(A propósito de los Fusilados de 1956 y la Masacre de Puente Pueyrredón).

La violencia es una palabra que parece estar en todas partes, pero que pocas veces se detiene a explicar su verdadero significado. En nuestra escena contemporánea se la menciona constantemente, aunque rara vez se interroga qué es exactamente, cuáles son sus causas profundas o qué intereses puede llegar a expresar.

Desde el retorno democrático de 1983, la gran mayoría de los sectores políticos y los grandes medios de comunicación han utilizado el concepto de violencia en un sentido predominantemente descriptivo: como un hecho aislado en sí mismo, como una alteración del orden o una ruptura excepcional dentro de una sociedad que, en teoría, debería funcionar bajo reglas de convivencia consensuadas. Así, la violencia aparece como accidente, exceso, y anomalía del comportamiento humano e incluso como una desviación del propio Estado.

Pero cuando percibimos que la violencia se vuelve cotidiana, cuando todo parece ser definido bajo esa misma categoría, el concepto comienza a perder precisión.

Si todo es violencia, ¿cómo distinguimos sus diferentes formas? ¿Son equivalentes todas sus manifestaciones? ¿Tiene el mismo significado la violencia ejercida desde el poder estatal que aquella protagonizada por individuos o grupos sociales? ¿Existe hoy más violencia que en los años 70 o 90? ¿Se puede enhebrar en una misma trama histórica los fusilamientos de 1956 con los de La Tablada, la explosión del arsenal de Río Tercero vinculada a los negocios del menemismo, las muertes de diciembre de 2001 bajo el gobierno de la Alianza, los casos de gatillo fácil policial, la represión en el Puente Pueyrredón durante el gobierno de Eduardo Duhalde, el asesinato de Santiago Maldonado por la gendarmería de Patricia Bullrich, los femicidios cotidianos o las víctimas del narcotráfico? ¿Son todas estas violencias comparables? ¿Los cuerpos de las víctimas reciben el mismo reconocimiento social, político y tratamiento mediático? ¿La violencia aparece de manera azarosa o responde a estructuras más profundas? ¿Es un fenómeno exógeno al orden social o se encuentra en la génesis del Estado moderno y del capitalismo?

Son demasiadas preguntas para intentar responderlas en su totalidad en estas páginas. Sin embargo, vale la pena tirar de algún hilo de esta compleja madeja de interrogantes, desarmar sus nudos y observar qué tramas quedan ocultas detrás de aquello que solemos llamar violencia.

Desarme ideológico

Es sentido común que la Argentina de los años 80 logró construir un amplio consenso alrededor del rechazo absoluto a la violencia como mecanismo de resolución de los conflictos políticos. Ese acuerdo democrático, sintetizado en la expresión “Nunca Más”, constituyó sin dudas un punto de inflexión en la historia.

Pero aquel “consenso por arriba” no estuvo acompañado de un cuestionamiento equivalente sobre las condiciones materiales que dieron origen a muchos de esos conflictos, ni sobre los actores beneficiados por el modelo de acumulación impuesto durante la última dictadura cívico-militar. De esta manera, se consolidó una lectura que aun hoy tiende a separar “democracia y violencia” dejando en un segundo plano el problema de la relación entre concentración económica y desigualdad social. La discusión quedó reducida a una oposición binaria entre orden democrático y violencia evitando abordar las tensiones históricas entre opresores y oprimidos, entre Patria e imperialismo.

El “Nunca Más”, por tanto, fue (y es) el ropaje con que los vencedores revistieron la restauración democratizante y operó, junto a la Teoría de los Dos Demonios, como desarme ideológico del pueblo y como cooptación casi absoluta de una militancia que parece haber renunciado a horizontes de liberación.

La violencia terrorista del Estado no solo opera como un acontecimiento traumático que irrumpe sobre una normalidad establecida alterando los sentidos y vejando los cuerpos; también reorganiza imaginarios, redefine límites y establece nuevos escenarios políticos. Tiene, en ese sentido, un carácter performativo como ritual de sacrificio por el que una sociedad ya no vuelve a ser la misma.

Fusilados

Luego del bombardeo a Plaza de Mayo, que dejó como saldo cientos de víctimas civiles, y tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, tuvieron que pasar setenta años para que la Justicia Federal reconociera la dimensión de los hechos acaecidos en los basurales de José León Suarez donde la noche del 10 de junio de 1956 eran asesinados Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. El pasado lunes 22, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado por su planificación, ejecución y encubrimiento.

La impunidad que rodeó estos hechos, genialmente reconstruidos por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre, no solo dejó una herida abierta en la memoria del movimiento peronista, sino que explica el clima de legitimación social con que contó el ajusticiamiento de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 por Montoneros.

Pero los sectores dominantes también observaron aquellas experiencias y extrajeron sus propias conclusiones. La dictadura de 1976 no repitió simplemente la violencia abierta de los fusilamientos de 1956; sino que la transformó en un dispositivo político mucho más amplio de disciplinamiento. Se comprendió que la eficacia de la violencia no residía únicamente en la eliminación física de sus adversarios, sino en la instauración de una amenaza de terror permanente, de ahí las torturas que marcan cuerpos y las desapariciones que marcan las almas de las generaciones posteriores.

Los otros fusilados

Desde la restauración democrática de 1983, en cada nuevo ciclo de crisis de las formas de dirección política que garantizan el saqueo del país, se vuelve a poner en discusión los límites del orden y la violencia. Es como si cada tanto tiempo, el dios mercado requiriera un nuevo equilibrio que se paga con la sangre del pueblo.

En una Argentina, entendida como tierra de holocausto y sacrificio, se termina entendiendo cuál fue el objetivo para los poderosos de los fusilamientos de Juan Cymes, Agustín Ramírez, Walter Bulacio, Teresa Rodríguez, Víctor Choque, María Soledad Morales, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Oso Cisneros, Mariano Ferreyra, Micaela García, Santiago Maldonado, entre cientos de miles.

Más allá de las diferencias entre cada caso, todos forman parte de una trama histórica donde la violencia no aparece como una irracionalidad, sino como un fenómeno constitutivo al Estado moderno y la lucha de clases en un país colonial.