveedores nacionales, disponibilidad de servicios para el mercado interno o mecanismos de recuperación de beneficios frente a incumplimientos. “El régimen extiende hacia la economía digital una lógica ya consolidada en los sectores extractivos de recursos naturales, basada en otorgar beneficios excepcionales sosteniéndolos en el largo plazo a inversiones altamente concentradas sin establecer contraprestaciones proporcionales en materia de empleo, tecnología, integración productiva, protección ambiental o soberanía sobre infraestructuras críticas”.

La fuga que no se nombra

Galuccio habla de “resiliencia global” y de “atraer inversiones”. Pero no menciona la fuga de divisas que el propio modelo genera. El informe del Observatorio de Energía de EJES documentó que, durante el primer semestre de 2026, las empresas del sector energético dolarizaron excedentes por USD 2.511 millones —la mitad del saldo comercial generado por la actividad— a través de giros de utilidades, pago de intereses, repatriación de capitales y servicios empresariales. “Sumando el pago de intereses, los giros de utilidades, la repatriación de capitales y otros mecanismos, el sector dolarizó excedentes por 2.511 millones de dólares en el primer semestre del año: la mitad del saldo comercial se perdió por esta vía”.

El propio Galuccio lo dijo sin vueltas en París, cuando le preguntaron por las condiciones que modificaron las perspectivas de inversión de Vista: “la posibilidad de girar dividendos al exterior”. Esa es la clave. Las inversiones no se financian con capital genuino que ingresa para quedarse: se financian con endeudamiento externo corporativo. El sector energético protagonizó un proceso de endeudamiento sin precedentes, aportando divisas por un promedio de USD 936 millones mensuales durante los primeros cinco meses de 2026. “Este monto supera al generado por las propias ventas de petróleo, convirtiendo al crecimiento de estos pasivos financieros en el principal flujo de dólares aportado por Vaca Muerta”.

Se trata, además, de divisas con destino comprometido. “Estos dólares no solo deberán retornar al exterior al momento de cancelar los capitales adeudados, sino que la propia expansión de la deuda incrementa el flujo permanente de divisas destinadas al pago de intereses”. El stock de deuda externa del sector de petróleo y gas ascendía a USD 19.809 millones al cierre de 2025. “El 97% de ese volumen corresponde a obligaciones de carácter financiero”. Y en términos acumulados durante la gestión libertaria, “cuatro de cada diez dólares tomados en el exterior por las empresas petroleras fueron contraídos con sus propias casas matrices”.

El empleo que no llega

Galuccio presenta la IA como una oportunidad para la Argentina. Pero los datos muestran lo contrario. “La minería y el petróleo crecieron 33% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, pero a la vez perdieron 7.613 puestos de trabajo”. “Esta caída se produjo pese a la expansión de actividades vinculadas a Vaca Muerta y el litio”. La industria y la construcción, los sectores intensivos en mano de obra, explican el 61% de los puestos privados destruidos. “El empleo privado registrado disminuyó 0,1% mensual en junio y acumuló una reducción de 246.300 puestos desde noviembre de 2023”. “Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026 se perdieron 600.000 puestos registrados y surgió un millón de empleos informales, con un saldo de 400.000 puestos de menor calidad, ingresos y productividad”.

La propuesta de Galuccio no revierte esta dinámica. La profundiza. Los data centers, una vez construidos, generan muy poco empleo directo. Y los que generan son altamente calificados, para técnicos especializados que, en su mayoría, vendrán de afuera. “Los proyectos de inversión deberán presentar un Programa de Desarrollo de Proveedores Provinciales” , pero el compromiso es del 20% “sujeto a condiciones de precio y calidad” , lo que en la práctica lo convierte en una cláusula vacía. “El RIGI no exige contraprestaciones verificables: ni transferencia tecnológica, ni desarrollo de proveedores locales, ni industrialización del gas o el petróleo, ni compromisos de reinversión”.

La nueva colonia

Galuccio propone que la Argentina le venda gas a los gigantes tecnológicos para que instalen data centers. Pero no propone que la Argentina desarrolle su propia industria de IA, sus propios centros de datos, sus propias capacidades tecnológicas. Propone que seamos el proveedor de energía barata de la infraestructura digital global. “La Argentina aporta territorio, energía, agua, recursos fiscales y protección jurídica, mientras las decisiones estratégicas, el conocimiento y la renta tecnológica permanecen en manos externas”. Es el mismo modelo de siempre: extraer un recurso, exportarlo sin valor agregado y permitir que la renta se fugue.

El Súper RIGI, que el gobierno de Milei impulsa en el Congreso, extiende esta lógica a la economía digital. “El régimen ofrece una reducción sustancial de impuestos, rebajas sobre las contribuciones patronales, exenciones aduaneras, facilidades cambiarias, libre disponibilidad progresiva de divisas, estabilidad normativa durante treinta años y acceso al arbitraje internacional frente al propio Estado argentino”. A cambio, “no exige obligaciones robustas de transferencia tecnológica, inversión en I+D, compra nacional efectiva, radicación de centros de investigación, formación de trabajadores, reserva de capacidad para el mercado interno, estándares hídricos y energéticos verificables, ni mecanismos estrictos de devolución de beneficios ante incumplimientos”.

La coincidencia temporal entre el tratamiento del Súper RIGI y las reuniones de funcionarios del gobierno con Peter Thiel, cofundador de Palantir, no es casual. “El diseño del régimen es funcional al tipo de inversiones que protagonizan grandes capitales tecnológicos globales”. Y Palantir no es una empresa tecnológica genérica: es una firma vinculada al análisis masivo de datos, inteligencia artificial, defensa y seguridad. “Cuando un régimen promocional abre la puerta a mega data centers e infraestructura digital estratégica sin cláusulas exigentes de soberanía tecnológica, localización de capacidades, protección de datos, control público, transparencia ambiental y desarrollo de proveedores nacionales, el problema deja de ser meramente tributario. También involucra soberanía digital, política industrial y control democrático sobre infraestructuras críticas”.

La respuesta soberanista

La propuesta de Galuccio no es una oportunidad. Es una trampa. La Argentina no necesita vender su gas para que otros instalen data centers. Necesita industrializar su propio gas, desarrollar su propia infraestructura digital, formar sus propios técnicos y garantizar que la renta de sus recursos se quede en el país. Eso implica, en primer lugar, recuperar el control estatal de la cadena de valor energética. La YPF de Mosconi no era una empresa más: era una corporación integrada verticalmente que exploraba, producía, refinaba, transportaba y comercializaba. Eso es soberanía. La YPF actual es una rueda de auxilio de las privadas y un vehículo para la extranjerización de la renta.

En segundo lugar, derogar el RIGI y el Súper RIGI. No son herramientas de desarrollo. Son mecanismos para garantizar rentabilidad extraordinaria a las corporaciones extranjeras a costa del Estado y los recursos naturales. “El RIGI no es una herramienta que pueda corregirse. Es la consagración legal del saqueo: estabilidad fiscal eterna, exenciones impositivas y libertad cambiaria para que la renta se fugue sin dejar nada atrás”.

En tercer lugar, poner fin a la fuga de divisas. La deuda intrafirma —préstamos que las casas matrices se otorgan a sí mismas a través de sus filiales argentinas— es una vergüenza. Dos de cada tres dólares de la nueva deuda del sector energético son préstamos que las empresas se hacen a sí mismas para sacar divisas del país. Eso debe ser tipificado como ilícito cambiario.

Galuccio dice que la Argentina puede contribuir a la “resiliencia global de la infraestructura digital”. Lo que no dice es que esa “resiliencia global” se construye sobre la fragilidad local. Sobre la dependencia, la fuga de capitales, la destrucción de empleo y la extranjerización de los recursos. La IA no es la oportunidad que la Argentina necesita. Es el nuevo eslabón de una cadena de dependencia que ya lleva demasiado tiempo. La pregunta no es si la Argentina puede alimentar los data centers del mundo. La pregunta es para quién. Y la respuesta, una vez más, es para los mismos de siempre.