La administración de Javier Milei desde el comienzo de sugestión realiza un severo ajuste de las cuentas públicas que el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, sintetizó en que, hasta mayo 2025, redujeron el gasto en 5,5% del PIB (era de 22,5% en el año 2023 y pasa a ser del 17% del PIB).

El ajuste sin miramiento impacta principalmente en las jubilaciones y pensiones, transferencias a las provincias (por ejemplo, del total de los ATN, se les transfirió a las provincias el 7,3% de lo recaudado, y hasta mayo 2025 solo el 10,5% de lo recaudado), en el subsidio al transporte y a la energía, y en la obra pública.

En la obra pública ni siquiera se hacen obras de mantenimiento, comparando la planilla de Gasto de Capital de mayo 2025 con la de 2024 se observa que  el Gasto de Capital es menor nominalmente (esto es en pesos corrientes, con una inflación interanual de 43,5% medida por el IPC del INDEC) a un año atrás en 5,1% y que se reduce principalmente en Energía, que es donde teóricamente plantean la base del modelo extractivista.  Con la Ley 27.742 que contiene el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) a 17 meses largo de gobierno no se visualizan obras, si se aprobó el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) consorcio conformado por YPF SA, Vista Energy Argentina S.A.U, Pampa Energía S.A.,  Pan American Sur S.A, Chevron Argentina S.R.L., Pluspetrol S.A.,  y Shell Argentina S.A, por 2.900  millones de dólares, pero el proceso demora por el tipo de cambio vigente más de lo programado, razón por la cual el Estado nacional no realiza las inversiones pertinentes.  

El ajuste que debe ser cada vez mayor porque los intereses a pagar son cada vez mayores ante una deuda que se expande, y porque los ingresos tributarios dejaron de crecer al ritmo de una economía en donde cae fuertemente el consumo de los llamados bienes salarios que conforman la "canasta salarial", son los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, como alimentos, ropa, vivienda, transporte, etc. y por ende resiente el ingreso del IVA demás impuestos al consumo, que significó siempre en torno al 75% de los ingresos impositivos nacionales.

Esa imposibilidad de pago hace que la deuda bruta de la Administración Nacional disminuye en mayo con respeto a abril 2025, de 472.920 millones de dólares (la conversión la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación) a 461.019 millones de dólares, porque es el BCRA quién financia deuda del Tesoro en los BOPREALES (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) que son títulos emitidos por el Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago, y también permite el giro de utilidades de las empresas extranjeras a sus casa matrices.  Se ajustan en pesos y se convierten en dólares a su vencimiento. Fueron emitida tres series por un total de 10.000 millones de dólares, y para junio están preparando una cuarta serie por 3.000 millones de dólares, con la novedad que se pueden emplear para pagar impuestos, cancelar deudas fiscales y aduaneras, incluidos intereses, multas y accesorios, por lo que sus inversores tendrán un dinero que devenga interés  y que pueden cancelar deudas con el fisco.

Los intereses abonados de la deuda de la Administración Nacional en los primeros cinco meses del año ascienden a 4,4 billones de pesos (que es el 8,68% del gasto público base caja a esa fecha) y que supera holgadamente el 1,89% que se destinó a la obra pública, y es el porcentaje más bajo desde el año 2002, cuando en el año 2009 fue del 12,35%, en el 2010 de 13,49%, en el 2011 de 10,64%, en el 2012 de 10,64%; en el 2013 de 12,75%, en el 2014 de 16,85% y en el 2015 de 11,16% del gasto presupuestario total.  Un presupuesto que rondaba el 27,5% del PIB.

El superávit financiero de los primeros cinco meses del año 2025 fue de 1,78 billones de pesos, cuando los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP), y en las LEFI, en igual período 2025, fue por un total de 4,76 billones de pesos. Suma que, si bien es menor al superávit primario del período de 6,9 billones de pesos, está mostrando la incapacidad de poder pagar los intereses de la deuda, de allí que es el BCRA el que coloca los BOPREAL.

El ajuste en desmedro del Estado lo demuestra claramente la ARSAT, que es la empresa nacional de telecomunicaciones creada por la ley 26.092 del 22 de mayo de 2006, para la conectividad mayorista y acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades, quien tiene un crédito internacional acordado para la construcción del tercer satélite geoestacionario, los otros dos Satélites geoestacionarios de comunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2, fueron lanzados en 2014 y 2015 respectivamente.  Pero el BCRA no le autoriza a comprar divisas para la importación de insumos imprescindibles para su producción.

De paso, podemos recordar que por el DNU 70/23 se eliminó la protección a la industria satelital nacional, y posteriormente el gobierno de Javier Milei acordó con la empresa Starlink, que preside Elon Musk su ingreso irrestricto al país.

Impacto en la economía del país

El ajuste fiscal y la política cambiaria de este gobierno, impacta sobre la economía productiva, en que son cada vez más las empresas que venden mucho menos y tienen un costo financiero cada vez mayor, de allí los crecientes pedidos de quiebras, concurso de acreedores, moras en los cumplimientos y roturas en las cadenas de pago.

En la industria automotriz, primero fue la empresa Nissan Argentina que anunció en marzo 2025 de cerrar su operación industrial en Argentina y a fin de año dejará de producir. Y ahora es el caso de Scania en Tucumán, donde se fabrican las cajas de cambio G25 y G33, especializada en engranaje, cajas de cambio y diferenciales, que exportan a las otras plantas que tiene la firma en América Latina. Solo hay dos plantas de este tipo, una en nuestro país y la otra en Suecia, y decide suspender la línea de producción hasta nuevo aviso.

El gobierno de Javier Milei propuso la importación de automóviles usados, como hacen muchos países de la región que no tienen industria automotriz, pero las normas acordades en el Mercosur se lo impidieron.

La Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina publica que entre noviembre de 2023 (Gobierno de Alberto Fernández) y marzo de 2025 (gobierno de Javier Milei) el número de asalariados registrados en el sector privado pasaron de 6.369.119 en noviembre de 2023 a 6.253.766 en marzo de este año, una reducción de 115.353 empleos y, si bien comprende a todos los sectores de actividad, las dos ramas más perjudicadas, que explican el 80% de ese descenso, son la construcción y la industria. Y oficialmente se reconoció una tasa de desocupación abierta del 7,9% de la PEA (población Económicamente Activa).

En síntesis

El gobierno de Javier Milei es un avance del capital financiero sobre el capital productivo y el trabajo. La misma ley 27.742 llamada Ley Base, modifica la ley de contrato de trabajo, de jubilaciones y hasta el artículo 14 bis de la Constitución nacional, precarizando el trabajo y mermando derechos laborales

El economista keynesiano Luiggi Pasinetti (1930-2023) afirmaba: “Existe una necesidad institucional de evitar que el sistema económico caiga en una situación en la que el mecanismo competitivo de precios de mercado actúe sobre el salario unitario del mismo modo que actúa sobre los precios de las mercancías. La verdad es que el trabajo sólo podría ser objeto de comercio, como cualquier otra mercancía, en una sociedad de tipo esclavista”.

El crecimiento del poder adquisitivo de los salarios (que debería producirse teniendo en cuenta las ganancias de productividad obtenidas mediante la acumulación) no es en ningún caso condición suficiente para mantener el pleno empleo a lo largo del tiempo, ya que, en ausencia de nuevos bienes que mantengan en tensión la demanda efectiva, llegaríamos a problemas de saturación del mercado similares a los que contribuyeron a la crisis del fordismo. En circunstancias como estas, Pasinetti pide explícitamente que se tenga en cuenta la reducción de la jornada laboral, así como los años que cada persona debe dedicar al trabajo a lo largo de su vida.

La claridad de las teorías de Pasinetti conlleva un mensaje aún más profundo. Si queremos evitar el marchitamiento de la propia sociedad civil, debemos dotarnos de las instituciones necesarias para contrarrestar la miseria y la alienación que produce una dinámica económica estructural.

“El progreso técnico no es como un regalo, que como tal siempre puede ser rechazado. Es más bien como un torrente impetuoso, que puede aprovecharse, siempre que se encauce adecuadamente. Cualquier fallo en el proceso de canalización puede provocar el desastre de las estructuras existentes, naturales y sociales. (…) Más conocimiento significa más responsabilidad individual y social. Para que nuestra sociedad sea más madura, también debe ser más responsable. Este es en cierto modo el reto de nuestro tiempo: conseguir que el progreso técnico se convierta también en progreso social” (Luigi Pasinetti, Lecciones de teoría de la producción, Fondo de Cultura Económica).  

Foto portada:  EFE/ Juan Ignacio Roncoroni