Observamos y vivimos un plan sistemático de saqueo de nuestro patrimonio, el cierre de fuentes de trabajo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, el empobrecimiento de la población, y la imposición de la valorización financiera del capital con cada vez mayor endeudamiento público y fuga de capitales.

El plan lo hemos vivido desde 1975 tras el “rodrigazo”, primero una brutal devaluación de nuestra moneda y luego la “tablita” cambiaria para garantizar la renta en pesos de los títulos públicos y privados del país, para posteriormente, cuando han usufructuado del mecanismo hasta el límite, volver a devaluar y así sistemáticamente cada siete años (1975, 1982, 1989, 1995, 2001). El que lo frenó fue la administración kirchnerista porque el eje fue el mercado interno, la producción y el trabajo. Pero retoma en la gestión de Cambiemos y, cuando el proceso estallaba en junio de 2018, lo salvó la administración de Donald Trump haciendo que el FMI le preste 45.000 millones de dólares. Y volvía a derrapar en este año 2025, cuando el FMI amplió el préstamo de facilidades extendidas en 20.000 millones de dólares (de los que ya ingresaron 14.000 millones) y el swap de moneda firmado por 20.000 millones, de los cuales se instrumentó en octubre y los primeros días de noviembre 2025, unos 2.700 millones de dólares[1], del que el gobierno nacional no dio ninguna precisión.

Pero sí lo hizo el secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessent, quien afirmó a la prensa de su país: “Usamos el Fondo de Estabilización Cambiaria para estabilizar a un gran aliado en América Latina. El Gobierno de los EEUU va a ganar plata. Tenemos una oportunidad para crear aliados en América Latina. Estabilizando la economía, y teniendo una ganancia, es un buen negocio para los norteamericanos".

Es más, Alejandro Díaz, CEO de AmCham (Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina), explicó cuáles son las condiciones que consideran claves para que lleguen nuevos capitales a la Argentina, y no dudó en calificar la gestión actual como de “transición” hacia una normalización del clima de negocio. Las condiciones son los proyectos de ley que remite el gobierno (y no es casualidad) al Congreso de la Nación (reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, inocencia fiscal, un nuevo Código Penal, y una nueva ley de Glaciares).

Con respecto a la ley de glaciares, Díaz sostuvo que representa una barrera para la minería, que genera incertidumbre y detiene proyectos de exploración. “Hay empresas que decidieron entrar el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) a pesar de no tener la ley de glaciares, las otras están esperando la reforma”.

La traducción exacta es, vamos a romper los hielos de la cordillera de los Andes, incluido Pascua Lama, mina de oro, plata, y cobre que se encuentra en la fase de cierre total y definitivo debido a graves incumplimientos ambientales, confirmado por tribunales chilenos. La empresa Barrick Mining (sucesora de Barrick Gold) está conminada a cerrar la mina, proceso que durará aproximadamente 10-diez- años e incluye la remoción de infraestructura y la restitución del agua. A pesar del cierre en Chile, la compañía continúa analizando el potencial de la zona con minas como “El Alto del Carmen” y mantiene los derechos mineros, explorando la viabilidad de un futuro proyecto[2].

Existen numerosos estudios mineros en áreas que afectan o podrían afectar a los glaciares y las zonas periglaciares. Emprendimientos en zonas de ambiente periglacial son la mina Veladero y los proyectos Josemaría y Pachón en la provincia de San Juan, y Mara (en la provincia de Catamarca), que se encuentran en exploración avanzada.

La presión de la Am Cham se suma a la del sector minero para modificar la ley de glaciares y permitir actividades de explotación en zonas que actualmente están protegidas, dado que los glaciares son vitales para el suministro de agua dulce, pero la expansión de la minería representa una amenaza significativa para su supervivencia y la de los ecosistemas que dependen de ellos.

Demian Reidel que fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan por muchos años, actualmente (desde abril 2025) es el presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), la empresa del Estado que opera las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I y II, en Lima (Zárate-Buenos Aires), y Embalse, en Córdoba. En el Boletín Oficial del viernes 7 de noviembre de 2025 se publicó la Resolución 1751/2025: “Iníciese el proceso de privatización parcial de NA-SA en los términos del artículo 8° de la ley 27.742” (Ley Bases), y se privatiza el 44 por ciento.

El Ingeniero Nicolás Malinovsky, funcionario de NA-SA, cuenta que esta privatización parcial “responde a una injerencia de Estados Unidos que, a través del FMI, manda privatizar empresas estatales. Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar sino también construir centrales nucleares. Estados Unidos ha tenido una política con Latinoamérica vinculada al desmantelamiento de los sectores estratégicos”. Estados Unidos ha contribuido a paralizar el desarrollo del Carem[3] y consiguió que Argentina se asociara al programa First, que precisamente apunta al desarrollo estadounidense de reactores. En concreto, Argentina dejó de fabricar tecnología propia para importar la de EE.UU.

Bien, Demian Reidel, el 21 de marzo de 2025 en una conferencia en el Latam Forum[4], ante un grupo de CEOs de mineras, petroleras, inversionistas multimillonarios y funcionarios gubernamentales, dijo: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de inteligencia artificial; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que ésta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez"

El plan de negocios

Se propicia un modelo extractivista financiero en desmedro de la industria, la producción agropecuaria, el comercio, la construcción y el turismo nacional, donde los incentivos del RIGI juegan un lugar central. Bajo ese régimen se aprobaron el denominado proyecto “Vaca Muerta Oleoducto Sur” (VMOS), conformado por YPF SA, Vista Energy Argentina S.A.U, Pampa Energía S.A., Pan American Sur S.A, Chevron Argentina S.R.L., Pluspetrol S.A., y Shell Argentina S.A, por 2.900 millones de dólares para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir de julio de 2027, con financiamiento del capital financiero con base en Manhattan.

Otros proyectos aprobados por el RIGI son: El parque solar "El Quemado" de YPF Luz; el parque eólico de Olavarría; y la planta de carbonato de litio de Rio Tinto , que es la expansión del proyecto Rincón de Litio, en Salta, de una inversión de 2.724 millones de dólares, que va a producir por año hasta 60.000 toneladas de litio.

También, fueron aprobadas por el RIGI:

• La Minera Galán Lithium para desarrollar el proyecto Hombre Muerto Oeste, Catamarca.
• Minas Argentinas SA (AISA Group) en Mina Gualcamayo, San Juan, una inversión de 1.000 millones de dólares para explotación de oro.
• La minera McEwen Copper, proyecto Los Azules, San Juan. Inversión de 2.672 millones de dólares.
• Minera Andina (Barrick y Shandong Gold), para la ampliación de capacidad de producción de oro en el Proyecto Veladero, San Juan.
• Glencore: Proyecto Pachón, San Juan. Minería de cobre, molibdeno y plata. Inversión: 9.500 millones de dólares
• Glencore: Proyecto Minera Agua Rica, Catamarca. Inversión:3.800 millones de dólares.
• Tecpetrol: Planta de Tratamiento Los Toldos. Inversión:1.006 millones de dólares.
• Pampa Energía: Planta de tratamiento de petróleo y gas, Neuquén. etc.

Se trata de grandes inversiones. La infraestructura es cara y requiere mucho financiamiento. Normalmente son proyectos a muy largo plazo: 15, 20 años, y el financiamiento en la gran mayoría de los casos lo hace el capital financiero de Manhattan directamente (BlackRock, Vanguard, Fidelity, Gramercy, etc.) o a través de los grandes bancos (JP Morgan, Goldman Sach, Bank Of America, Citigroup, Wells Fargo, etc.).

El ducto que construyen Techint y Sacde (Pampa Energía) de más de 400 kilómetros y une Allen y Punta Colorada, en Rio Negro, de un costo inicial de 2.000 millones de dólares, fue y es financiado en su mayor parte por el JP Morgan.

No bien terminada las elecciones de medio término celebradas el 26 de octubre 2025, Tecpetrol, la energética del grupo Techint, consiguió un préstamo de 750 millones de dólares para su proyecto Los Toldos II Este en Vaca Muerta, a cinco años, con una tasa del 7,625 %. E YPF SA obtuvo una prefinanciación de 700 millones de dólares con el banco panameño Bladex, que actuó como organizador de un crédito sindicado para exportaciones.

El grupo Techint, que se beneficia de la explotación de nuestro subsuelo, ahora toma en cuenta y lo dice su CEO, Paolo Rocca, que los motores que han elegido los libertarios para atraer inversión extranjera a la Argentina y desarrollar al país no serían suficientes. Y mañana lo van a decir los productores agropecuarios cuando se conozca (y si no se conoce lo van a sufrir igual) la letra chica del Acuerdo Comercial con los EEUU, que firmó Milei el 13 de noviembre de 2025.

Son muy limitados intelectualmente, los dejan ganar plata y fugar, y que gran parte de esa fuga la colocan en el capital financiero de Manhattan, pero pierden su capacidad productiva en el presente, y en el futuro inmediato van a perder su participación en el usufructo de las riquezas naturales y el patrimonio nacional (que pertenece al pueblo argentino).

El ajuste fiscal, económico y social hace que los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios ligados al mercado interno, pierden participación en el ingreso. Participación que se apropian las grandes corporaciones locales y extranjeras, que operan en el país. La transferencia de ingresos es de los asalariados y los productores y comerciantes ligados a los bienes y servicios que consumen loa trabajadores, a favor, mayoritariamente, del capital financiero de Manhattan.  Que con esos dólares después de la devaluación (que se hará tarde o temprano) van a comprar por la mitad, lo que vale el doble.

El instrumento es el mismo, solo que ahora el capital financiero es mucho más poderoso y tiene los principales cargos en el manejo económico y en las relaciones exteriores del gobierno que ellos propiciaron.

Pese a que el superávit comercial es importante (de enero 2024 a septiembre 2025 de 23.970 millones de dólares), más importantes es el acrecentamiento de la deuda bruta que pasó de 370.674 millones a 454.031 millones de dólares en igual lapso.  Con el agravante que el vencimiento de la deuda es impagable para un Tesoro que dilapidó el ingreso de las exportaciones, y para un BCRA que tiene reservas internacionales negativas.

En efecto, al 31 de enero de 2026 vencen 8.100 millones de dólares, de los cuales 3.800 millones es con los bonistas, 1.200 millones es en BOPREAL, y 3.100 millones de dólares con los organismos internacionales de créditos (incluido el FMI).

Pero en todo el año 2026 vencen capital e interés por 19.400 millones de dólares y en el 2027 por14.800 millones de dólares.

Obviamente, una parte lograrán renovarla (máxime con el apoyo implícito y hasta explícito de los EEUU y de la banca y fondos de gestión de activos de ese país), pero ya los Rocca, los Eurnekian, los Pérez Companc, los Pagani, los Magnettos, deberían saber que no es gratis para la Argentina, ni tampoco para ellos.

En síntesis

El gobierno supeditado al capital financiero y al gobierno de los EEUU, emplea los 9.340.000 votos que recibió, para continuar y profundizar la política del saqueo, ante el silencio atronador de la mayoría de la dirigencia política, social y sindical.

Desde el Foro de Economía y Trabajo propiciamos alcanzar un equilibrio productivo, en el cual el gasto público se oriente a un plan de inversión en el marco de un proyecto de crecimiento sustentado en la industrialización, la transformación de las capacidades productivas nacionales: infraestructura, ciencia, salud y educación, y la articulación virtuosa de las economías regionales.

El camino propuesto —basado en el trabajo, la redistribución del ingreso, la recuperación de la demanda efectiva, la producción y la decisión soberana— busca reconstruir una economía donde los excedentes se reinviertan en producción, bienestar y autonomía nacional.

No podemos seguir así. Por ello reiteramos la necesidad de un plan movilizador que articule los objetivos del trabajo y la producción, para recuperar el hoy y decidir sobre el futuro que ya llegó.