Toma de ganancias
15 de febrero de 2025
Los vericuetos de Luis Caputo, los intereses que defienden en el gobierno y los que entran en pugna. Una deuda usurera que condena el futuro de varias generaciones en la Argentina.
El miércoles 12 de febrero 2025, la Secretaría de Finanzas de la Nación realizó la licitación de títulos de deuda en pesos que vencían ese día por 6,6 billones de pesos y, tal como pasó en los cuatro llamados anteriores de enero 2025, tampoco se logró el objetivo de rolear todos los vencimientos, pese a que cada vez el Tesoro de la Nación debe pagar mayores tasas de interés y ofrece plazos más cortos. Con 3.439 ofertas, la Secretaría pudo colocar títulos por 5,2 billones de pesos (78,8% del total), pagando una tasa que en su máximo fue 34,8% anual, cuando la tasa promedio de un certificado de depósito bancario a plazo fijo es del 29% nominal anual.
La mayor parte fue en Lecap (Letras capitalizables que pagan intereses y amortizan capital al final) con vencimiento 14 de marzo de 2025 (30 días de plazo y se vuelve a repetir el problema) y a una tasa efectiva mensual de 2,53%, cuando desde el 1 de febrero 2025, el ajuste del precio del dólar oficial es del 1% mensual.
Las otras Lecap con vencimiento en mayo, julio y noviembre 2025 pagan tasas de 2,2% a 2,5% mensual, y conforman un tercio del total licitado y adquirido, con lo que no llegan en conjunto, a pasar su vencimiento al año 2026 y, de esa manera, posponer el resultado fiscal como hicieron en el 2024, que contabilizaron un resultado fiscal positivo de 10,6 billones de pesos, pero colocaron en el transcurso del año Lecap Boncap, y LeFi (todos títulos que capitalizan interés y se paga al vencimiento) por 14,6 billones de pesos con vencimiento 2025 y posteriori. De no ampliar la deuda por este medio (capitalizando intereses para abonarlo al vencimiento del título público), no se hubiera conseguido dicho superávit y se hubiera trocado en déficit fiscal.
También licitaron títulos “dollar Linked” con vencimiento en enero 2026 (el único que pasaba el año 2025), que son títulos en pesos que se ajustan por el precio del dólar oficial (y es un seguro ante la devaluación del peso) a los que le agregaron una tasa anual del 5%, y solo le compraron 80.000 millones de pesos, razón por la cual el Ministro de Economía y el presidente, confundiendo ex profeso el precio del mercado financiero con la función económica y comercial del tipo de cambio, aseveraron que ello significa que el mercado no cree que el dólar esté atrasado.
El mercado al que se refieren es el mercado financiero y está conformado por los grandes bancos (oficiales y privados) y los fondos de inversión de todo tipo, que apuestan a la precaria estabilidad, a cada vez menor plazo y a mayor tasa de interés, porque ganan con la diferencia entre el interés que perciben y la devaluación de nuestra moneda (bicicleta financiera).
El ministro Luis Caputo afirmó que no logró renovar el total de los vencimientos de deuda, porque sus tenedores prefirieron pasarse a pesos y “tomar ganancias”. Ante ello y a fin de que no pasen esa ganancia a dólar, su equipo adopta medidas de dudosa legalidad y que debería verse si le compete a sus misiones y funciones.
El BCRA participa cada vez en forma más activa vendiendo dólares de las reservas internacionales para evitar la suba del precio de los dólares MEP y CCL. E incluso, tras la asunción en la ANSeS de Fernando Bearzi, el martes 11 de febrero 2025, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ese organismo previsional, de sus tenencias, vendió en el mercado local Bonos AL 30 y GD 30, que son títulos públicos en pesos, que se iniciaron el 4 de septiembre de 2020 y que vencen el 9 de julio de 2030, que pagan el interés y la amortización del capital en dólares. Vende los títulos en poder del FGS de la ANSeS para absorber el aumento de liquidez de los títulos de deuda que no se renovaron.
La pregunta es si pueden vender títulos en poder del FGS, si se cumplieron todos los pasos y procesos legales, si hay un informe previo que lo fundamente, y si no hay abuso de autoridad en la función pública, máxime que el nuevo titular, Fernando Bearzi es socio de Luis Caputo en la sociedad NOCTUA de la Isla Caimán, en la que Caputo dice que dejó de ser socio.
Caputo y Bausili sacan el oro del BCRA sin dar ningún tipo de explicaciones, si se comprometen a informar donde los mismos están depositados a la jueza Loretta Preska, por el juicio que el estudio Burford Capital le hizo a YPF, que la jueza falló a favor de Burford Capital por 16.099 millones de dólares más intereses, costas, etc.
Lo cierto es que el panorama no es claro, máxime cuando la cantidad de dinero en el mercado (M3 la mayor oferta monetaria en pesos, compuesta por el dinero circulante, más lo que está depositado en los bancos en cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo) suma 119,2 billones de pesos, y supera en casi 4 veces las Reservas Internacionales brutas del BCRA[1], que ascienden a 28.889 millones de dólares (equivalente a 30,5 billones de pesos). Por ende, no pueden levantar el llamado “cepo” cambiario, que son las restricciones para comprar dólares a precio oficial, y tampoco pensar en unificar los distintos tipos de cambio, porque de querer adquirir la divisa norteamericana alcanza solo para un tercio de la cantidad de dinero disponible.
Todo ello en un marco en que la inflación de los EEUU no cede y obliga a la FED (la Reserva Federal de los EEUU) a mantener alta la tasa de interés, que no solo significa un mayor gasto para el presupuesto argentino (y de todos los países deudores en dólares), sino que esa suba de la tasa de interés acrecienta la demanda de dólares y con ello su precio se mantiene alto. Y dólar alto significa presión a la baja del precio de los commodities, como la soja y el petróleo, que es lo que la Argentina necesita exportar para cubrir con divisas el pago de la deuda externa.
El equipo de economía de Caputo sostenía a comienzos del año que el sector agroexportador podría llegar a ingresar de 25 a 30.000 millones de dólares a lo largo de 2025. De ese volumen, 12.000 millones de dólares se liquidaban en el primer semestre, de los cuales unos 5.000 iban a ingresar en el primer trimestre a razón de 2.000 millones de dólares en enero (como pasó, ingresaron 2.073 millones de dólares informa CIARA-CEC) y 1.500 por mes, en febrero y marzo. Otros 2.000 en abril y un total estimado de 5.000 millones entre mayo y junio.
Y eso explica porque se le redujo las retenciones (derechos de exportación) a la soja y sus derivados, y a otros granos, para el primer semestre 2025, máxime que, según la estimación de Marianela de Emilio, experta del INTA, hay nada menos que 39 millones de toneladas de los principales cultivos, disponibles y guardados por los productores y acopiadores. De ese total, casi 18 millones corresponden a la soja, 9 millones al maíz y unos 12 millones al trigo, que significa un tercio de la producción anual de granos de la Argentina. El planteo es a qué precio se liquida y si ello no genera nuevos problemas como los que presentaron la trasnacional ADM, el grupo Los Grobo- Agrofina, y el proveedor de insumos y equipos fitosanitarios Red Surcos SA
También debe contemplarse que la Bolsa de Comercio de Rosario ajustó sus proyecciones en la cosecha actual, la soja caerá a 47,5 Mt y el maíz a 46 Mt, con pérdidas millonarias. El fuerte stock retenido, la menor cosecha esperada, y la baja sistemática del precio de productos agrícolas en el mercado de Chicago (donde también juega la posibilidad del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos grandes productores de granos) plantean serios interrogantes a los acopiadores y exportadores, que no quieren liquidar por el bajo precio en pesos y por el bajo precio en dólar, y ven cómo reacciona el mercado, mientras que Caputo y su equipo aseguran que no se devalúa para convencerlos de que liquiden ahora.
Con el combustible y la energía de manera menor pero pasa lo mismo. Se exportó por 9.677 millones de dólares en el año 2024 (representando el 12,1% de las exportaciones totales del país) y las perspectivas eran de acrecentamiento todos los años a medida que la producción aumenta. Pero el bajo precio internacional y el alto costo en dólares de inversión, hace que se frenen los planes de las grandes empresas del sector, e incluso de YPF SA.
Ergo, las petroleras tampoco están conforme con la actual paridad cambiaria y también presionan por la devaluación de nuestra moneda, para que se reduzca el costo en dólares y a su vez obtengan mayor poder adquisitivo en el país por sus exportaciones.
Las perspectivas del 2025
Las reservas netas del Banco Central siguen siendo negativas, pese a que el superávit comercial de 2024 fue uno de los más elevados de los últimos 15 años (las exportaciones superaron a las importaciones por 18.899 millones de dólares, la mayor parte se utilizó para sostener el “dólar blend”). Sin embargo, desde hace meses la cuenta corriente cambiaria está en rojo y lo que compensa son los ingresos de divisas a través de la cuenta capital por el ingreso de dólares, principalmente por el “blanqueo” impositivo y por nuevas deudas.
La cuenta corriente cambiaria, donde pesa el pago de los intereses de la deuda, pero también el pago de royalties, turismo, seguros, fletes, comunicaciones, etc., torna a ser cada vez más deficitaria y si no crecen las exportaciones implica la imperiosa necesidad de aumentar la deuda externa pública y privada.
El debate en el seno del poder económico es si prevalece el capital financiero y logra que con el tipo de cambio que según el gobierno crece este año en un 18,5% anual, los exportadores agropecuarios y energéticos vendan. O si en cambio esperen que se produzca la devaluación de nuestra moneda.
El primero de los nombrados tiene el apoyo implícito de grandes empresas locales, como YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI que colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones de dólares al 31 de enero de 2025, según informa la Comisión Nacional de Valores. Ellos deben medir el costo que significa una devaluación en sus ingresos y en el pago de la deuda.
Del otro lado igual cálculo debe hacer BlackRock y los demás fondos de inversión que compraron esos títulos de deuda, máxime que fueron ellos los que impusieron a la dupla Caputo-Bausili en la poltrona de economía y finanzas del gobierno de Milei.
Mientras ellos dirimen sus costos y beneficios en y para apropiarse del patrimonio nacional, el mercado interno argentino que es la verdadera “gallina de los huevos de oro” del país, se debate entre el párate de la producción, la suspensión y hasta el cierre de fuentes de trabajo (con grandes industrias que se van de la Argentina), la caída del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y pensiones y la competencia desleal de las importaciones de todo tipo.
Mientras el gobierno propone para ser competitivos, cercenar derechos laborales, flexibilizar el trabajo, facilitar los despidos, etc., el Foro de Economía y Trabajo[2] advierte que una economía cara en dólares y cara en pesos termina colapsada por la deuda y, esa deuda (a diciembre 2024 de 466.686 millones de dólares) se termina pagando con nuestros recursos naturales y grandes empresas públicas como YPF y el Banco de la Nación Argentina.
Es más, mientras haya un gobierno como el de Milei, la deuda privada también se la van a transferir a todo el pueblo argentino, como hicieron con la deuda del BCRA con los bancos que pasó a ser deuda del Tesoro de la Nación.
En síntesis, como afirma el profesor Jorge Gaggero, la estimación preliminar de la ONU para la reconstrucción de Gaza demandará 50.000 millones de dólares, suma que es la mitad de lo que nos endeudó el desgobierno de Javier Milei con objetivo de destruir al Estado y a la Nación Argentina.
[1] En las reservas internacionales brutas se incluye los swaps de la República Popular China por el equivalente a 18.000 millones de dólares, de los que solo 5.500 millones de dólares son de libre disponibilidad, el resto, 12.500 millones de dólares, son fondos que China le presta a la Argentina para que se compren productos de su país.
[2] Constituido por las organizaciones sindicales (parte de la CGT, las dos CTA) y asociaciones de PyMes, cooperativas y organizaciones de la economía popular.