Promediando el año 2026 el modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador impuesto por el gobierno del JP Morgan, presenta límites infranqueables de pobreza y exclusión social, que se refleja en el cierre de empresas, en el desempleo, y en la baja del consumo interno.

La Administración Nacional obligada a realizar un irracional ajuste fiscal para alcanzar un superávit primario que, le permita comprar las divisas del superávit comercial para poder pagar solo la mitad de los intereses que la deuda pública demanda.

Reducción del gasto fiscal que debe ser cada vez mayor porque en lugar de fortalecer el sistema impositivo y cobrar a los sectores de manifiesta riqueza y renta, optan por financiar al Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación, pero que en la práctica está transformando nocivamente la estructura económica y social del país y que, al capitalizar todos los meses los intereses que no puede pagar, genera una deuda pública cada vez mayor.

En ese marco, la única medida que tiene el gobierno para impulsar el mercado interno es impulsar el crédito, que se encuentra limitado por dos razones. Una, por el financiamiento de los títulos públicos en pesos que se colocan mayoritariamente en los bancos del país, y otra, por el alto grado de morosidad crediticia.

Observando el consolidado del sistema financiero local, en abril de 2026 (último dato publicado por el BCRA), las tenencias de títulos públicos de las entidades (Lecap, Boncap, Bonte, Bonar, Boncer, etc.) en su amplia mayoría, y en menor cuantía acciones de empresas locales, representan en conjunto el 44,6% de las imposiciones que captan las entidades financieras.

Prácticamente el financiamiento al Tesoro de la Nación absorbe el 60% de la capacidad prestable de todo el sistema financiero local, y se acrecienta mes a mes, acercándose de esa forma a las inmovilizaciones de las Leliq de la administración anterior.

A su vez, tomando los datos del mes de junio de 2026, del total de préstamos al sector privado en pesos, el 54,5% es a personas físicas y el 45,5% es a empresas. Los créditos en dólares se infieren que financian a empresas en su totalidad.

El sistema financiero se ha expandido fuertemente con el JP Morgan en la conducción del BCRA. La cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central (Base Monetaria) lo hizo en 5,37 veces desde el último día hábil de la gestión de Alberto Fernández al 30 de junio de 2026. El total de los depósitos (juega allí el ingreso por blanqueo de capitales) en 4,83 veces Y el total de préstamos en 9 veces, contra una medición de la inflación por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC de 236%.

La causa principal de la diferencia entre el total de los depósitos y el total de crédito al sector privado, es el financiamiento al sector público[1], y en segundo término el encaje o efectivo mínimo.

Tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, para permitir el ingreso de capitales y la segura renta del “carry trade”, frenaron la evolución del tipo de cambio oficial, que comparando igual fecha (último día hábil del gobierno de Alberto Fernández y el 30 de junio de 2026) el incremento fue de 3,75 veces, y los distintos dólares alternativos o paralelos en menos de 1,7 veces, que implicó la licuación de los ahorros en esa moneda, por una parte, y por otro lado, refleja la inflación en dólares de todos los precios, cuando, por ejemplo, en 6 (seis) meses del año 2026, el precio oficial se incrementó solo en seis pesos ($6.-). Y los precios, sobre todo los energéticos (gas, luz, combustible) en más de 100%, pese a que el IPC del INDEC en igual lapso acumuló un aumento declarado y poco creíble de 16,8%.

Clara demostración que la canasta de precios del INDEC no refleja la realidad y no puede tomarse como indicador, es el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para la Ciudad y el gran Buenos Aires pero que es similar en todo el país.

La morosidad del crédito en las familias

Las familias que tenían dólares ahorrado u otro tipo de activos debieron mayoritariamente venderlos para mantener el nivel de vida, pero el modelo orientado al mercado externo, con apertura importadora, y con el precio de la divisa frenado, generó y genera un sideral ajuste del gasto interno, provocando el cierre de empresas, el desempleo, la precarización laboral, el descenso del salario real que, con su pérdida del poder adquisitivo, obliga a las familias a endeudarse para financiar gastos corrientes y sostener su consumo básico.

Sumado a ello la desregulación de las tasas de interés planteada en el DNU70/23 aún vigente, genera la confiscación del ingreso y del patrimonio de las familias.

Las elevadas tasas de interés encarecen el financiamiento tomado por las familias, reducen la porción del ingreso disponible para afrontar los gastos cotidianos, y alimentan un proceso de endeudamiento creciente.

Por ejemplo, la tasa de la tarjeta de crédito en julio 2026 ronda el 85% nominal anual, más el IVA, IIBB y otros gastos hace que el costo financiero total supere el 100%, que significa una tasa efectiva mensual del 6,4%, cuando los salarios en el mejor de los casos (y siempre que se conserve el empleo) los ajustan por el falso indicador del IPC del INDEC que es a una tasa menor (por ejemplo, en junio del 1,9%[2]).

Tanto el mentiroso indicador de inflación del IPC del INDEC como el freno de la evolución del precio del dólar, son funcionales a un Estado que recauda cada vez menos y con esos pesos debe comprar las divisas para pagar los intereses de la deuda por un lado, y ajusta el gasto de las remuneraciones y sobre todo del sistema previsional, en este último caso los haberes de las jubilaciones y pensiones se ajustan por el IPC con dos meses de atraso, que los liberales llaman efecto licuadora porque merma la capacidad real de compra de los mismos.

El interés del crédito crece a una tasa efectiva que supera el 100% anual, y los salarios (en el mejor de los casos) un 33,5% como dice el IPC del INDEC anualizado a junio 2026.

En mayo 2026 (último dato disponible) la morosidad de las empresas se ubicó en 3,6%, pero la de los hogares alcanzó el 12,7% del crédito ($ 6,9 billones), afectando a unas 5,3 millones de personas. La ratio para los préstamos personales creció casi cinco veces respecto de noviembre de 2023, cuando era del 2,7%

Según la Cámara Argentina de Fintech[3] la morosidad en este segmento superó en mayo 2026 el 30%. Actualmente, más de 8 millones de personas acceden al crédito a través de las “fintech”. De ese total, 2,3 millones tienen en estas plataformas su única fuente de financiamiento, una situación que puede asociarse a los sectores precarizados con menores ingresos.

La Consultora Analytica hace un relevamiento en base de información del BCRA, e incluye créditos otorgados por el sistema financiero local, fintech, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. En total, el universo analizado comprende 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente. Los bancos concentran el 82,7% del stock total de préstamos, mientras que las fintech representan el 10,5% y el resto de las entidades explica el 6,8%.

Según la consultora la deuda total de las familias asciende a $74,9 billones, equivalente al 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero la irregularidad de la cartera pasó del 15,4% en abril al 15,9% en mayo, un incremento de 0,5 puntos porcentuales. En paralelo, el porcentaje de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable en 26,8%.

Siempre a mayo de 2026, en cantidad de personas, 14,2 millones mantienen deudas con bancos, cifra que cayó levemente respecto del mes anterior. En cambio, aumentó el número de personas que se financian exclusivamente fuera del sistema bancario, principalmente a través de fintech y otros proveedores de crédito.

Las Fintech que van desde la banca móvil y los seguros hasta las criptomonedas y las aplicaciones de inversión como Robin hood, registran mayores niveles de incumplimiento. Según datos de la Cámara Argentina de Fintech, a mayo de este año el ecosistema fintech local está integrado por 302 empresas, que están agrupadas en nueve verticales de negocios: pagos digitales (82), créditos (66), proveedor tecnológico (36), servicios fintech B2B o “empresa a empresa” (34), blockchain & cripto-activos (28), inversiones (21), insurtech (seguros) (15), financiamiento colectivo (14) y seguridad informática (6). MercadoPago, la billetera digital y plataforma de servicios financieros de MercadoLibre. Ualá, Technysis, Tarjeta Naranja, Nubi y Ripio, etc.

Si se analiza el volumen de deuda, la irregularidad alcanza el 12,6% en bancos, 21,6% en fintech y 46,9% en el resto de las entidades financieras.

La irregularidad del total de los créditos personales por el medio financiero que sea, al mes de mayo 2026 alcanza a 8,1 millones de personas, quienes mantienen al menos una deuda impaga.

A su vez, el plazo de mora es cada vez mayor, sobrepasando los 30 días, y cambian de situación, pasan de cartera en mora a cartera en litigio.

Morosidad en el caso de las empresas

En el caso del crédito a las empresas demuestra la dualidad de la economía argentina.

Mientras las grandes empresas funcionales al mercado externo colocaron desde enero 2024 a junio 2026, Obligaciones Negociables en los mercados internacionales por 24.700 millones de dólares, y comercializados en el mercado local por 15.855 millones en esa divisa, impulsado por empresas de energía, telecomunicaciones y finanzas, recurriendo al sistema bancario local solo para financiar su capital de trabajo, las empresas que venden principalmente al mercado interno, esencialmente la construcción, industria y comercio en la mayoría de los casos, se encuentran con stock de materiales y mercaderías sin poder utilizar y/o vender por la severa reducción del mercado interno.

La actual administración a su vez, le permite a las empresas extranjeras girar utilidades a sus casas matrices a partir de este año 2026. El sector petrolero concentra la mayor parte de esos giros, impulsado por las ganancias extraordinarias de Vaca Muerta, seguido por las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos, que a junio de 2026 superan los 2.500 millones de dólares

Mientras que las multinacionales exportadoras obtienen ganancias extraordinarias, las automotrices dejan de producir en el país y se convierten en importadoras, caso Nissan y Citroën, y otras importan desde Brasil, y se limitan a producir camionetas pick-up de alta demanda, que siguen activas en terminales como Toyota, Volkswagen y Ford.

Pero el cierre y/o concurso de acreedores, y despido de trabajadores de Granja Tres Arroyos, Astillero Río Santiago, Fate, Tenaris Siat (Techint), Sustramax, Socolor SA, Mauro Sergio, Bodegas Bianchi, Hilandería Alal SA, Marengo, Bioceres, Roque Vasalli, Metalfor, Hosé Cascasiy Cía, Bahco, etc, y otras que se reconvierten en importadoras netas como Electrolux y Whirlpool, demuestran tajantemente el derrumbe del consumo nacional.

Las entidades financieras para las empresas ligadas al mercado interno se limitan a mantener la línea de crédito de 180 días con tasas renovables cada 30 días, sin aumentar el capital otorgado, y en caso de mayores requerimientos, le permiten con severos límites, girar en descubierto, pero a tasa cercanas al 100% efectiva anual, que es confiscatoria del capital de quienes no pueden vender, o lo hacen a cuenta gota.

En síntesis

Las entidades financieras han sido una de las grandes beneficiadas por el modelo impuesto, artífices del “carry trade” han ganado fortuna con las maniobras especulativas y con un dólar frenado.

Pero la situación entra a complicarse por la mora que, incluso, deben contabilizar como cartera normal, porque de otro modo deben hacer las previsiones correspondientes y además, es un signo de debilidad de la entidad y con ello, la posibilidad de perder depósitos.

Así fue la crisis de 1980 en que los bancos con mayor volumen de depósitos fueron los que quedaron con créditos incobrables.  En esos años el BCRA garantizaba el pago de las imposiciones, ahora es el Tesoro de la Nación el mayor tomador de créditos.