Heinz Alfred Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fürth, Baviera, en el seno de una familia judeoalemana que emigró a Estados Unidos ante el avance del nazismo. Bajo el nombre de Henry Kissinger, durante la presidencia de Richard Nixon, se convirtió en una herramienta clave de la política exterior estadounidense profundizando su ofensiva global contra el comunismo en el marco de la Guerra Fría.

En 1969, en Taiwán, se consolidó la World Anti-Communist League (WACL). Una red internacional que nucleó a gobiernos, servicios de inteligencia y organizaciones de ultraderecha bajo una agenda común de combate al avance de movimientos marxistas y nacional-populares. Los servicios secretos de Corea, Taiwán, Sudáfrica, la contrainteligencia francesa de Argelia, la CIA, harían el trabajo “de campo”, esto es, la localización y exterminio de los objetivos. Contarían con el apoyo y financiamiento de la OTAN, de la ultraderecha europea, de la logia Propaganda 2, de la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon y las Iglesias Evangélicas.

El surgimiento del Movimiento de Países No Alineados, impulsado por Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno, Josip Broz Tito y Juan Domingo Perón, representó un desafío adicional al esquema bipolar. Desde Washington, la posibilidad de que América Latina quedara fuera de su órbita estratégica fue leída como una amenaza directa a su hegemonía hemisférica.

En ese contexto, la CIA desempeñó un papel activo en operaciones encubiertas y en la conformación de la Escuela de las Américas —ubicada primero en la Zona del Canal de Panamá y luego en Fort Benning, Georgia— formando a numerosos oficiales latinoamericanos que más tarde integrarían estructuras represivas en sus países de origen. La coordinación represiva regional alcanzó su punto más sistemático con el llamado Plan Cóndor, una red de cooperación entre dictaduras del Cono Sur destinada a perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.

La instauración en forma sincrónica de dictaduras cívico-militares en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, respondió a un trasfondo tanto ideológico como económico: reconfigurar los modelos de desarrollo, liberalizar mercados y reordenar las estructuras estatales bajo parámetros afines al capitalismo occidental.

Desde una mirada histórica de largo plazo, estos acontecimientos están vinculados con la tradición inaugurada por la Doctrina Monroe (1823), que definió a Nuestra América como esfera de influencia estadounidense. En la Guerra Fría, esa doctrina adoptó nuevas formas, combinando diplomacia, operaciones encubiertas y alianzas estratégicas para sostener la primacía hemisférica.

No es posible analizar con rigor el golpe cívico-militar de 1976 en la Argentina sin considerar a Estados Unidos como un factor determinante. La intervención no fue directa en términos formales, pero sí decisiva en el plano político, diplomático y financiero. En ese entramado, la figura de Henry Kissinger ocupa un lugar central para comprender el vínculo entre Washington y la Junta Militar.

La evidencia documental acumulada en los últimos años refuerza esa interpretación: antes, durante y después del 24 de marzo, la administración estadounidense —con Kissinger como principal arquitecto de su política exterior— brindó respaldo al régimen encabezado por Jorge Rafael Videla. Ese apoyo combinó gestos públicos de cautela con avales privados a la “lucha antisubversiva”, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y la lógica de la Guerra Fría.

El reconocimiento diplomático, el flujo de créditos y la asistencia militar no fueron decisiones aisladas sino parte de una estrategia que priorizó la estabilidad anticomunista y la apertura económica por encima de las denuncias tempranas sobre violaciones masivas a los derechos humanos. Las discusiones internas en el Departamento de Estado no alteraron, en lo sustancial, esa orientación.

Con el paso del tiempo, distintas administraciones en la Casa Blanca han impulsado procesos de desclasificación de documentos vinculados a aquel período. Presentadas como ejercicios de transparencia institucional, estas aperturas son en verdad intentos de saldar —al menos en el plano simbólico— responsabilidades históricas. Sin embargo, más que una expiación tardía, los archivos revelan la dimensión estructural del apoyo brindado y la coherencia criminal estratégica que sostuvo esa política en uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina

A comienzos de los años 70, la relación bilateral atravesó una etapa ambivalente. Mientras los gobiernos peronistas ensayaban una política exterior más autónoma —con críticas a la OEA, acercamientos al bloque socialista y gestos hacia Cuba—, Washington respondía con cautela. El prometido “Nuevo Diálogo” impulsado por Nixon y Kissinger quedó en la retórica.

Durante la presidencia de Isabel Perón, en un contexto de crisis económica creciente, el Fondo Monetario Internacional y la banca estadounidense retuvieron créditos ya aprobados, profundizando la asfixia financiera. Esa presión coincidió con el avance de los sectores golpistas. Aunque existían matices dentro del aparato diplomático estadounidense, Kissinger veía con buenos ojos la eventual llegada de los militares al poder.

Tras el 24 de marzo de 1976, el vínculo dio un giro inmediato. La designación de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía —con estrechos lazos con la gran banca internacional— fue interpretada en Washington como una garantía para los intereses económicos estadounidenses.

Documentos desclasificados muestran que, en reuniones privadas con el canciller argentino César Guzzetti, Kissinger alentó a la Junta a actuar con rapidez frente a la “subversión”. El apoyo no fue meramente retórico. Fluyeron créditos internacionales y asistencia militar. La coordinación represiva regional del Plan Cóndor en vínculo con la CIA en 1976 ya era evidente.

La llegada de Jimmy Carter en 1977 introdujo un cambio parcial: los derechos humanos pasaron a ocupar un lugar central en la propaganda de la agenda exterior de la Casa Blanca. La suspensión de la ayuda militar y el impulsó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, fue compensado con los apoyos financieros desde la banca privada estadounidense y sectores influyentes que en Washington cuestionaban la “excesiva” presión sobre gobiernos aliados en la lucha anticomunista. De esta forma se evidenciaba la continuidad de la línea “realista” —heredera de Kissinger— en la administración Carter.

Aunque ya no era funcionario, Kissinger mantuvo una influencia significativa. Su visita a la Argentina durante el Mundial de Fútbol de 1978 fue leída como un espaldarazo político a la Junta. Participó en reuniones con Videla y elogió públicamente la “lucha contra el terrorismo”, en momentos en que crecían las denuncias internacionales. La dictadura aprovechó esa presencia para contrarrestar el impacto que tendría, un año más tarde, la visita de la CIDH.

La política de Kissinger no fue un desvío coyuntural -como la de Trump hoy no es un exabrupto guerrerista- sino la expresión de una tradición geopolítica que concibió al hemisferio como zona de influencia propia, su “patio trasero” revestido de retórica anticomunista y de la promesa de estabilidad regional. Kissinger fue el arquitecto político de un sistema de apoyo estructural a los golpes y a la cooperación represiva regional que buscaban subordinar a nuestra región como reserva de materias primas y suministros para el desarrollo de su mercado y expansión económica.