Dos noticias recientes, aparentemente desconectadas, dibujan con precisión el modelo económico que el gobierno de Javier Milei está consolidando en la Argentina. La primera, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), revela que las empresas privatizadas de servicios públicos —energía, gas, agua, transporte— multiplicaron sus ganancias gracias a los tarifazos, pero no invirtieron en infraestructura. La segunda, publicada por Infobae, confirma que las petroleras de capitales extranjeros reactivaron el giro de dividendos al exterior en cuanto el Banco Central flexibilizó el cepo cambiario, fugando más de 500 millones de dólares en apenas dos meses.

Leídas en conjunto, ambas piezas cuentan la misma historia: la de una economía que se organiza para extraer la mayor renta posible de los recursos y servicios básicos, concentrarla en un puñado de grupos económicos, y luego fugarla al exterior sin que el país vea un peso en inversión productiva o mejora de servicios. Es el colonialismo del siglo XXI: ganancias privatizadas, costos socializados y soberanía en remate.

El tarifazo como herramienta de transferencia de ingresos

El informe del IPyPP, elaborado por Gustavo García Zanotti y Martín Schorr, es lapidario. Entre 2023 y 2025, mientras el índice de precios implícitos de toda la economía subió un 334%, el rubro “electricidad, gas y agua” aumentó un 762%. Los servicios públicos regulados se convirtieron en uno de los sectores de mayor dinamismo de precios de la economía real. El gobierno de Milei justificó estos incrementos bajo el discurso del "sinceramiento de precios" y el equilibrio fiscal, pero el resultado no fue neutro: "la reducción de subsidios fue más que compensada por fuertes aumentos tarifarios, generando una transferencia directa desde hogares, comercios y pymes hacia un núcleo concentrado de empresas privatizadas".

Las consecuencias sociales son brutales. La canasta de servicios públicos básicos llegó a representar más del 14% del salario promedio registrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Y ese promedio, advierte el informe, "oculta una presión mucho mayor sobre trabajadores informales, economía popular y hogares de menores ingresos". El ajuste estatal no alivió el costo del sistema; lo trasladó directamente a las tarifas pagadas por los hogares. En otras palabras: el "ahorro fiscal" del gobierno se sostuvo sobre una transferencia de ingresos que superó ampliamente el recorte de subsidios.

Ganancias récord, inversión en baja

El resultado contable de este esquema es predecible. En una muestra de 18 firmas de servicios públicos, los ingresos por ventas crecieron un 28% real entre 2023 y 2025, mientras el valor bruto de producción de toda la economía apenas aumentó un 1%. La masa agregada de ganancias (EBITDA) de estas empresas aumentó más de un 55% real en el mismo período.

Detrás de estas empresas, señala el IPyPP, aparece "un núcleo reducido de grupos económicos nacionales con fuerte incidencia regulatoria: Mindlin, Eurnekián, Rocca/Techint, Vila-Manzano, Brito, Bemberg, Reca y Neuss, entre otros". El caso de la familia Neuss, ligada a los Caputo, es emblemático: "amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica a partir de operaciones vinculadas a las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases".

Pero el dato más revelador es que estas ganancias extraordinarias no se tradujeron en inversiones proporcionales. "La inversión productiva de la muestra pasó de representar 15% de las ventas en 2023 a 11% en 2024 y 14% en 2025". Es decir: mejoró la rentabilidad, pero no hubo un salto equivalente en infraestructura. Parte del excedente se volcó a activos financieros: fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones. El informe concluye que "la política tarifaria del Gobierno no sólo deterioró el poder adquisitivo de los hogares y elevó los costos de pymes y comercios. También consolidó un esquema regulatorio de privilegio para empresas privatizadas que aumentaron ingresos y ganancias sin una respuesta inversora equivalente".

El cepo se flexibiliza, los dólares se van

El segundo dato, publicado por Infobae, confirma que el círculo se cierra con la fuga al exterior. "Petroleras de capitales extranjeros con operaciones en la Argentina retomaron el envío de utilidades a sus casas matrices en el exterior". Es la primera vez que eso sucede desde que el cepo cambiario fue restablecido en septiembre de 2019.

El movimiento es consecuencia directa de una flexibilización dispuesta por el Banco Central en abril de 2025. En marzo de 2026, los egresos por utilidades y dividendos totalizaron 869 millones de dólares. "El sector energético concentró la porción más significativa: 460 millones de dólares, más de la mitad del total". En abril, se sumaron otros 107 millones. En total, más de 500 millones de dólares en dos meses. Dentro de las empresas que ya están girando utilidades, Infobae menciona a TotalEnergies, Chevron y Shell.

Es cierto, como señala la nota, que la flexibilización del cepo para personas jurídicas aún es limitada. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que "no tiene entre sus prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las personas jurídicas". Pero el canal de giro de utilidades ya está abierto y funcionando a pleno. El interrogante, señala Infobae, es qué ocurrirá con el stock de dividendos acumulados durante los años de cepo, que por ahora sigue bloqueado.

El RIGI, la guinda del pastel colonial

El cuadro no estaría completo sin mencionar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que el gobierno de Milei impulsó como "ley de incentivos" para atraer capitales. En la práctica, el RIGI garantiza a las empresas —especialmente a las petroleras y mineras— estabilidad fiscal por treinta años, exenciones impositivas, facilidades cambiarias y la posibilidad de exportar sin restricciones. A cambio, no exige ningún compromiso concreto en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo de proveedores locales.

El RIGI, combinado con los tarifazos que describió el IPyPP y la flexibilización del cepo que documentó Infobae, configura el modelo perfecto del extractivismo contemporáneo: el Estado argentino pone los recursos, garantiza la rentabilidad, absorbe los costos sociales y ambientales, y luego las empresas se llevan las ganancias al exterior. No invierten en el país, no generan empleo de calidad, no pagan impuestos significativos. Simplemente extraen, concentran y fugan.

El costo del modelo

El gobierno de Milei celebra estos resultados como éxito de su política económica. Pero los números cuentan otra historia. La canasta de servicios públicos básicos representa ya más del 14% del salario promedio, y mucho más para los sectores informales. Las pymes y comercios, ya castigados por la recesión y la apertura importadora, absorben el costo pleno de los tarifazos. Los hogares más vulnerables ven cómo su ingreso disponible se reduce mes a mes mientras las empresas privatizadas engordan sus balances.

Y mientras tanto, los dólares de la renta energética se van al exterior. No se quedan en el país para financiar infraestructura, no se invierten en nuevas plantas, no se traducen en mejores servicios. Simplemente se fugan, como siempre. Es el mismo libreto que ya vimos en los años 90, y que terminó en el estallido de 2001.

En lugar de fortalecer el sistema energético y de servicios, el gobierno de Milei lo convierte en una máquina de extracción de renta para un puñado de grupos económicos y para el capital financiero internacional. El RIGI, los tarifazos y la flexibilización del cepo son las tres patas de un mismo banco: el de la economía colonial del siglo XXI. El modelo no es un desvío. Es la esencia del proyecto libertario. Y como toda colonia, la Argentina pone los recursos, los trabajadores ponen el esfuerzo y los dueños del capital se llevan todo. Sin siquiera dar las gracias.