379.295 pesos es lo que habrán de percibir 4 millones de jubilados que reciben la jubilación mínima por el sistema previsional de ANSES, sumando el bono congelado hace más de un año. Si el proyecto que obtuvo sanción en el Senado de la Nación el día jueves fuera promulgado por Javier Milei, esa misma cantidad de jubilados pasarían a cobrar 441.564 pesos. Poco más de sesenta mil pesos de aumento efectivo.

Alquilar un monoambiente en Buenos Aires promedia los 450.000 a 480.000 pesos según quién realiza el relevamiento.

Resulta indispensable repasar algunos números para comprender el abismo que separa la realidad, del tenso debate que simulan protagonizar las distintas fuerzas que integran la dinámica institucional del sistema político. 

Senadores de la entelequia gobernante acusando de golpe institucional frente lo que consideran un “ataque al superávit fiscal” y legisladores de la oposición argumentando la necesidad de establecer “jubilaciones dignas”.

En un país que destina la mitad del gasto público en satisfacer los rendimientos financieros de la deuda pública, en el que el desfinanciamiento del Estado llega de la mano de los incentivos fiscales a las grandes empresas que parasitan sobre una economía nacional de corte extractivista que se queda con los recursos y, además, con los dólares del comercio de esos recursos, estar discutiendo 60.000 pesos para las personas que trabajaron durante toda su vida, constituyen una vergüenza nacional que explica en forma nítida la naturaleza misma de la crisis política, económica, social y cultural que se cocina aceleradamente en nuestro país.

El desmantelamiento

Federico Sturzenegger terminó de contar los días en que se encontraba autorizado por facultades delegadas legislativamente para desmantelar -por decreto y resolución- el funcionamiento de una parte importante del Estado Nacional.

Organismos vitales para hacer funcionar un país, garantizar la vida de sus habitantes, su capacidad productiva, su desarrollo industrial, su ciencia y tecnología, fueron sacrificados en el altar ideológico de una banda de mercenarios que consideran que nuestro país no sirve para otra cosa que para asegurar el negocio y la rentabilidad de grandes empresas.

En un acto celebratorio, con la presencia de ministros, funcionarios y equipos de trabajo nutridos por empleados de estudios jurídicos, de fundaciones y pasantes de fondos especulativos y bancos extranjeros, en el que se felicitaban a si mismos por haber desmantelado el funcionamiento del Estado, se jactaron de exhibir a un Javier Milei con signos evidentes de deterioro neurológico que no termina de comprender que su única función es ser el catalizador de las consecuencias de las decisiones que se están tomando mientras él boludea en redes sociales o recibe -carpetita de apego en mano- premios insólitos por el mundo.

“Se terminó el Estado bobo” decía el empleado del Grupo Techint devenido en presidente y CEO de YPF, Horacio Marin en una entrevista. “La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República” dijo sin ponerse colorado ante las cámaras de A24 al ser consultado por la sentencia vergonzosa de una jueza de nueva york que pretende ordenarle a la Argentina que le entregue a un fondo buitre su petrolera nacional.

Las luces en la superficie de la crisis

Una nave, tres reactores, un misil y la casta como culpable que no te vayas de vacaciones o no puedas comprar un paquete de fideos. Con metáforas idiotas, y con preocupante repercusión, Alejandro Fantino comenzó a edificar una explicación futura para la crisis inevitable con la que se choca este modelo radicalizado de otras versiones ya fracasadas en nuestra historia.

La culpa es de la casta que sanciona leyes para aumentar por 60.000 pesos las jubilaciones, suena tan ridiculo como asignarle las consecuencias de la crisis a un presidente traumatizado que juega a la “batalla cultural” en twitter, mientras las distintas fracciones que se disputan el poder económico en este rincón del mundo que autoproclaman como Occidente, hacen estragos con nuestra soberanía política, se comen lo que quedan de nuestra independencia económica e imponen miseria donde alguna vez aspiramos a conquistar justicia social.

Para unos y para otros, el problema de la Argentina se resuelve escogiendo correctamente los escasos productos que se ofrecen en el catálogo electoral. Nada más alejado de la realidad.

Las sombras en lo profundo

Oficialismo y oposición institucional, empresas periodísticas y algoritmos tecnológicos, cagatintas y bienintencionados académicos, incautos militantes e indiferentes políticos, todos ellos han logrado naturalizar que el presidente no gobierna, e incluso, no es capaz de discernir seriamente lo que acontece en la realidad. Que el funcionamiento del Estado puede quedar en manos de personas con inestabilidad emocional y debilidad intelecutal manifiesta.

Detrás de cada decisión que se toma en el Estado Nacional, incluso aquellas que suprimen el funcionamiento del resto de los poderes constituídos, es tomada por agentes al servicio del poder económico. En todos los rincones del sistema político, se ha romantizado que la función de los dirigentes, es consolidar un aparato de autopromoción desvergonzada de ellos mismos, para ser efectivos a la hora de integrar una propuesta electoral potable para ser canalizada por redes sociales.

Un salario mínimo que no compra media canasta básica, jubilaciones que no pagan un alquiler, la mitad de los trabajadores sin registración, el consumo popular en un precipicio, una economía de subsistencia que aflora en los márgenes de una sociedad que sobrevive como puede, la industria cayendo a ritmos más pronunciados que en la propia dictadura militar, exhiben indicadores de un acostumbramiento social a vivir para la mierda que debiera llamar la atención de todo bien nacido.

La economía nacional explicada por los dólares que produce, los bienes comunes que componen los recursos estratégicos de nuestro país valorizados por sus saldos exportables, endeudamiento externo record, dolarización de los costos del mercado interno, provincias endeudadas en moneda extranjera para pagar gastos corrientes, infraestructura crítica financiada con el IVA de los fideos y los ingresos brutos de la leche para asegurar las inversiones extranjeras.

Un sistema político que discute quién alienta más las inversiones, quién negocia mejor con el FMI, quién honra mejor la deuda externa, quién asegura más el clima de negocios o quién visita con mayor frecuencia los grandes foros auspiciados por los grupos económicos, han logrado naturalizar hasta el paroxismo el colonialismo como forma de produccuón política nacional.

La gravedad de la crisis que se cocina en el horizonte de este tiempo oscuro, expone la profundidad de los asuntos que debieran ocupar los tiempo de la producción política en nuestro país.

Un problema que no se resuelve con candidaturas y marketing de campaña. Los problemas de nuestra Patria se resuelven construyendo fortaleza política y poder popular detrás de una firme propuesta emancipadora frente a la dependencia económica y el colonialismo político, transformadora socialmente de las asimetrías injustas que hoy atraviesan el sentido común, incluso, de quienes padecen las trágicas urgencias de la miseria impuesta.