La propuesta original era que, aprovechando las ventajas naturales del país, iban a venir capitales del exterior. Que con su inversión se incrementaría el producto bruto interno y las exportaciones. Sin tener en cuenta que esos recursos naturales le pertenecen al pueblo argentino, y el gobierno y los que están detrás de este gobierno, apostaban a un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador en desmedro del trabajo y la producción nacional orientado al mercado interno. Es más, la frase de Milei era “En la Argentina está prohibido prohibir exportar”.

Los grupos locales encabezados por Paolo Rocca de Techint, Eduardo Eurnekian de Compañía General de Combustible, y Héctor Magnetto de Clarín, propiciaron la figura de Javier Milei, convencidos de que lo iban a poder manejar a su antojo. Lo que no contemplaron es que la Argentina con tantos recursos naturales, fue apetecida por el capital extranjero que tuvo y tiene sus operadores como Eduardo Elsztain[1] de la Jabad-Lubavitch, los hermanos Bulgheroni de Pan American Energy, y Miguel Galuccio del pool petrolero Vista Energy, entre otros. Todos ellos socios menores del capital financiero de Manhattan[2], por ende, la captación de Milei no fue obstáculo, y les permitió imponer a todo el equipo de economía, e incluso, después de las elecciones del 26 de octubre 2025, a Pablo Quirno como canciller.

Los grupos extranjeros y locales en su apetencia de ganar una renta financiera extraordinaria con el “carry trade”, tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, y pasar a frenar el precio del tipo de cambio para que sea siempre menor a la tasa de interés en pesos, hace que, con un dólar oficial en torno a los $ 1.400 en abril de 2026, la Argentina sea muy cara para la inversión física (minera, hidrocarburífera, agropecuaria, etc.), tal como se lo dijeron los empresarios al ministro Caputo y equipo en la llamada “semana argentina en New York” y como le dicen todas las veces que van a la sede del FMI en Washington.

Sin el ingreso de capitales genuinos de una magnitud importante y constante, no se puede garantizar el precio del dólar. No basta el supuesto (por auto préstamos) o real endeudamiento de las empresas, y de las provincias, como sucedió sobre todo después de las elecciones del 26 de octubre 2025, porque la deuda pública es de 528.830 millones de dólares al 31 de marzo de 2026 y no se puede pagar la mitad de los intereses que devenga.

En el marco descripto, los gobiernos de los EEUU y de Israel, que iban a jugar como prestamistas de última instancia, dada su contienda contra la República Islámica de Irán y sus aliados, le comunicaron que no pueden contar con ellos, y si bien con el apoyo de organismos internacionales de créditos y el capital financiero de Manhattan pueden sortear este año 2026, no poseen recursos (más los que se agotan este año) para financiar los vencimientos por más de 21.500 millones de dólares de capital e interés de la deuda del año 2027.

Si la deuda en divisas no se puede pagar, la deuda en pesos que financian los grandes bancos locales, los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), las compañías de seguros, etc., no van a renovar los vencimientos. Esencialmente los que capitalizan intereses (Lecap y Nocap), poniendo en descubierto que los supuestos superávits financieros de la administración nacional son porque se paga un tercio o menos de los intereses de la deuda pública y no el total.

Sin margen de maniobras

La política económica ejecutada por este gobierno es esencialmente fiscal y monetaria, con el fin confeso de reducir el gasto público para delegar funciones propias del Estado a favor de lo que denominan mercado, y obtener recursos con la privatización y/o concesión de activo estatales. Y en lo monetario: limitar el crédito y la liquidez para mantener la ficción de un tipo de cambio determinado que debe ser menor a los precios fijados por los grandes formadores de cada mercado.

Obviamente no hay política cambiaria (se subordina a la política monetaria), ni comercial (la deciden los grandes importadores y exportadores, que administran los puertos, aeropuertos y rutas, incluso limitado al acuerdo firmado el 13 de noviembre 2025 con los EEUU de “Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”); ni agropecuaria (la deciden los grandes productores y acopiadores de granos y de carnes), ni tampoco industrial, donde el gobierno procura el “industricidio”, el desmantelamiento productivo para apuntalar un modelo extractivista, agropecuario exportador. Por supuesto,bviamente, no tienen política de ingresos, donde no solamente decide “el mercado” sino que tratan de plasmarla en un engendro jurídico escrito por abogados de los estudios contratados por los más grandes empleadores, que busca perpetuar un modelo como en Perú o en Chile, donde los trabajadores son ciudadanos de segunda.

Una política fiscal que le ha condonado y/o reducido los impuestos a los ricos, el caso más flagrante es la no renovación del Impuesto PAIS desde el 19 de diciembre 2024, que supo tener una tasa del 25% y que gravaba la compra de divisas en billetes, cuando en el año 2025 residentes[3] argentinos compraron 38.806 millones de dólares, y en el primer trimestre 2026, 8.168 millones de dólares, que hubiera significado un ingreso al fisco en pesos, pero equivalente a 11.743,5 millones de dólares. Suma que supera el pago efectivo de intereses de la deuda externa del año 2025 por 7.945 millones de dólares, y en el primer trimestre 2026 por 2.665 millones de dólares[4].

La recaudación tributaria basada principalmente en gravámenes al consumo, desciende mes a mes.  Gracias a los ingresos por la concesión a 30 años de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que financiaron su construcción y puesta en marcha generaciones de argentinos, y una fuerte contención de las devoluciones de impuestos a exportadores (en el caso del IVA, no hubo reintegros en el mes de febrero 2026) lograron la suma de un ingreso total para el Sector Público Nacional en el primer trimestre 2026 de 38,1 billones de pesos, un 25,9% mayor que en el primer trimestre 2025 (con un IPC del 32,6%para igual período).

Y lo mismo, la administración nacional se financia con la venta de la participación del Estado argentino en Transener, que es el principal operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país. En ambos casos un sector de la burguesía local se posiciona en el sector.

Las centrales hidroeléctricas Alicurá y Cerros Colorados fueron concesionadas al grupo Edison Energía, el holding que los hermanos Juan y Patricio Neuss armaron para acoplarse a la nueva era junto con directivos de Newsam y accionistas de la firma Inverlat (Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli).

La central Piedra del Águila, es la única que mantiene a sus actuales concesionarios, la UTE que integran Carlos Miguens, la familia Escasany, Guillermo Reca y los hermanos Ruete Aguirre. Y la represa El Chocón-Arroyito que administraba la italiana ENEL fue concesionada por “BML Inversora”, del productor agropecuario Manuel Santos Uribelarrea.

Pero el grupo Edison Energía, asociado a Genneia S.A. (del grupo Brito-Banco Macro) presentó la oferta ganadora por 356.174.812 dólares, y se convertirá -sujeto a confirmación oficial- en el nuevo co-controlante en reemplazo del Estado Nacional, junto a la Pampa Energía (dirigida por Marcelo Mindlin) de Transener SA.

Mientras colapsan las rutas nacionales y transfieren en cuenta gotas a vialidad provincial fondos que nacen del impuesto a los combustibles, mediante el Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial en abril de 2026, el Gobierno Nacional inicia un plan de concesión de rutas nacionales, delegando en nueve provincias la gestión y cobro de peajes Este proceso incluye licitaciones de más de 9.000 km de corredores viales, con contratos que pueden durar hasta 30 años.

Política monetaria

La política monetaria condicionada por el FMI, y presentado como el Programa Monetario del año 2026, deciden que, desde el 1 de enero de 2026, se ajusta el piso y el techo de la banda de flotación cambiaria de acuerdo al IPC del INDEC con dos meses de anticipación (parangonando a la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz), que por el exacerbado carry trade el precio del dólar de hecho, está más cerca del piso que del techo

A su vez en el programa monetario anunciado disponen de metas de crecimiento de la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA), del crédito y de la oferta monetaria total en pesos. También acordaron que el BCRA va a comprar en el año 2026, 10.000 millones de dólares, pero no plantean que las reservas son negativas  si se descuenta de la misma la ampliación del crédito dado en el 2025 por el FMI (14.000 millones de dólares), por el BID y el Banco Mundial (7.000 millones de dólares) los tres Repos (por 6.000 millones de dólares) etc. 

Tampoco hacen ninguna referencia al alto endeudamiento de las familias y de la mayoría de las pymes, financiadas a tasas confiscatorias del patrimonio de los primeros, y del capital de las pymes. Conformando un sistema con alto nivel de deuda y con cada vez mayor mora en su cancelación o pago.

En síntesis

La consistencia que busca el gobierno es un severo ajuste del gasto público, en lo que sea, en asistencia a los discapacitados, en el desfinanciamiento al PAMI, en la obra pública, en salud, en educación, en las remuneraciones a los empleados estatales, acompañada por una mayor reducción de los impuestos a los sectores de mayores ingresos y beneficios como la ley de Inocencia Fiscal y el nuevo Régimen de Liquidación del impuesto a las Ganancias[5].

Paralelamente atan la política monetaria y cambiaria al IPC que discrecionalmente publica el INDEC, con el objetivo de frenar el nivel de actividad si es necesario, para garantizar el carry trade.

Es más, buscan desesperadamente la financiación en divisas para cumplir con las obligaciones de la deuda externa, pero paralelamente flexibilizan las compras de divisas por las empresas:

1. Las empresas extranjeras pueden girar en concepto de pago de dividendos, las utilidades generadas a partir del ejercicio fiscal cerrado en diciembre de 2025.  Y en marzo 2026, según informa el BCRA, se giraron por ese concepto 869 millones de dólares (principalmente las tres multinacionales que operan en Vaca Muerta: Chevron, Total, y Shell) y esa suma será mayor en abril que es cuando presentan sus balances la mayoría de las empresas y liquidan el pago del impuesto a las ganancias.
2. Mediante la Comunicación “A” 8390 del 22/01/2026, establece que las empresas podrán acceder al mercado oficial de cambios para disponer de dólares con el fin de cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva Obligación Negociable. También incluye el pago adelantado de cuotas de capital.

El modelo propuesto se agotó antes, y exigen puertas de salida del carry trade. El último que se vaya que apague la luz.