La bicicleta financiera o carry trade, la conocimos por primera vez con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y las tasas de interés positivas (porcentaje mayor que la inflación, incluso las pasivas, las que la entidad financiera abona a sus depositantes) con sus resultados negativos en la producción y en la distribución del ingreso, generando una deuda que pasó de menos de 8.000 millones de dólares con Isabel Martínez de Perón, a 43.650 millones de esa divisa al 10 de diciembre de 1983.

Persistió en gran parte del plan Austral (hasta la disparada del precio del dólar a fines de 1987) en que pese a utilizar para pagar los intereses de la deuda todo el superávit comercial acumulado en cinco años y medio de Alfonsín (unos 8.500 millones de dólares corrientes), la deuda fue de 61.530 millones de dólares al 9 de julio de 1989. Continuó con el plan de convertibilidad de Cavallo hasta diciembre de 2001 en que la deuda fue al final de ese año de 88.259 millones de dólares. Según informa el INDEC, el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior pasó de 54.936 millones de dólares a 137.806 millones en el mismo período, y la participación de los asalariados en el ingreso fue una de las más bajas de toda nuestra historia, del 29,6%.

Se aplicó a rajatabla en el gobierno de Cambiemos, que no bien asumió, devaluó nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creció más que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando transferencias de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrado y de los exportadores, para que en una segunda etapa, asegurar que las tasas de interés del país sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez  de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.

Fue propiciada y expandida por el BCRA de Alberto Fernández que generó la bomba de las Leliq y otros pasivos financieros por un monto de 22,7 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 57.000 millones de dólares corrientes), que era el subsidio que le pagaba el BCRA presidido por Miguel Pesce, a las entidades financieras por tener bonitas sucursales y captar depósitos del público,  y  que nunca se empleó para nada.

El plan económico llevado adelante por la gestión de Alberto Fernández fue condicionado e incluso refrendado por la Ley 27.668 que aprobó "el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario" y que fuera promulgada el 17 de marzo de 2022. Y las medidas anunciadas no bien asumió el ministro Sergio Massa, se insertaron en el plan para definir como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos.  En ese marco define principios y motores, siendo los primeros el orden fiscal, el superávit comercial, y el fortalecimiento de las reservas internacionales que, obviamente, no fue lograda por la misma y permisiva inercia del propio gobierno en general y del BCRA en particular, que apuntalaron la “bicicleta financiera” y posibilitaron la fuga de capitales, por ejemplo, el BCRA le vendió  28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que paguen sus supuestas deudas (Balance Cambiario del BCRA diciembre 2019 - noviembre 2023)

Tras el desgobierno del Frente de Todos, asume Javier Milei para profundizar y extender el carry trade, la fuga de capitales y el mayor endeudamiento de toda nuestra historia, que es impulsado por el gran capital local, pero ahora socio menor del capital financiero de Manhattan que son los principales acreedores del país y, financian al capital local, e incluso participan en sus negocios.

El carry trade genera la anestesia social de una menor inflación al frenar el crecimiento del tipo de cambio, pero lo hace a costa de un endeudamiento tal, que devenga intereses que implican casi la mitad de todo el gasto público de la Administración Nacional.  Como no se puede pagar, se colocan títulos públicos capitalizables que pagan el interés al final y torna la deuda en un crecimiento exponencial.

A abril de 2025, el gasto acumulado de esos cuatro meses de la Administración Nacional fue de 34,4 billones de pesos, de los cuales se pagaron intereses por 3,2 billones de pesos.  Pero la deuda pública devengó en el período intereses por 16,8 billones de pesos, por ende, se sumaron al capital adeudado, intereses por 13,6 billones de pesos (el 39,53% del gasto total), es en pesos, pero equivalente a 12.363 millones de dólares que se suman a la deuda en pesos (convertida en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación).

Y es la principal razón por la que el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dijo el miércoles 14 de mayo 2025 que la entidad saldrá a buscar en el corto plazo un préstamo de tipo REPO con un conjunto "más amplio de bancos privados internacionales" en relación con el suscripto a comienzos de año por u$s1.000 millones. Y también explica las distintas versiones de un nuevo “blanqueo” para que “los argentinos saquen los dólares del colchón”, que permitiría declarar efectivo sin necesidad de bancarización previa para montos de hasta 100.000 dólares y, habilitar al Tesoro a captar parte de esos fondos mediante colocaciones de nuevos títulos de deuda.

Esto es, pese a que la ley 27.743 llamada “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", que establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, buscando incentivar el pago voluntario de deudas y la declaración de activos no registrados, conocido como “blanqueo de capitales”, que dicha ley dice expresamente que no se producirá otro “blanqueo” hasta el año 2038.  Que existen las leyes  de Procedimiento Tributario y Penal Tributaria que lo impide.  Que la Argentina firmó el acuerdo y se incorporó al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que a través de sus recomendaciones, establece las normas internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos  y la financiación del terrorismo. Que por ley 25.246 de Argentina, promulgada el 10 de mayo de 2000 y sus modificaciones posteriores, han ampliado su alcance y competencias, haciendo caso omiso y ante la imperiosa necesidad de juntar divisas para pagar los vencimientos de la deuda hasta octubre 2025, proponen violar las leyes que el presidente juró respetar y hacer respetar.

Es cierto que el FMI el martes 15 de abril de 2025 giró al país 12.000 millones de dólares y el Banco Mundial sumó 1.300 millones de dólares más (amplían las reservas con deuda), pero  si bien las reservas internacionales brutas al 12 de mayo de 2025 suman 38.079 millones de dólares, deben deducirse los swaps de la República Popular China por aproximadamente unos 18.000 millones de dólares,  el encaje de los depósitos captados en divisas por las entidades financieras  (Cuenta Corriente en divisas del BCRA) por 13.475 millones de dólares, y debe también deben contemplares los BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), de los cuales se emitieron bonos en tres series por un total de 10.000 millones de dólares (es deuda con los importadores, más bopreal por 1500 millones de dólares que se destinaron al giro de dividendos de las empresas trasnacionales)

A esa frágil situación se suma que el miércoles 9 de julio 2025 vencen 4.500 millones de dólares de capital e intereses de deuda con el FMI y los bonistas. Y que en la ampliación del acuerdo con el FMI se acordó que las reservas internacionales del BCRA se incrementaban en 4.700 millones de dólares antes del 13 de junio 2025.

La reducción desde el 14 de abril 2025 a seis meses del plazo mínimo de permanencia para fondos extranjeros, junto con cierta estabilidad de los distintos tipos de dólar, refuerzan el interés por los bonos en pesos (también plazos fijos y acciones), recreando la brecha entre las tasas en pesos, que  asegura el BCRA al intervenir en el precio en los mercados futuros del dólar que, en el ROFEX  (mercado a término de Rosario donde se negocian derivados, principalmente futuros y opciones sobre diversos activos como commodities, monedas y activos financieros) es prácticamente el único vendedor hasta el 31 de octubre de 2025 (cuando las elecciones de medio término son el 26 de ese mes), de esa forma incentiva a  ingresar y/o vender dólares y posicionarse en pesos.

El riesgo lo asume el BCRA (en nuestro nombre), dado que, si las expectativas de devaluación resurgen, el BCRA debe enfrentar pérdidas al liquidar contratos (siempre es en pesos) al precio de un dólar que a esa fecha es mayor que el acordado.

La Secretaría de Finanzas de la Nación, que licita títulos de deuda en pesos dos veces al mes, en la realizada el 14 de mayo 2025 logró colocar 5,4 billones de pesos con tasas más altas, que sube el rendimiento de referencia y podría empujar al mercado a ajustar los precios (hacia abajo) de los bonos que ya están en circulación. Particularmente, el título público LECAP (letras capitalizables que pagan el interés cuando se amortiza totalmente el bono, dado que no pueden pagar los intereses de la deuda) que vence el 30 de junio 2025, denominado S30J5 que fue adjudicado a una tasa del 2,6% efectivo mensual, superando el rendimiento al que venía operando en ruedas previas.

Igualmente como viene sucediendo en forma creciente desde febrero de este año, los plazos son mayoritariamente cortos, en la licitación del 14 de mayo las LECAPs  con vencimiento 30 de junio y  31 de julio de 2025  se llevaron la mayor parte de los fondos, prácticamente dos tercios del total de títulos colocados, demostrando claramente que en el mercado local confían que el Tesoro va a poder hacer frente a los pagos de vencimientos de junio y julio 2025, pero dudan después, tanto en las tasas y la inflación esperada (que infieren mayor), como en la cancelación de los vencimientos (temen el llamado reperfilamiento de la deuda en pesos).

 

El futuro que planifican para la Argentina

La renta financiera confisca el capital productivo, con esos fondos en pesos lo reconvierten en divisas y fugan, pero esta vez, la fuga será parcial, dado que saben de las reservas hidrocarburíferas, de litio y minerales raros, de cobre, oro y plata, de uranio, de agua pesada y de agua potable que tiene nuestro país en abundancia y, van a convertir la deuda mayormente en nuestros recursos naturales. Recursos que no pertenecen  a este gobierno y ni tan siquiera de esta generación, sino de generaciones de argentinos, para ello tiene la Ley 27.742 mal llamada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” que contiene el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) para forjar un modelo extractivista, creando enclaves económicos extranjeros dentro del país, que estarán bajo  jurisdicción extranjera sustrayéndolos de la justicia nacional. Tendrán estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que obtengan, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.

La renta financiera en su más amplia extensión, es el ariete para ir destruyendo el Estado[1], inclusive comprando voluntades de funcionarios, legisladores (134 diputados y 38 senadores aprobaron el RIGI), jueces, supuestos representantes políticos, sindicales y sociales.  Y a su vez, la hegemonía de la misma, mina la economía productiva, cerrando establecimientos, expulsando trabajadores, disminuyendo el consumo interno, y aumentando la exclusión social.

Por eso nos endeudan y pagan los vencimientos con nueva deuda,  todo el excedente de dólares no lo usan para fortalecer las reservas del BCRA, sino para financiar el “carry trade”, y cuando no se pueda pagar más, ejecutaran los títulos por las empresas públicas (cuyo listado está en dicha ley) y por los recursos naturales.

La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, es un acto  criminal de administración fraudulenta. Dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.

Los países que gozan de un alto bienestar, son los que han logrado acumular Fondos Soberanos de Inversión, para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones, como hace Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo. Detenta un Fondo Soberano creado en 1990, en base a las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,62 billones de dólares

La exclusión social y el carry trade reflejan mejor que nada la situación económica y social de la Argentina actual, la pobreza de unos es la renta de una minoría parásita subordinada al capital extranjero, por lo que acrecientan la deuda pública, y se aseguran que no se pueda pagar para quedarse con nuestras empresas como consta en la “Ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI” firmado por  Luis Caputo como Ministro de Economía, y  Santiago Bausili como Presidente del BCRA, el 11de abril de 2025, y con nuestros recursos naturales como lo planteó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio de 2024, en que hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto de 2024 en Washington frente a American Council, en las que detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 a 54.300 millones de dólares en el sector energético, en los próximos dos años (que para ejecutarse demandarán entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742 que incluye el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

El 90% de la producción minera de oro, cobre, y plata en la Argentina se encuentra en poder de países pertenecientes al Commonwealth Británico, por ejemplo, la empresa anglo australiana Río Tinto, que es el principal productor de litio en Argentina. Con operaciones en 35 países, compró en 6.700 millones de dólares los activos de Arcadium Lithium, la sociedad que nació en enero 2024 de la fusión de la australiana Alkem y la estadounidense Livent. Considerada la segunda minera del mundo, Rio Tinto -que hoy exporta aluminio y cobre- aspira a convertirse en un gran jugador del mercado del litio gracias a sus proyectos en Catamarca, Jujuy y Salta. Son las actividades rentables con capacidad de generar dólares en un país donde la caída de la actividad afecta a la industria, la construcción y el comercio.

Observamos como se desplazó a la empresa estatal de Malasia “Petronas”, por el pool petrolero Vista Energy que preside Miguel Galuccio pero que el capital mayoritario está en acciones en Wall Street, en Vaca Muerta. También reemplazaron a Petronas por Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), consorcio conformado por Chevron Argentina y Shell Argentina, asociados a YPF SA, Vista Energy Argentina S.A.U, Pampa Energía S.A., Pan American Sur S.A, y Pluspetrol S.A.,  en la construcción de una plataforma exportadora de energía en la localidad de Punta Colorada en la provincia de Río Negro, que luego se podrá complementar con la exportación de GNL a través de barcos.

El principal interesado en la privatización de Agua y Energía SA es la empresa israelí Mekorot, acusada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino.

En la misma ley 27.742 de “Bases y puntos de partida…”  que fue realizada por grandes estudios jurídicos, contables e impositivos de la Argentina, pagado por las grandes empresas locales y extranjeras, como son Lisicki & Litvin y asociados,  Bruchou & Funes de Rioja, Marval, O Farell & Mairal, KPMG, Price Waterhouse Coopers, y Deloitte Argentina, plantea el RIGI, pero también una regresiva reforma laboral para generar condiciones de precarización del trabajo que anula el sistema de indemnizaciones e introduce restricciones a las huelgas, apuntando a convalidar una alta tasa de desempleo.

La destrucción de las obras sociales para que las prepagas se queden con la afiliación y todo el resto quede fuera de la obra social, de la prepaga y termine en el hospital público desmantelado por el ajuste presupuestario, no quieren que nos curemos si nos enfermamos, sino que nos quieren muertos o serviles. La prioridad de modificar las relaciones sociales, de imponer una derrota sustancial a los trabajadores y de instalar un modelo tipo Chile, tipo Colombia, tipo Perú, un neoliberalismo estructural, perdurable, para poder llevar adelante el saqueo de nuestros recursos.

Modifica el art. 2 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, disponiéndose que la vigencia de la Ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta.

Se extiende el período de prueba de 3 a 6 meses, y se extiende dicho período a 8 meses (en caso de empresas de 6 a 100 trabajadores) o hasta 1 año (en caso de empresas con 1 a 6 trabajadores).

Modifica el art. 242 de la Ley 20.744, incorporándose, como causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Asimismo, se dispone que se presumirá la existencia de injuria grave, durante una medida de acción directa, en los siguientes casos: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento.

Se admite la creación de un fondo de cese laboral (como el que rige en el régimen de la Construcción), mediante negociación colectiva, que permita sustituir la indemnización por antigüedad, conforme los parámetros que disponga el PEN. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo y también podrán auto- asegurarse en el sistema que se defina

Es más, la Comisión Nacional de Valores (organismo estatal que fiscaliza las operaciones bursátiles), mediante la Resolución CNV 1066/25, crea un “Fondo de Cese Laboral” estructurados como Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros, para eliminar las indemnizaciones y favorecer la ya iniciada ola de despidos. Y lo hace sin Congreso, sin debate y sin sindicatos, reemplazando al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador ya no recibe una indemnización proporcional a su antigüedad, sino lo que haya acumulado el fondo. La relación laboral, protegida históricamente por el derecho, ahora se convierte en una relación financiera. El trabajador deja de ser sujeto de derechos laborales.  Pasa a ser un titular de cuota partes. Un inversor forzado.

En un país como el nuestro donde según el INDEC al cuarto trimestre de 2024:

1) De las 18.630.000 personas en edad de trabajar, solo 4 millones (el 21,5% del total) acceden a un empleo de calidad, como asalariados privados formales o cuentapropistas profesionales

2) En contraste, 6,2 millones tienen trabajos de baja calidad y

3) Más de 5 millones están afuera del mercado laboral o por falta de incentivos o porque estudian.

 

En síntesis

El capital financiero avanza a paso redoblado y el pueblo argentino en su amplia mayoría, embrutecido por los medios y la vida que hacen, no se da por enterado.