Organizaciones sociales de todo ámbito nutrieron una movilización que no convocó más allá de los círculos de influencia pero que con vigor y entusiasmo lograron seguir dando visibilidad a la tragedia cotidiana del desfinanciamiento de la salud pública y el desempleo y precarización de los trabajadores del sector.

La brutalidad de las medidas anunciadas a diario por un gobierno al servicio de Estados Unidos y las corporaciones extranjeras y la inhabilidad moral y mental de la persona a cargo del poder ejecutivo se llevan puesto cualquier conflicto sectorial porque, lamentablemente, todos los días hay uno nuevo, y tal vez en esa dinámica trágica está la clave para empezar a poner un freno a semejante realidad. Ya no hay jubilados, trabajadores de la salud o de cualquier sector que no sufra un ataque particular por parte del gobierno. Existe un pueblo agredido por un gobierno antinacional que no encuentra freno en su raid destructivo y de entrega.

Esa agresión, antes que nadie, la debe comprender la clase dirigente del campo nacional, muy preocupada últimamente en las cuestiones de palacio y las elecciones venideras y muy poco atenta al conflicto diario. “Decir espera es un crimen, decir mañana es igual que matar…”, la espera es un privilegio de clase.

En lo que respecta a salud todo cruje, lo que han expresado durante la campaña y lo que siguen diciendo es lo que hacen, destruir el sistema de salud en todos sus aspectos, los sectores con mayor riesgo de vulnerabilidad son los más atacados: infancias, discapacidad, enfermos crónicos y personas mayores. Despidos, falta de insumos, cierre de sectores y cambios de normativas condicionan y pauperizan, aún más, la vida cotidiana de aquellos que más necesitan de la pronta atención.

Los labuantes del Español con todos en contra

Caso paradigmático es el del Hospital Español de Buenos Aires, recuperado del vaciamiento privado, el Estado a través de PAMI fue logrando brindar allí un servicio de calidad a sus afiliados. Desde 2017 el hospital es coadministrado entre PAMI y un síndico designado por el juez que entiende en la quiebra.

La interventora de PAMI durante la gestión de Alberto Fernández, Luana Volnovich, mostró especial interés por el hospital, destinó los recursos necesarios para lograr una institución con buena dotación de personal médico y bien equipado; olvidó un detalle: devolver la antigüedad a los trabajadores que les fue robada durante la administración macrista. En ese entonces, para continuar trabajando, debieron renunciar y volver a comenzar con antigüedad cero.

Con el nuevo gobierno la calidad de atención y las prestaciones empezaron a caer drásticamente: despidos, recortes y desinterés por los afiliados generaron un estado de shock en empleados y pacientes.

En primer término, despidos injustificados y arbitrarios y cierre de sectores fueron acompañados de un brutal ajuste en el presupuesto llegando a faltar elementos esenciales para la atención. Luego, disciplinamiento al cuerpo médico y otros sectores profesionales provocando renuncias masivas por precarización laboral y salarios congelados. Una vez logrado el amedrentamiento total y habiendo despedido a todos los que se propusieron, mágicamente, aparecieron recursos. Ya con menos personal y médicos que responden a las autoridades libertarias, la ocupación de internados volvió a subir, la precarización hoy es total y el riesgo para los internados, altísima.

El hospital quedó sin trabajadoras sociales, sin servicio de salud mental ni de estadísticas y varias especialidades médicas dejaron de atender en consultorios externos. Ya se han despedido a 150 personas y prevén despedir a muchos más.

En los últimos días trascendió la respuesta del juez a una propuesta hecha por PAMI para retomar la idea de compra comenzada en la gestión anterior. La propuesta hecha por la administración libertaria a fines del año pasado incluye el despido de 277 trabajadores para "generar ahorro".

El juez Fernando D' Alessandro, quien subroga el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 22, responde a la propuesta de PAMI que los "gastos por liberar a esas personas" estarán a cargo del organismo.

Dato curioso: PAMI expresa en su propuesta que el convenio colectivo de trabajo seguirá siendo el actual, de SANIDAD (cct 122/75), tal vez uno de los que más bajo sueldo tiene y menos conflictividad genera. El sindicato de SANIDAD es dirigido por Héctor Daer, garante de la paz social ante el gobierno.

Los trabajadores del Hospital Español saben que están solos, que el Estado los desprecia, las autoridades de PAMI le piden permiso al juez para echarlos y el juez lo avala y que el sindicato tiene la representación garantizada, aún cuando tengan otro convenio colectivo.